La ‘okupación’ de viviendas e inseguridad ciudadana pasó de puntillas en el debate entre los principales candidatos, el aspirante Alberto Núñez Feijóo y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sólo hubo una pequeña referencia en los 100 minutos que duró el cara a cara, aunque no es un tema menor. Esta delincuencia forma parte del argumentario habitual de Vox y de otros partidos de menor entidad para tratar de obtener los conocidos ‘votos del miedo‘.
En anteriores campañas, especialmente en las autonómicas y municipales, la ‘okupación’ de viviendas formaba parte troncal del relato, con discursos de alerta y advertencia, así como soluciones urgentes para los afectados. Fue el ariete de batalla de Vox en la pasada campaña del 28 de mayo en Barcelona, como también en los barrios más humildes y afectados por esta ilegalidad.
Vox insiste en que la mayoría de los ‘okupas’ son personas extranjeras, a las que hay que desalojar de forma inmediata y después buscar una solución en el caso de haber menores. El PP de Feijóo ha apostado por un desalojo exprés, en menos de 24 horas, para echar al ‘okupa’ e imponer penas más duras para el delito de usurpación.
FEIJÓO SE DIRIGIÓ A LOS ESPAÑOLES CON EL PROBLEMA DEL ‘OKUPA’
Durante el debate, Feijóo fue el único que hizo referencia a esta lacra social, extendida por toda España y que se ha trasladado también al alquiler, personas que se niegan a pagar las cuotas y vivir bajo un techo que no le pertenece ni por contrato. Esta situación ha provocado fuertes enfrentamientos entre vecinos y ‘okupas’ en Barcelona, como en La Ruïna y el Cubo, dos edificios de la Sareb sin que se haya procedido al desalojo.
También deben establecerse medidas policiales, como en nuestro entorno europeo, para que no sea necesario llegar a estos procedimientos
La normativa que propone el PP de Feijóo afectará no sólo a los pequeños propietarios, sino también a los grandes tenedores, los preferidos del movimiento ‘okupa’ para allanarlos, destrozarlos y crear un clima de inseguridad en la zona. Hasta ahora, la ley establece penas irrisorias por usurpar la vivienda, cuyos suministros e impuestos corren a cuenta del propietario. En caso de hacerlo, es el propietario quien estaría cometiendo un delito de coacción, la víctima como culpable de la situación. Ante el beneplácito de la ley hacia los ‘okupas’, los afectados buscan los servicios de empresas dedicadas a desalojar a este tipo de personas, con métodos polémicos en algunos casos.
LA LENTITUD JUDICIAL HACE DAÑO A PROPIETARIOS Y ASEGURADORAS
A estos vacíos legales y la dejadez política sobre esta ilegalidad se suma la tardanza de los juzgados en los procedimientos para echar a los okupas en España. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recogidos por Círculo Legal Barcelona, el plazo medio actual para poder desalojar a los moradores ilegales se sitúa en 20,5 meses, incluyendo los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y las Audiencias Provinciales. Esto supone cuatro veces más respecto al inicio del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, cuando el promedio era de casi cinco meses en toda España.
El tiempo se ha cuadruplicado en esta última legislatura debido al «mal funcionamiento» de la Administración de Justicia, cuya máxima responsable es Pilar Llop. Los funcionarios, además, han realizado diversas huelgas contra la ministra, paralizando y alargando aún más los pleitos, según explica Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho Círculo Legal Barcelona.
Asimismo, también se suma la nueva ley de Vivienda, que exige más requisitos para interponer un procedimiento judicial para expulsar a los ‘okupas’. Por este motivo, los propietarios escogen antes la opción de venta frente al alquiler para evitar impagos.
Los tiempos para expulsar a los inquilinos indeseables son los más elevados de toda la serie histórica. En el último año, la media ha aumentado en más de 60 días en comparación con el pasado año. Considerando los promedios autonómicos de las Audiencias Provinciales, cuatro de estas regiones se sitúan por encima de la media nacional, con periodos de espera superiores. Estas regiones son Andalucía (22,5 meses), Baleares (23,2 meses), Canarias (23,5 meses) y Castilla y León (31,5 meses).
MÁS RECURSOS PARA LA JUSTICIA Y CAMBIOS EN LA LEY PARA ECHAR AL ‘OKUPA’
Para la abogada, esta situación debe revertirse, aunque pronostica que los tiempos de espera para echar a un ‘okupa’ irá en aumento. En este sentido, ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar de más medios a la Justicia, tanto con recursos humanos como materiales, como solución para evitar el atasco judicial.
«También deben establecerse medidas policiales, como en nuestro entorno europeo, para que no sea necesario llegar a estos procedimientos, sino que se puedan realizar desalojos inmediatos en aquellas situaciones que son claras», ha señalado Goenaga. De esta forma, defiende una modificación legislativa «para que los propietarios puedan defender sus derechos correctamente y no tengan que suplir al Estado en su función de dar una vivienda a todos los ciudadanos».
Así las cosas, los propietarios prefieren dejar el piso vacío o venderlo antes que alquilarlo. Además, la situación se complica cuando se entrega documentación falsa a la hora de formalizar el contrato, como ha ocurrido en numerosos casos.
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, LA MODA DE LOS INQUILINOS
«Se falsifican nóminas, se muestran falsos contratos de trabajo e incluso se oculta el número de hijos menores», apuntan fuentes del sector consultadas por este medio. Todo ello supone un prejuicio no sólo para los propietarios, sino también para las aseguradoras y los nuevos productos ‘antiokupas’, que facilitan el pago del 95% de las cuotas impagadas en caso de un allanamiento ‘sine die’.
«Los propietarios miran con lupa cada papel tras los cambios en la sociedad», sostienen. En este sentido, señalan que antes los inquilinos hacían la maleta si no podían pagar, pero ahora se quedan y destrozan el piso cuando llega la orden judicial.
