Después de la polémica surgida a raíz de la publicación de las listas de EH Bildu para Navarra y el País Vasco, en las que se incluyeron a 44 miembros del grupo terrorista ETA, Vox ha decidido sacar del cajón la propuesta que ya había presentado en dos oportunidades ante el Congreso de los Diputados, para buscar a ilegalización de este partido y de los separatistas Esquerra Republicana.
El partido dirigido por Santiago Abascal ha decidido recordar que ya en 2020 y en febrero de este mismo año llevó al Congreso de los Diputados sendas iniciativas con las cuales buscaba sacar del juego político español a los partidos vinculados con el grupo terrorista y a los separatistas catalanes, que le han servido al Gobierno de Pedro Sánchez, como parte de la coalición, para mantenerse en el poder y sacar adelante polémicas iniciativas legislativas.
Vox ha reaccionado a todo el revuelo ocurrido por la denuncia del Comité de Víctimas del Terrorismo, que sacaron a la luz las listas de Bildu en las cuales aparecen 44 miembros de ETA, de los cuales al menos siete ya fueron condenados por homicidio. Vox presentó una iniciativa en febrero de este mismo año en el que proponía que se hiciera un referendo en todo el país para ilegalizar no solo a Bildu, sino a Esquerra, Junt y la CUP.
En la propuesta que presentó el partido de Santiago Abascal ante el Congreso, a principio de año, se basaron en los acuerdos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había llegado con todos estos partidos, alegando que los enemigos de España actuaban con la complacencia del Gobierno, «a sabiendas de que pueden hallar en él un aliado».
En esta nueva propuesta Vox propone aplicar el artículo 9 de la Ley de Partidos, tal como lo sugirió antes Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, quien también sugirió que partidos como Bildu existen porque no se aplican las leyes, haciendo además referencia al mismo artículo de la Ley de Partidos políticos.
Vox recordó que en el año 2002 el Congreso de los Diputados votó la ilegalización de lo que se conocía entonces como ETA-Batasuna, amparados en el artículo 11 de la misma Ley de Partidos Políticos y que ello dio paso a que el Gobierno ejerciera los trámites necesarios para que el Tribunal Supremo diera curso a la decisión que soportara la votación del Congreso.
En ese momento los argumentos que habían utilizado para logran que se ilegalizara a la organización fue «el mantenimiento en sus órganos de dirección o en su militancia a personas condenadas por delitos de terrorismo o que formaban parte de asociaciones vinculadas a la banda terrorista ETA», señaló el partido de Santiago Abascal en un comunicado de prensa que enviaron a los medios de comunicación.
«Las declaraciones que realizó el, por aquel entonces, dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, en las que calificó como ‘suceso’ un atentado criminal y predijo la posibilidad de nuevos atentados justificados en la prolongación del ‘conflicto político que vive Euskal Herria», dice el comunicado.
El partido verde señala que estos motivos coinciden con los hechos conocidos recientemente en los que se ha desvelado que Bildu lleva en sus listas electorales para el próximo 28 de mayo a 44 miembros condenados de la banda terrorista ETA, 37 por pertenencia y colaboración con banda armada y 7 por delitos de sangre. Además, Bildu no ha condenado el terrorismo de ETA y el dirigente de la entonces Batasuna, que responsabilizaba al Gobierno de los asesinatos de ETA, Arnaldo Otegi, hoy es el coordinador general del partido.
Todo lo anterior concuerda con varios de los artículos de la Ley de Partidos, como el artículo 2 que hace referencia a que los promotores de un partido no pueden haber sido condenados por terrorismo; el artículo 5.6 que se refiere a la inscripción en el registro de un partido que pretenda suceder la actividad de otro declarado ilegal (como es el caso de Batasuna y Bildu), y en especial al artículo 9, que dice textualmente que «un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades”.
Vox recuerda que fue justamente con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder, en 2004, que se le puso fin a la unidad contra el terrorismo y que fue justamente en este Gobierno que se comenzó a negociar con ETA, hecho que fue reconocido recientemente por el propio Zapatero en una entrevista, en la que dijo había prometido al grupo terrorista participación en el Gobierno siempre y cuando abandonaran la violencia.
Es por ello que el partido de Santiago Abascal vuelve a poner sobre la mesa una propuesta formar para frenar a Bildu y que las autoridades consideren de nuevo la ilegalización del partido que lleva en sus listas a 44 miembros de ETA para formar parte de los gobiernos de País Vasco y Navarra.
