El chavismo se queda con las ganas de extraditar a quien reveló cómo PDVSA burla las sanciones internacionales

Las autoridades de la Audiencia Nacional de la sección tercera de la Sala Penal han decido no extraditar a Venezuela a Diego José Mármol Rojo solicitado por el chavismo por estar presuntamente implicado en la comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos y materiales estratégicos, legitimación de capitales contrabando agravado, estafa agravada y asociación para delinquir, pues de acuerdo con las autoridades venezolana formaría parte de una red que se dedicaba a comprar crudo venezolano para ubicarlo en el mercado internacional.

Esta nueva trama corrupta que involucra a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela se remonta a 2021 (PDVSA), cuando una serie de empresas hicieron transacciones para adquirir crudo venezolano. El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab señaló que Mármol Rojo era parte de una red que se encargaba de comprar crudo venezolano para traficarlo en embarcaciones piratas con banderas falsas, con la intención de sacar provecho de esta actividad.

El detalle está en que entre los mencionados por las autoridades venezolanas para sustanciar la solicitud de extradición aparece un opositor que lleva año residenciado en España y que prestó su testimonio para asegurar que el papel real de Diego José Mármol Rojo era justamente ofrecer a la oposición venezolana datos de cómo el chavismo hacía estas transacciones para comercializar el crudo, utilizando embarcaciones con documentos falsos, para evadir las sanciones internacionales impuestas contra el Estado venezolano.

Se trata del contralmirante Carlos Molina Tamayo, quien además aparece mencionado por las autoridades venezolanas como el representante de una de las empresas, con sede en Londres, que habría participado en la comercialización del crudo venezolano. Sin embargo, Molina Tamayo indicó a las autoridades españolas que el requerido en extradición por las autoridades venezolanas estaba cooperando con la oposición venezolana.

Según los documentos remitidos a España por parte de la Fiscalía General de Venezuela, la investigación de los hechos por los que el chavismo solicita la extradición de Diego José Mármol Rojo estuvieron a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y justamente estos son algunos de los argumentos esgrimidos por las autoridades españolas de la Audiencia Nacional utilizaron para negar la extradición, de la misma manera que han negado extradición de otras personas en las que aparece como magistrado ponente el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, pues ambos funcionarios del chavismo aparecen entre las listas de los sancionados en el ámbito internacional.

El testimonio del militar retirado Molina Tamayo, ofrecida en la vista de extradición, advierte que la información ofrecida por Diego José Mármol Rojo donde se devela cómo el chavismo utiliza embarcaciones piratas para sacar el crudo de Venezuela hasta alta mar, para comercializarlo en aguas internacionales utilizando embarcaciones a las que le cambian el nombre, con la intención de no ser identificados y relacionados con las autoridades venezolanas y que todos estos datos han sido entregados a las autoridades de Estados Unidos para que formen parte de las investigaciones que ese país ha emprendido contra el régimen chavista.

Mármol Rojo había sido detenido en España en febrero de 2022 a propósito de una orden de captura emitida por Interpol, y fue liberado porque desde Venezuela no se concretaba el envío de la documentación necesaria para sustanciar la solicitud de extradición. Fue en agosto de 2021 cuando desde el Consejo de Ministros le dieron la luz verde a que el proceso de extradición siguiera el curso judicial, por lo que la Audiencia Nacional decidió no darle curso a la solicitud de Venezuela que emitió una orden de aprehensión contra el naviero venezolano.

El solicitado por las autoridades venezolanas argumentó ante la Audiencia Nacional que si era entregado en extradición, temía por su vida, debido a que había sido opositor al régimen de Hugo Chávez y al de Nicolás Maduro, de hecho, señalaron que habían recibido información de manera extraoficial por parte de la dictadura chavista, de que se había dado la orden de torturarlo una vez que fuera entregado a las autoridades venezolanas, con el propósito de sacarle toda la información posible relacionada con los datos que habría ofrecido a la oposición y a las autoridades de Estados Unidos, debido a que su detención sería ejecutada por la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar, conocida por ser la artífice de múltiples torturas que han sufrido presos políticos en Venezuela.