La nueva Ley de Vivienda fue aprobada por el Congreso el pasado 27 de abril. De allí pasó al Senado, donde obtuvo el visto bueno el 18 de mayo. Una semana después, el 25 del mismo mes fue incluida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que al día siguiente entró oficialmente en vigor.
Este instrumento legal ha traído consigo cambios importantes en materia de la tenencia y el alquiler de los inmuebles para uso residencial. Según M&L Consulting esta nueva realidad requiere realizar previsiones y solicitar apoyo profesional para no cometer errores.
Cambios más relevantes en la nueva Ley de Vivienda
M&L Consulting es una empresa formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados donde trabaja un equipo de expertos en bienes raíces. El personal posee la formación y actualizaciones necesarias para prestar todos los servicios vinculados a la administración de propiedades.
Como especialistas en el tema, advierten que la nueva Ley de Vivienda incluye algunos aspectos sobre los cuales es importante estar siempre atentos. Entre las novedades más relevantes están: la imposibilidad de endosar al inquilino ciertos gastos. Tampoco se podrá aumentar la renta en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, en cambio, ya hay topes para 2023 y 2024.
Las condiciones son aún más severas para las propiedades que están ubicadas en las llamadas zonas tensionadas. Son los municipios donde el precio de la vivienda se considera desproporcionado en función de la capacidad de pago de las familias. En esos casos, hay limitaciones incluso para colocar nuevos precios a la caducidad de los contratos de 5 años.
Más derechos para los inquilinos
Los expertos de M&L Consulting colocan su lupa sobre el tema de los desahucios, uno de los más polémicos desde hace varios años. Señalan que algunos analistas han advertido que ahora hay más derechos para los inquilinos ocupantes del inmueble y más condiciones para los propietarios. En términos generales, la nueva Ley de Vivienda introduce una serie de medidas que dificultan los desahucios a personas con vulnerabilidad económica.
Las trabas serán aún mayores si el propietario se califica como un ‘gran tenedor’. En todos los casos, estas medidas legales no se podrán ejecutar sin una hora o fecha predeterminada. Estos procedimientos requerirán la intervención de un juzgado que deberá avalar la situación de vulnerabilidad o no de los ocupantes. En caso positivo, los Servicios Sociales de la Comunidad deberán ayudarles a conseguir una alternativa habitacional antes de sacarlos de la propiedad.
También hay nuevas oportunidades e incentivos
En M&L Consulting señalan que el cambio legal también incluye algunas oportunidades dignas de aprovechar. Destacan, por ejemplo, los incentivos fiscales a los propietarios por la reducción del canon de arrendamiento a los inquilinos. También hay una reducción en el pago de impuestos en el caso de hacer mejoras en las propiedades o alquilar a menores de 35 años. Todo esto se puede conocer con más detalle de la mano de un buen agente inmobiliario.
Lo más importante, en el contexto actual, es blindar el cobro del alquiler mediante un seguro de impago profesional gestionando la propiedad en alquiler a través de agentes de la propiedad inmobiliaria para tener la tranquilidad y seguridad jurídica que se debe disfrutar cuando un propietario decide arrendar su inmueble.
M&L Consulting confirma que más de la mitad de los propietarios que confían en ellos el arrendamiento de su inmueble están contratando el servicio integral de administración del alquiler con seguro de impago, desde la aprobación de la nueva ley de vivienda y todo hace pensar que seguirá aumentando progresivamente a lo largo del año.
