La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib) espera que Venezuela ratifique el tratado, que firmó en 1992, para que sea miembro pleno de la organización y gozar de los beneficios del organismo del cual forman parte 22 países. La información la dio a conocer Enrique Gil Botero, secretario general de la organización, quien explicó que uno de los principales motivos es justamente ver cuáles son las prioridades del país suramericano en materia de justicia.
Gil Botero sostuvo un encuentro con la embajadora de Venezuela en España, Coromoto Godoy, con quien conversó con la intención de establecer las gestiones legislativas en lo que concierne a la ratificación del tratado, pues para que Venezuela lo ratifique, se debe hacer a través de la Asamblea Nacional, para que de esta manera se pueda pueda tener pleno derecho en la organización.
El secretario general del organismo internacional explicó a Moncloa.com que además de Venezuela, hay otros dos países que están también en proceso de ratificación: República Dominicana y Costa Rica y que en ambos casos, ya se están haciendo las gestiones en el Congreso de cada uno de ellos para que a través de un trámite legislativo se consiga la ratificación.
«El objetivo de la Comjib es que los 22 Estados miembros ratifiquen el tratado. En el caso de Venezuela ese tratado fue firmado desde el 7 de octubre de 1992, pero no ha sido ratificado. En el encuentro que sostuvimos con la embajadora, queríamos mirar cuáles son las prioridades de Venezuela en materia de justicia y el compromiso de ella de buscar la ratificación del tratado y una vez que se logre, entrar de pleno derecho en la organización, con el compromiso de ser parte de la cooperación jurídica internacional», señaló Gil Botero en conversación con este medio.
De acuerdo con el más reciente informe de la Human Right Watch (HRW), «el gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de corta duración y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes», solo por darle un vistazo el estado de derecho del país suramericano.
El hecho de que Venezuela llegue a ratificar el pacto firmado y sea miembro activo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, le daría además acceso pleno al sistema IberRed, que es un sistema informático del que forman parte los Estados activos a través del cual intercambia información en materia de justicia sobre datos de sus fiscalías, corte suprema, ministerios de Justicia y sus ministerios de Asuntos Exteriores.
En la actualidad, Venezuela solo tiene dos miembros activos que pertenecen al Ministerio Público de ese país, por lo que el organismo espera que próximamente sean activados los miembros del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería).
La labor de este organismo, cuya sede está en Madrid, es principalmente tratar políticas públicas virtuosas en materia de justicia, tal como lo explicó Enrique Gil Botero, secretario general del organismo, quien además reiteró que el hecho de que los países sean miembros les da derecho de hacer parte de los órganos de gobierno y de votar en las plenarias sobre esas políticas públicas, pero que al final cada país es autónomo de cumplirlas o no.
La situación de Venezuela en materia de justicia y derechos humanos deja mucho que desear, de hecho, tal como lo señaló HRW en su informe, «en noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan anunció su decisión de iniciar una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela», que sigue en curso, debido a las acciones del régimen de Nicolás Maduro.
En la actualidad, España ha decidido reconocer a la embajadora de Venezuela, Coromoto Godoy, luego de más de tres años sin tener representante diplomática en el país, a consecuencia de la situación política de ese país, tras las elecciones fraudulentas con las cuales se reeligió Nicolás Maduro, que no ha sido reconocido como presidente de ese país por las autoridades españolas.
Otros países de la región latinoamericana que enfrentan problemas muy similares a los de Venezuela, como Cuba y Nicaragua también forman parte de este organismo de Ministro de Justicia, sin que sus situaciones políticas sean de ninguna manera cuestionadas por el organismo.
