La Generalitat de ERC, a través de la Agencia Catalana del Agua (ACA), ha impuesto duras restricciones en gran parte de Cataluña ante la sequía que azota la Comunidad Autónoma. En las zonas de Lleida se han impuesto cortes de agua que obligan a la población a ducharse con garrafas, rellenadas por camiones cisterna. En la Costa Brava y en todo el litoral está prohibida la ducha en las playas y en algunos municipios se ha impuesto limpiar las calles sin el líquido elemento.
La situación, pese a las últimas lluvias, es muy grave. Tanta, que los vecinos de los municipios de la zona de la Costa Brava tienen prohibido llenar las piscinas con agua corriente, pero sí en caso de provenir del pozo. No obstante, este medio ha podido comprobar como las duchas en algunas calas y playas de la zona entre Lloret de Mar y Sant Feliu de Guíxols los turistas pueden quitarse la sal y las piedrecillas de arena en cómodas duchas.
Se trata de playas ubicadas en urbanizaciones, pero abiertas al público. La única forma de poder llegar es mediante autobús o vehículo. Para hacer que los turistas paguen, esta prohibido aparcar en toda la urbanización y obliga a abonar, en algunos casos, unos 15 euros por día en el único acceso a la playa.
CALAS CON DUCHA PARA TURISTAS PUDIENTES EN PLENA SEQUÍA
En una de estas calas, poco concurridas debido al límite de vehículos permitido, la ducha funciona a pleno rendimiento. En otra de las calas, un bar ubicado en Sant Pol de Mar se salta también las restricciones al permitir el uso de la ducha ubicada junto a los icónicos vestuarios.
Desde el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols afirman que se han enviado peticiones a los delegados de todas las urbanizaciones colindantes al municipio, pero no hay abierto expediente alguno hasta este momento. El motivo es claro. No se ha detectado infracción alguna de estas características en ninguna de la playas ni calas, un hecho que también ha podido comprobar este medio.
«Todas las duchas públicas que corresponden a nuestro término municipal, y de las cuales tenemos competencia, están cerradas», apuntan. De hecho, han ido a comprobar los puntos más polémicos y «están secos», una afirmación que corroboran presencialmente los responsables de las instalaciones. «Están cerradas de hace semanas», señalan.
Esta pulcritud no se realiza en otros municipios, como Tossa de Mar. En Cala Llevadó, la ducha dejaba correr la sal y las piedras de la piel hacia el sumidero. En la localidad, con una gran afluencia de turistas, también hay duras restricciones, pero se saltan a la tolera los gestores de la misma. En esta zona, por aparcar también cobran 15 euros e impiden dejar el vehículo en uno de los aparcamientos aduciendo que son privados y restringidos, pese a carecer de una señalización municipal. «Se avisa grúa» es la advertencia para quien ose contravenir la orden. No obstante, en esta cala uno se puede duchar, limpiar los pies y las chanclas sin problema alguno.
LA GUERRA DEL AGUA ENTRE GIRONA Y LLEIDA
Es la gran diferencia entre el turismo de ricos y el de pobres. En la Costa Brava, fuera de los municipios, sólo se puede ir en coche o bien meterse una buena excursión por los bosques de pinares mediterráneos para llegar a las calas. En plena ola de calor, pocos son los aventureros que se atreven a cruzar los senderos. Con el parking a solo unos minutos de la arena, los vehículos de alta gama son visibles, hasta el punto de tener problemas para maniobrar en algunos huecos debido a sus dimensiones.
Ese turista es el preferido de estos municipios de costa. La mayoría de ellos son franceses, pero vienen de otras partes de Europa, como Alemania, Dinamarca, Reino Unido e incluso Austria e Italia. La matrícula, al menos, les delata. Para ellos, barra libre y de agua también. Los prohibitivos precios de los chiringuitos de la zona también muestran el tipo de turismo que llega. Rentas altas y sin restricción alguna para cobrar cinco euros por una cerveza o dieciséis por un bol de salmón, aguate y lechuga.
Desde el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols realizan una ronda diaria en cada una de las duchas instaladas en las principales playas que les competen. De hecho, se remiten a la ACA en el caso de los expedientes y sanciones, así como a la factura del agua correspondiente para poder iniciar un procedimiento sancionador.
