Los familiares de María Auxiliadora Delgado Tabosky y Juan Carlos Marrufo, los venezolanos con nacionalidad española e italiana, respectivamente, que están presos en Venezuela, tras haber sido sentenciados a 30 años de prisión por parte del régimen de Nicolás Maduro, denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha olvidado de ellos, a pesar de tener conocimiento de que siguen sometidos a torturas y no reciben la atención médica necesaria.
Así lo dejó saber Osman Alexis Delgado, padre de María Auxiliadora, quien en conversación con Moncloa.com explicó que la mujer fue diagnosticada con Covid-19 y que desde hace más de 90 días presenta malestar por unos nódulos en uno de sus senos, sin que las autoridades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que es donde permanece detenida, presten atención a las sugerencias del equipo médico que la diagnosticó en un centro médico privado al que fue trasladada, durante unas horas, esta semana.
Delgado Tabosky y su esposo fueron sentenciados a 30 años de prisión en diciembre del año pasado, porque el régimen de Nicolás Maduro los declaró culpables de haber participado en el atentado ocurrido el 4 de agosto de 2018, cuando estallaron dos drones cargados de explosivo frente a la tarima en la que se encontraba el dictador venezolano dirigiendo un desfile militar. Los delitos que les imputaron y por los que fueron hallados culpables son financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.
Los familiares de estas personas han solicitado a las autoridades españolas, tanto en España como en Venezuela que intercedan por ellos para lograr su liberación, pues aseguran que son completamente inocentes y que el proceso penal mediante el cual fueron juzgados y sentenciados fue completamente amañado y sin fundamento.
La pareja fue detenida en el estado Carabobo, en el centro de Venezuela en marzo de 2019, cuando las autoridades del régimen venezolano allanaron su residencia. La detención de ambos se produjo porque María Auxiliadora Delgado Tabosky es hermana de Osman Delgado Tabosky, señalado de ser el presunto autor intelectual del atentado contra Nicolás Maduro.
«Queremos recordarle al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que hace meses se comprometió a tratar de hacer algo por María Auxiliadora y su esposo y que hasta ahora no han hecho nada. Hemos intentado hablar con el nuevo embajador de España en Venezuela, pero ha sido imposible. El único que a veces está pendiente es el cónsul, que llama de vez en cuando, pero tampoco han hecho nada por ellos», expresó Delgado a Moncloa.com.
Los familiares de la pareja indicaron además que desde que fueron condenados por el Tribunal Especial Primero Contra el Terrorismo, a cargo de la jueza Hennit Carolina López Meza, la sentencia no ha sido publicada, por lo que la defensa no ha podido ejercer ningún recurso de apelación para revertir la sentencia.
Tanto los familiares de la pareja como la abogada Tamara Suju ratificaron que los detenidos siguen siendo sometidos a torturas psicológicas, como aislamientos prolongados, no los dejan verse entre ellos durante semanas, no les permiten salir al sol, son sometidos a fuertes ruidos durante la noche para que no puedan conciliar el sueño y son sometidos a tratos vejatorios constantemente.
El proceso de Delgado Tabosky y su esposo ha estado lleno de vicios legales desde el principio, pues desde el 6 de mayo de 2019 la Fiscalía venezolana había pedido que se les aplicara una medida cautelar menos gravosa que la privación de libertad, y un tribunal ordenó su liberación con la orden de que se presentaran periódicamente ante el juzgado.
Posteriormente, en octubre de ese mismo año las autoridades del régimen de Nicolás Maduro simularon que los liberarían y en medio de un operativo engañoso fueron entregados a una comisión de las extintas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) que los detuvo de nuevo y los presentaron ante otro tribunal, donde les volvieron a imputar, pero esta vez por los delitos de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado, en grado de frustración homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración.
A medida que fue avanzando el proceso penal las autoridades se quedaron sin argumentos y fueron descartando los delitos que inicialmente habían sido imputados, por no tener pruebas para sustentarlos; de hecho, la familia y los abogados llegaron a denunciar que en ninguno de los informes ni los testimonios de quienes participaron en los procedimientos de detención e investigación hallaron elementos que los vincularan a ellos directamente con los hechos ocurrido.
«Nosotros los que solicitamos es que el Gobierno de España y su ministro e Asuntos Exteriores, el señor José Manuel Albares, ejecuten acciones más eficaces para que sean liberados porque ellos son inocentes y no merecen estar siendo torturados, cuando son ciudadanos de la Unión Europea», dijo Osman Delgado.
