miércoles, 11 diciembre 2024

La Audiencia Nacional juzga desde mañana al rapero británico acusado de liderar una «célula» del Estado Islámico

La Audiencia Nacional juzga desde este miércoles por un presunto delito de integración en organización terrorista a Abdel-Majed Abdel Bary, un rapero británico a quien acusa de ser líder de una «célula» del Estado Islámico que se financiaba con estafas bancarias y que buscaba «consolidar» el califato islámico en España.

Abdel Bary acaparó titulares en 2015 cuando el diario británico ‘The Daily Mail’ informó de que había dejado su vida de rapero en Reino Unido para unirse a las filas del Estado Islámico y de que su padre había sido condenado en Estados Unidos a 25 años de cárcel por conspirar en los atentados que tuvieron lugar en 1998 contra embajadas en África.

Ahora, según consta en el escrito de acusación, el rapero se enfrenta a 9 años de prisión mientras que los otros dos componentes de esa célula, Abderrezak Seddiki y Kossaila Chollouah, lo hacen a penas de ocho y siete años de cárcel. Los tres fueron detenidos en abril de 2020 y desde entonces han permanecido en prisión provisional.

Según el relato de 19 folios de la Fiscalía, los tres «formaban parte de un grupo que asume y participa de los medios y procedimientos violentos propios de la organización Estado Islámico con el objetivo final de consolidar un califato islámico regido por el Corán y la Sharia».

Fuentes jurídicas han confirmado que la acusación popular que ejerce la AVT ha solicitado las mismas penas de prisión que la Fiscalía.

Según el relato del Ministerio Público, Abdel Bary se trasladó en agosto de 2013 desde Reino Unido hasta Siria para «combatir a favor del Estado Islámico». Viajó acompañado de un amigo y «ambos se integraron al Ejército de Al Furqan, facción terrorista de Al Qaeda».

La Fiscalía asegura que un año más tarde Abdel Bary reconoció en sus cuentas de Twitter y de Facebook «pertenecer al Estado Islámico» y publicó «una imagen de él mismo sosteniendo la cabeza de una persona en una plaza de Raqqa, Siria».

Entre 2015 y 2020, habría formado una «célula» con Abderrezak S. y Kossaila C., «una estructura criminal con vocación de permanencia en el tiempo, dentro de la cual se reparten una serie de roles y funciones con el fin de cometer estafas bancarias mediante el sistema conocido como carding -robar información financiera de tarjetas de crédito o débito-, que les permitía financiar sus actividades terroristas«.

Según recoge el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals en su escrito, «Abdel Majed Abdel Bary lideraba el grupo adquiriendo en la ‘darkweb’ datos financieros robados previamente».

El Ministerio Público asegura que no fue hasta «principios de 2020» cuando los tres acusados «prepararon su introducción» en España con «la finalidad de mantener la célula integrante de la organización Estado Islámico». La Policía estaba al tanto y estableció un mecanismo de control sobre las posibles llegadas de embarcaciones ilegales a territorio español.

«En la noche del 13 al 14 de abril de 2020 los acusados llegaron a España a bordo de una embarcación procedentes de Argelia, introduciéndose en nuestro país de manera ilegal, concretamente en algún punto del Parque Natural de Cabo de Gata en la provincia de Almería», señala la Fiscalía.

A los dos días, los tres acusados alquilaron un piso de alquiler turístico en el que la Policía practicó la entrada y registro y procedió a la detención de dos de ellos. En aquella actuación se incautaron cuatro teléfonos móviles, un ordenador, una cartera, dos riñoneras y un pendrive.

Según consta en el escrito de la Fiscalía, en los dispositivos incautados había imágenes relativas a transacciones de criptomonedas, capturas de pantallas de «tarjetas de crédito de propiedad ajena», imágenes de visados y documentación falsa, de «armas de fuego aparentemente reales», entre otros.

Además, entre los documentos registrados en los móviles figuraba una autorización de carácter religioso a nombre de Ahmed Mohamed Al Oulabi (nombre falso que dio Abdel Bary en el momento de su detención).

El Ministerio Público sostiene que dicho documento le autorizaba a «difundir las enseñanzas contenidas en el libro ‘Al muqadima Al Ajurrumiya'», un libro del siglo XIII de gramática árabe. Según precisa, «no contiene un sesgo religioso radical, y sería útil para respaldar a una persona que buscase un papel como imán u orientador religioso».