«La responsabilidad sobre qué medidas se deben tomar en cada municipio para poder cumplir con las dotaciones máximas y las limitaciones particulares recogidas en el Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía (PES) corresponde exclusivamente al ayuntamiento afectado en cada caso», afirman desde la Agencia Catalana del Agua, a preguntas de MONCLOA. De hecho, la ACA no realiza inspecciones sobre el uso del agua de cada uno de los Consistorios ni tampoco es responsable sobre el uso de las duchas instaladas en los municipios.
LAS FACTURAS DEL AGUA DELATARÁN A LOS INFRACTORES
La ACA, no obstante, sí apunta a los Ayuntamientos como responsables de la situación debido a que deben controlar tanto la dotación máxima como las limitaciones impuestas a los particulares recogidas en el nuevo plan para hacer frente a la sequía. Así, por ejemplo, no comunicar las medidas se sanciona con 10.000 euros, el mismo importe que no presentar el plan de contingencia o pasar por alto las limitaciones exigidas a los particulares.
Si la ACA debe hacer una mayor aportación de agua, los municipios podrían enfrentarse a sanciones de entre 50.000,01 y 150.000 euros, cuando los daños causados sean superiores a 15.000 euros. Por reincidencia, las multas alcanzan los 50.000 euros. Además, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols hace referencia a los importantes sobrecostes en la factura del agua de los particulares, mientras la ACA aplicará un sobreprecio de 0,1 euros por cada metro cúbico entregado en exceso; o bien, como está pasando ahora, se disparará a los 0,3 euros en caso de excepcionalidad; y de otros 0,6 euros en caso de que se active la emergencia.
Estas sanciones comenzarán a aplicarse en septiembre, una vez recibidos los datos de consumo de agosto. La ACA comenzará así a mirar con lupa las facturas de los municipios e impondrá las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento. Por el momento, la situación es de «sequía excepcional» y se han dotado 50 millones de euros en subvenciones para mejorar los abastecimientos. «No pueden existir todavía expedientes abiertos a ayuntamientos por incumplimiento de las dotaciones fijadas» en el plan contra la sequía, señalan desde la ACA.
LA AUSTERIDAD CON EL AGUA SE IMPONE EN ALGUNOS MUNICIPIOS
En otros municipios sí se han tomado más en serio la situación. Lejos de despilfarrar, han abordado un austero plan para evitar un mayor consumo de agua en diversas poblaciones. En Palamós y su vecino Sant Antoni de Calonge no hay duchas en las playas. «Se decidió no instalarlas», apuntan vecinos de la zona, extremo que se corrobora a simple vista. En las calas de esa zona tampoco se divisan duchas y las calles se limpian con escobas.
Las sanciones de la ACA a los municipios van de los 10.000 a 50.000 euros y un sobrecoste en la factura por metro entregado en exceso
Las fuentes ya son una parte más del mobiliario urbano, sin que sean útiles para los asfixiados paseantes. No obstante, las piscinas de los hoteles funcionan a pleno rendimiento, sin restricción alguna. Algunos particulares con piscina aseguran que han reutilizado el agua del pasado año para evitar un mayor despilfarro, un hecho del que desconfían otros vecinos. «Se sabrá con la factura», apuntan.
Mientras tanto, los embalses no llegan a un tercio de la capacidad, niveles tan bajos como los registrados en 2008. Sin embargo, algunas voces de los pueblos señalan que «este despilfarro de agua retiene al turista que se deja un dineral y genera empleo». No obstante, algunos Ayuntamientos han recibido alguna queja por la falta de agua en las duchas.
LOS VECINOS LLENAN LAS PISCINAS A PESAR DE LAS RESTRICCIONES
Los propios vecinos tratan así que los turistas consuman menos agua, pero es complicado cuando aún se están estudiando medidas para reducir el despilfarro, especialmente de los hoteles y zonas de ocio. Las sanciones que se estudian son elevadas, de entre 750 y 3.000 euros, para un particular, pero no así para un establecimiento que cobra cerca de 300 euros por noche.
Todo ello mientras gran parte de Cataluña vive con gran preocupación la situación. Unos se duchan en la playa y otros esperan a la hora señalada para abrir el grifo y regar unas pocas horas los campos, convertidos ahora en secarrales y sin apenas un fruto aprovechable para trasladar al consumidor. Es la brecha entre el turismo de masas y cobrar por aparcar y el de Lleida y otras zonas de Cataluña, donde no se ve un alma por las calles a las 17.00 horas. La cultura del despilfarro y la falta de inspección frente a quien sabe lo que cuesta el agua a diario.
