Los accionistas de Applus+ han ratificado la reelección de Joan Amigó como consejero delegado de la compañía -cargo que desempeña desde el pasado 28 de junio- en una junta en la que se han aprobado todos los puntos del orden día y entre los que se incluía una propuesta sobre la política de remuneración del consejo de administración que, finalmente, ha asignado un salario fijo para el primer directivo de la firma de 600.000 euros anuales.
Según la documentación remitida por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los accionistas de Applus+ también han ratificado las reelecciones de Essimari Kairisto y de María José Esteruelas como consejeras independientes.
También se ha aprobado la propuesta del consejo de administración de volver a confiar en Deloitte como auditor de las cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para 2023, así como el nombramiento de PriceWaterHouseCoopers como auditor de las mismas para los años fiscales 2024, 2025 y 2026.
Asimismo, se ha aprobado una reducción del capital social de hasta 679.337 euros mediante la amortización de un máximo de 6.793.375 acciones propias con un valor nominal de 0,10 euros y representativas del 5% del capital social de la firma.
En cuanto al punto del orden del día de la junta de Applus+ relativo a la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros de la empresa, se ha decidido mantener el importe anual máximo para los distintos miembros del órgano de decisión en su conjunto en 1,5 millones de euros.
En concreto, el presidente del consejo recibirá una cuantía fija de 275.000 euros, los consejeros (salvo el presidente del órgano) percibirán 66.000 euros anuales, mientras que los presidentes de una comisión cobrarán 30.000 euros y los que ejerzan como vocal de una comisión, 20.000 euros.
Asimismo, la remuneración fija de Joan Amigó, que es el único miembro del consejo de administración con funciones ejecutivas, será de 600.000 euros al año, a lo cual se sumará una cifra variable en función del cumplimiento de determinados objetivos.
La celebración de la junta de accionistas de Applus+ ha tenido lugar poco más de un mes después de anunciar la existencia de «muestras de interés, no vinculantes y no solicitadas» por parte de algunos inversores para adquirir la compañía por una suma superior a los 1.000 millones de euros.
A comienzos del pasado mayo la empresa remitió a la CNMV un comunicado en el que explicó que se solicitó acceso a una revisión de información, el cual fue concedido, si bien aseguró que todavía «no existe ningún tipo de decisión por parte de ninguno de dichos inversores ni certeza de que dichas entidades vayan a efectuar ninguna actuación adicional».
En este contexto, desde el arranque de la guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés Applus+ ha figurado en la mayoría de las quinielas de los analistas como candidato a recibir una oferta pública de adquisición (OPA) que la excluyera de Bolsa.
Según han apuntado diferentes medios, entidades como Apollo, Apax y un consorcio formado por I Squared y TDR estarían sondeando la posibilidad de adquirir la compañía.
De este modo, la compañía de certificación ha estado en las últimas semanas en el punto de mira de varios fondos de inversión tras el mencionado anuncio y ha sido objeto de diferentes movimientos en su capital.
En concreto, estos han estado protagonizados por el gestor de activos alemán DWS Investment, por la entidad financiera estadounidense Morgan Stanley y por los fondos Nekton Global Fund Limited, Millenium Group Management y Red Wheel European Focus Master Inc.
