Las autoridades de la Policía Nacional señalaron que hay por lo menos 262 personas investigadas por su presunta vinculación con la mafia que se dedicaba a vender las citas para que los migrantes pudiesen tener acceso al sistema de solicitud de protección internacional (asilo) en el país; para ello utilizaban un bot (robot informático) que se encargaba de captar las citas que posteriormente eran vendidas a los migrantes entre 30 y 200 euros.
El abogado César Moreno explicó a Moncloa.com que con esta situación podría suceder lo mismo que ocurrió con un grupo de migrantes venezolanos que fueron judicializados por el trámite de canje del carnet de conducir, lo que les generó antecedentes penales y ocasionó que muchos de ellos perdieran la posibilidad de residir legalmente en España.
Según la Policía Nacional había informado en días pasados que habían detenido a por lo menos 69 personas, entre ellos estarían los dueños de una compañía que fue identificada como Tib Tom Soluciones, constituida legalmente en España, que supuestamente fue la encargada de desarrollar el sistema informático con el cual se acaparaban las citas para ser revendidas a los migrantes.
La investigación estuvo coordinada por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), tiene su origen en la investigación iniciada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, judicializada en el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, tras un informe técnico de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial.
El detalle está en que la policía está incluyendo en el proceso de investigación no solo a quienes se dedicaban a acaparar las citas y a los revendedores, sino que también están citando en calidad de investigados e imputados a migrantes que tuvieron que pagar para conseguir el cupo y poder iniciar el proceso de regularización en España.
«Pareciera que pudiéramos estar ante una nueva violación del derecho a la presunción de inocencia por parte de la Policía Nacional, tal y como ocurrió con el caso de las supuestas falsificaciones de carnet de conducir venezolanos, en los cuales los juzgados terminaron estableciendo que no se podía condenar a los detenidos por no tener pruebas de la acción de falsificar», señaló el abogado que lleva la defensa de algunos de los migrantes que han sido citados por pagar por sus citas.
Todo parece indicar que las investigaciones de la policía consisten en la verificación de las cuentas bancarias de la compañía que se encargaba de vender las citas y de los revendedores, pero también están citando a aquellas personas que hicieron más de una transferencia por concepto de pago de cita, para imputarlos por el delito de pertenencia a organización criminal, solo por haber hecho los pagos desde sus cuentas bancarias.
«Todo este tema tiene una connotación muy importante para los extranjeros detenidos (casi todo lo son) y es que, mientras dura la investigación, al haberlos citado en calidad de detenidos les han generado antecedentes policiales y por tanto les deniegan las renovaciones de residencias que tenga hacer o las solicitudes de nacionalidades», expresó el abogado Moreno.
Por otra parte, el letrado indicó que las autoridades españolas pretender culpabilizar a los investigados de los retrasos del propio sistema de la Administración del Estado en el caso de las citas digitales, cuando la realidad es que el recurso humano del que disponen en la Policía Nacional, que es el primer eslabón del proceso, es insuficiente y que por ello la cantidad de citas que se habilitaban eran insuficientes para la demanda que ha habido durante los últimos dos años, posteriores a la pandemia ocasionada por la Covid-19 que fue el inicio de la digitalización del sistema de citas.
«En resumen, quiero dejar en la palestra un problema silenciosos que nadie comenta ni valora y que está detrás de este tipo de actuaciones policiales y es la verdadera tragedia que le toca vivir al inmigrante que debe esperar un sobreseimiento de un juzgado para poder tener nuevamente acceso a la solicitud de su documentación, y todo esto por una actuación desmedida e injustificada de la Policía nacional que les detiene y les genera antecedentes policiales en vez de investigarles o tomarles declaración sin más», expresó el abogado.
En principio el propio Ministerio del Interior llegó a negar a Moncloa.com la existencia de estas mafias que se dedicaban a captar y revender las citas para la solicitud de asilo en España, pero con el paso de los meses la situación se fue haciendo más grave, al punto de que durante los últimos meses era casi imposible hallar un cupo. Tras la investigación, más allá del desmantelamiento del grupo delictivo que era el encargado del desarrollo del bot, el proceso está implicando a migrantes cuya única responsabilidad ha sido querer acceder al sistema de citas y se vieron obligados a pagar para poder conseguir el cupo.
