El 92% de las personas que viven en asentamientos chabolistas o infraviviendas pertenece a minorías étnicas, siendo la mayoría gitanas, según es desprende de un estudio realizado por la Fundación Secretariado Gitano en colaboración con la Fundación ISEAK y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La población objeto del estudio es aquella que reside en asentamientos chabolistas o de infraviviendas extraídas del Estudio-Mapa sobre vivienda y población gitana 2015, con aislamiento del resto de población. En total, se ha acudido a 26 asentamientos de 17 provincias españolas, en los que se han realizado 688 encuestas, representativas de una población total estimada de 23.419 de personas que viven en asentamientos similares a los analizados en el estudio, distribuidas en 4.584 chabolas o infraviviendas.
En cuanto al perfil de la población, el trabajo refleja que la práctica totalidad (92%) de las personas residentes en estos asentamientos pertenece a minorías étnico-raciales, siendo predominante (77% del total) la población gitana, seguida de la población árabe (13% del total). Para Fundación Secretariado Gitano, estos datos son indicadores de una situación de «racismo estructural».
Otro elemento en relación con el perfil de la población de los asentamientos, es el «altísimo porcentaje» que representan los niños y niñas menores de 16 años, que asciende al 50%, de los cuales un 40% son menores de 6 años.
Por otro lado, según los autores del estudio, la pobreza es un fenómeno cronificado en los asentamientos. Concretamente, el 93% de las personas residentes en los asentamientos vive en riesgo de pobreza, valor que se incrementa hasta el 99% en el caso de la pobreza infantil. Pese a ello, tan sólo el 35% de las personas tiene acceso al Ingreso Mínimo Vital u otras ayudas públicas.
El estudio detecta que las condiciones materiales de las viviendas son precarias: grietas, humedades, falta de luz natural, exposición a contaminación, suciedad y ruidos. En cuanto a los suministros, la situación es «especialmente grave» en los asentamientos donde predominan las chabolas, pues el 90% de estos hogares carece de saneamiento, el 75% carece de agua corriente y un 69% de los hogares no dispone de electricidad.
Respecto al derecho a la educación, se observa que los niveles educativos de la población en los asentamientos son muy inferiores a la población en general. En ese sentido, un 10% de la población residente en los asentamientos mayor de 10 años es analfabeta (en el caso de las mujeres, 12,2% frente a 7,6% en el caso de los hombres), mientras que el analfabetismo es residual en la población general en España.
Por otra parte, solo el 15,2% de la población de los asentamientos ha alcanzado la educación secundaria, mientras que este porcentaje es del 55,7% fuera de ellos.
Además, se da una alta segregación escolar: más del 60% del alumnado de los asentamientos acude a centros segregados. El derecho al empleo es otro derecho cuyo ejercicio se ve dificultado en el contexto de los asentamientos.
Así, se puede apreciar cómo en el caso de los asentamientos, solo el 24% de la población tiene un empleo, frente al 51% de la población general. También se constada una fuerte brecha de género, pues solo un 15% de las mujeres accede al empleo, frente a un 45% de los hombres.
Otro dato importante es que, frente a la creencia popular, la inmensa mayoría (un 91% de las personas entrevistadas) afirma que aceptaría una vivienda con mejores condiciones en otros barrios.
Sin embargo, no pueden acceder a alternativas de vivienda digna porque no pueden pagar el alquiler (tres de cada cuatro personas afirman no tener los medios suficientes) o porque enfrentan discriminación en el acceso a la vivienda (un 25% declara que nadie les alquila un piso en otro barrio).
Isidro Rodríguez, director general de la FSG, ha hecho un llamamiento a las autoridades competentes a abordar esta problemática, dado su «grave impacto sobre los derechos fundamentales de las personas que viven en asentamientos y sobre los valores y principios que defendemos como sociedad».
Se trata, además, de un «fenómeno fácilmente abordable por la dimensión del problema», dado el volumen que representan la cantidad de población y hogares afectados en un país como España, «una de las mayores potencias económicas de Europa».
Ha recordado, además, que, existen muchas oportunidades para la financiación, por lo que sólo se requiere de «voluntad política y un trabajo coordinado entre administraciones de diferentes niveles y distintos ámbitos de responsabilidad«.
El resumen ejecutivo del estudio también contiene propuestas con medidas concretas para la erradicación de este tipo de asentamientos, con pleno respeto de los derechos fundamentales, facilitando el acceso a la vivienda digna para todas las personas
