Los funcionarios de prisiones vuelven a alzar sus voces contra el Ministerio del Interior, debido a la cantidad de tareas que les están asignando a sus jornadas, para las que en muchas ocasiones no están capacitados porque no han recibido la formación adecuada para ello. Entre las labores que denuncian que les están obligando a ejercer van desde tener que neutralizar a reclusos agresivos hasta prestar los primeros auxilios en caso de agresiones.
Así lo han dejado saber los miembros del sindicato CSIF de Prisiones de Madrid, que han señalado que la situación es igual en todos los centros de reclusión del país, donde hay una falta de personal importante y que los funcionarios de prisiones que hay en servicio no son suficientes para abarcar todas las gestiones que los obligan a hacer.
«Se nos exigen muchas responsabilidades y obligaciones que en muchos casos y situaciones no recibimos la formación adecuada. No tenemos los recursos ni medios para la custodia, vigilancia, reinserción y reeducación de los reclusos», señaló Sergio García, portavoz de la organización sindical en Madrid.
Esto se le suma al riesgo que contempla la sola labor de trabajar como custodios en las prisiones de todo el país, donde son víctimas de las agresiones por parte de los reclusos más violentos y que cada año se contabilizan una gran cantidad de funcionarios golpeados, heridos, insultados y amenazados por los internos que se saben absolutamente impunes ante estas situaciones.
Nos piden que custodiemos a todo tipo de internos, desde agresores sexuales, pederastas, violadores, bandas latinas, enfermos mentales, internos con infinidad de adicciones, y presos peligrosos y violentos como, Igor el Ruso, ahora que salió en los medios de comunicación su historia al tener durante estos días el juicio. Este juicio fue por agresión a Funcionarios en el Centro Penitenciario de Dueñas Palencia», señaló González en un boletín de prensa que fue enviado a los medios de comunicación.
Los funcionarios señalan además que cuentan con los mismos medios, recursos y medidas de seguridad para la custodia de todos los reclusos, sin importar su grado de peligrosidad, lo que se hace más complejo aún cuando se trata de reos que padecen enfermedades mentales y que permanecen junto a la población reclusa normal, lo que en ocasiones se traduce en enfrentamientos
Cuando se produce una reyerta o pelea en un módulo, bien sea con agresión a internos o funcionarios, aseguran que les exigen conocimientos policiales, para poder hacer la reducción de los reclusos, así como la utilización de medios coercitivos, pero que jamás reciben formación para poder ejercer estas funciones de manera óptima, sobre todo por las consecuencias que ello puede suponer a la hora de ejercer la fuerza para controlar la situación.
«Si se produce un incendio en una celda, ocasionado por un interno quemando colchón, también tenemos que actuar sin ser bomberos, porque no estamos formarnos para ello y tampoco tenemos los equipos adecuados», señalan los funcionarios de prisiones en su comunicado.
Faltan médicos
Otra de las situaciones que denuncian los funcionarios de prisiones, y que esperan que desde el Ministerio del Interior se hagan las gestiones necesarias para que se solucione lo más pronto posible, es lo que está sucediendo con la cantidad de reclusos que hay en las prisiones españolas y que tienen problemas de salud mental. A esto se le suma la falta de médicos para brindar atención a los reclusos
«Actualmente tenemos el problema de salud mental, cada día ingresan internos con patologías psiquiátricas. Siendo los funcionarios quienes lidiamos con este perfil de interno tan peculiar, los cuales no están para cumplir condena en una prisión, pero si en un psiquiátrico. No somos sanitarios ni tenemos conocimiento de psiquiatría», señalan los miembros del sindicato de funcionarios de prisiones.
Además, señalan que las plazas para los médicos están vacíos porque los profesionales de la salud no están dispuestos a prestar sus servicios en los centros penitenciarios del país, debido a todos los riesgos que supone ejercer la profesión en estos lugares donde están expuestos a las agresiones y situaciones de riesgo que también padecen los funcionarios de prisiones.
El sindicato de la CSIF advirtió que hay por lo menos 300 plazas de médicos para las prisiones vacantes, de las 485 que son gestionadas por el Ministerio del Interior y comentan que hay centros de reclusión que solo cuentan con un profesional de la salud para atender a toda la población reclusa, por lo que consideran que la situación, en algunos de los casos, es de extrema gravedad y que pese a las reiteradas oportunidades en lo que han denunciado ante el despacho de Fernando Grande-Marlaska, las autoridades no hacen caso a las demandas.
