La Comunidad ofrece respaldo jurídico a los municipios ribereños para cumplir con la moratoria en el Mar Menor que garantiza el «blindaje urbanístico» de este espacio, mientras se aprueba el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, tal y como establecía la normativa original cuya aplicación prorrogó el Ejecutivo regional en funciones la semana pasada.
Así lo ha afirmado este jueves el consejero en funciones de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, durante la reunión técnica que ha mantenido con los representantes de los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.
Díez de Revenga ha indicado que «el Gobierno regional no da ni un paso atrás en el cuidado del Mar Menor», al tiempo que ha insistido en que «las reglas de protección no han cambiado porque el decreto-ley garantiza los límites, exclusiones y condicionantes de la ley original aprobada por la Asamblea Regional en 2020».
«No se pueden hacer nuevas construcciones en el Mar Menor, ni nada que no se pudiera hacer hasta la fecha. Por ejemplo, ni antes ni ahora se puede llevar a cabo proyectos como el de Los Belones», ha aseverado el responsable regional, quien ha querido aclarar que «el texto normativo actual sigue imponiendo severas restricciones, que obligan a que cualquier desarrollo urbanístico tiene que cumplir los requisitos del futuro Plan de Ordenación».
«Entre ellos, ningún desarrollo urbanístico nuevo puede cerrar el anillo perimetral, en referencia a que no se puede alterar la fachada visual del Mar Menor, ni ocupar suelos con especiales protecciones, ni incrementar la densidad de población», ha agregado, tras señalar que, además, se exige la aplicación de medidas sostenibles en todos sus desarrollos.
El consejero ha manifestado que «con este respaldo jurídico, que se materializará con la resolución de cuantas consultas quieran hacernos llegar, queremos que los ayuntamientos puedan llevar a cabo la correcta aplicación de la normativa actual que, al igual que la anterior, impide nuevos desarrollos urbanísticos».
Asimismo, ha reiterado que «el Mar Menor sigue manteniendo su protección porque se puede, o no se puede, hacer lo mismo que antes del decreto ley». Al hilo, ha afirmado que «el Gobierno regional ha actuado tras la nefasta propuesta socialista que, de haberse aprobado, hubiera dejado sin efecto la protección urbanística del Mar Menor por sus deficiencias técnicas y, además, no permitía la presentación de enmiendas para arreglarlas».
Además de la prórroga de la moratoria que, ha insistido, «es igual que la que se aplicaba antes del decreto-ley, estamos avanzando con prisa y sin pausa en la redacción del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que es un documento técnico y científico que tiene una compleja tramitación».
