Yolanda Díaz reconoce «en diferido» que los funcionarios no son eficientes

Yolanda Díaz ha tomado las riendas del funcionamiento del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Después de varios años en los que el SEPE ha tenido que enfrentarse no solo a hackeos de sus sistema, sino también a fallos informáticos que retrasaron citas e incluso a dejaron sin paga de navidad a 50.000 personas en 2021, la ministra de Trabajo y Economía Social comenzó a tomar las riendas para modernizar el servicio a finales de 2022. Para ello, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal ha decidido externalizar los servicios informáticos y ha llevado a cabo un contrato para el desarrollo de aplicaciones que automaticen trabajos que, actualmente, realizan los funcionarios.

Para ello, el ministerio de la actual candidata del partido de Sumar va a invertir una cantidad estimada que supera los 31 millones de euros para modernizar las gestiones adheridas a los procesos informáticos, acabando así «en un nuevo sistema de gestión del ciclo de vida de las Prestaciones por Desempleo» y en el «desarrollo e Implantación de soluciones sobre tecnología iBPM para Formación, Empleo, Prestaciones y Gestión Interna». Esta gestión con la que pretende modernizar el sistema del SEPE se desarrolla gracias al Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y está incluido dentro de la agenda España Digital 2025.

El ministerio de Yolanda Diaz ha considerado necesario paliar las deficiencias del Servicio Público de Empleo Estatal dividiendo esta modernización en dos empresas. Por un lado, una de las beneficiarias será la compañía Deloitte, quien se encargará de la evolución y, en su caso, sustitución, de los sistemas actuales de prestaciones. Para ello recibirá más de 8 millones de euros, con los que pretende desarrollar un SAP, es decir, un sistema informático que permite administrar los recursos humanos, financieros-contables, productivos o logísticos, posicionando así al SEPE como una administración con un sistema que iguale a los de grandes empresas privadas.

Por otro lado, Yolanda Díaz ha seleccionado a una UTE formada por Capgemini-Babel para utilizar tecnología de vanguardia e implantar soluciones basadas en la gestión inteligente de los procesos. Esto supone la robotización de procesos cotidianos, así como el aprendizaje automático de estos con el objetivo de modernizar las funciones de «Intermediación de Empleo, Políticas Activas de Empleo, Prestaciones por Desempleo y Gestión Interna». Para ello, esta UTE recibirá una cantidad de más de 10 millones de euros procedentes de los fondos europeos y supone una apuesta por la mejora de los servicios estatales de desempleo.

Hacia la digitalización de la gestión de más de 35.000 trámites diarios, pero sin empleados suficientes

Como ya se vivió en 2020, los servicios de prestaciones de desempleo se ven directamente afectados por las condiciones contextuales y económicas del Estado. Por eso, cuando llegó la pandemia de la Covid-19, el SEPE pasó de gestionar una media de 35.000 trámites diarios a encontrarse con picos de más de 300.000. Lo mismo ocurrió con el número de prestaciones, el cual ronda una media mensual que supera los 2 millones pero que incrementó más del doble en el 2020, llegando hasta los más de 5 millones. Por ello, el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha considerado necesario no aplazar más lo inaplazable y renovar el sistema informático del SEPE.

Para ello, el trabajo de los funcionarios no parece ser suficiente. Aunque Yolanda Díaz muestre este compromiso de modernización del Servicio Público de Empleo Estatal, la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) considera que el grave deterioro de este sistema depende, fundamentalmente, de la falta de personal. Lejos de cumplir con los objetivos previstos, el proceso de estabilización de empleo se ha saldado hasta el momento con la pérdida neta de plantilla en un organismo que ya presentaba graves carencias de personal.

Así, aunque haya una inversión millonaria por parte de la administración pública para la renovación del sistema informático y su modernización, desde la federación de trabajadores reclaman que existen «numerosas plazas vacantes aún sin cubrir y sin plazo establecido para su adjudicación». Justo a esto, reclaman que «1012 trabajadores han sido cesados con fecha de 16 de mayo, y otros 408 se verán en la misma situación en pocas semanas». Una contraposición de los ingresos de la administración en tecnología que no se ve reflejada en la inversión en personal.