Marlaska da un contrato de 260.000 euros a un dirigente condenado del partido de Jesús Gil

El Ministerio de Interior, regentado por Fernando Grande-Marlaska, ha decidido hacerse cargo de la situación que existe actualmente en la frontera de la playa del Tarajal, en Ceuta. Interior ha publicado en el portal de Contratación Pública un acuerdo para limpiar y desratizar «las dependencias e instalaciones del puesto fronterizo y recinto aduanero», separado en diferentes lotes y que suma un valor estimado de 1.107.319,74 Euros. Entre las dos formalizaciones que ha anunciado Interior, los proveedores de estos servicios son la multinacional Eulen y una empresa local, Limpiezas Ceuta S.L., cuyo administrador único formó parte del equipo del GIL cuando este partido gobernó en esta ciudad autónoma y quien tuvo que dejar su puesto por una sentencia de falsificación documental.

hubo un tiempo, entres 1999 y 2001 en el que Jesús Gil expandió su imperio político hasta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, llegando a gobernar en la primera durante poco más de dos años. Antonio Sampietro fue el alcalde de esta ciudad como representante del Grupo Independiente Liberal (GIL), quien llegó al poder tras una moción de censura y cuyo equipo de gobierno perdió en un mes hasta a siete altos cargos, entre los que se encontraba José Ernesto González Rivas. Este ahora empresario ceutí, ocupó el cargo de viceconsejero de Presidencia y Telecomunicaciones hasta que se hizo pública su sentencia como autor de un delito de falsedad en documento oficial acontecido en abril del año 1998.

González Rivas era considerado «la mano derecha» del consejero de Presidencia de Ceuta, Manuel de la Rubia, y número dos del GIL. Sin embargo, la justicia condenó al político por haber falsificado en una «impresora de tinta» un certificado de finalización de obra que llegó a presentar en el Centro de Gestión y Cooperación Catastral de Ceuta. Este delito no solo le supuso una condena de seis meses de prisión y una multa de 36.000 pesetas, sino que también le hizo abandonar su cargo en el Gobierno ceutí para que no afectara al partido GIL. Más de veinte años después, González Rivas ha vuelto a ganar dinero de las arcas públicas, pero esta vez como administrador único de una empresa de limpieza.

De la política a la limpieza de Ceuta

Después de su época como político del partido de Jesús Gil en Ceuta, José Ernesto González Rivas decidió retirarse de la primera línea de la administración y volver al mundo de la empresa privada en la ciudad autónoma. Desde entonces, la compañía Limpiezas Ceuta S.L. se ha encargado de gestar su posición tanto dentro como fuera de Ceuta, siendo la contratación pública una fuente de financiación para este ex político.

Ya en 2012, la empresa del anterior «mano derecha» del GIL de Ceuta aparece en un acuerdo marco por la limpieza de instituciones dependientes del Ministerio de Defensa. A partir de ahí, la empresa Limpiezas Ceuta S.L. forma parte de la base de datos de la Contratación Pública tanto en contratos menores como en licitaciones a partir del año 2018. Así, José Ernesto González Rivas no se ha convertido únicamente en un especialista de la limpieza, sino también en un competidor de contratos de la administración, llegando a competir e incluso a compartir licitaciones con los grandes de la adjudicación de la limpieza como son Eulen o Clece.

Su último contrato, la «desratización» del Tarajal

El Ministerio de Interior ha sacado a concurso la limpieza y desratización del recinto aduanero del Tarajal. Un servicio para el que prevé invertir 1.107.319,74 euros de las arcas públicas, de los cuales Limpiezas Ceuta S.L. se llevará más de 260.000 euros por la «limpieza, desinfección, desinsectación y desratización» de esta frontera que separa la Ciudad Autónoma de Ceuta con Marruecos.

Más alla de la adjudicación de este contrato, la carrera de José Ernesto González Rivas es un ejemplo de cómo la administración pública sirve para ganar, tanto en un puesto dentro de un partido político, como con una empresa como pantalla para adquirir beneficios económicos de las arcas del Estado.