Cuando Pedro Sánchez consiguió sacar adelante el primer Gobierno de Coalición de España, las promesas y los objetivos «inéditos hasta la fecha» estuvieron a la orden del día del Ejecutivo. Así definía Carolina Darias el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 cuando todavía era ministra de Política Territorial y Función Pública en 2020, con el que apostó «por primera vez» por un proyecto de transparencia «de ámbito nacional». La construcción de este «marco de gobernanza pública» pretendía «transformar» las administraciones durante una legislatura que auguraba durar cuatro años. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez no ha conseguido mantenerse el tiempo esperado y solo ha ejecutado el 37% de las iniciativas de su propio Plan de Transparencia.
Las expectativas del IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 eran tan ambiciosas que el propio Ejecutivo no ha conseguido llegar a cumplirlas. Este proyecto constaba de diez compromisos que englobaban a todas las administraciones del Estado, así como a las de las Comunidades Autónomas y a las locales. Con esto, el Ejecutivo pretendía hacer una reforma integral de marco regulatorio, mejorar la participación ciudadana, incentivar la educación en este ámbito o mejorar las políticas de integridad para «servir eficazmente a la ciudadanía». Sin embargo, de las 111 iniciativas que incluía este plan, solo se han finalizado el 37%, mientras que un 61% han quedado pendientes de ejecución. Además, de las 537 actividades que se desprenden de estas iniciativas, solo se han podido llevar a cabo el 53%.
Estos datos se desprenden de la última actualización publicada por el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, desde donde se lleva a cabo el seguimiento del IV Plan de Gobierno Abierto. La información corresponde al trabajo realizado hasta el 4 de julio y muestra como el Ejecutivo no ha cumplido los plazos que él mismo establecía en el documento del proyecto publicado por el ministerio de Política Territorial y Función Pública. Mientras que el eje autonómico y local es el que más ha avanzado, con un 56% de las actividades finalizadas; el bloque destinado a la participación ciudadana es el más abandonado, con solo 5 actividades finalizadas, lo que supone el 22% del total de este objetivo.
La reforma de la Ley de transparencia, otra promesa sin cumplir de Sánchez
Entre los principales ejes de este proyecto se encontraba la reforma integral de Ley de transparencia y Buen Gobierno, uno de los compromisos que firmaron PSOE y Unidas Podemos para investir a Pedro Sánchez en 2019. Sin embargo, según el portal de Transparencia, en julio de 2023 todavía no se había ni iniciado la redacción del anteproyecto de ley. Se trataba de una misión que dependía directamente del ministerio de Hacienda y Función Pública y que, según el IV Plan de Gobierno Abierto, este trabajo debería haberse realizado entre el 1 de abril de 2022 y el 15 de junio de 2022.
Sin embargo, este ambicioso objetivo de redactar un anteproyecto de ley en dos meses y medio no se llegó a cumplir ni en 2022 ni en 2023. Por ello, tal y como contaba Newtral en marzo de este año, los expertos en transparencia ya preveían por entonces que la legislatura iba a terminar sin que la reforma de la Ley de transparencia llegara a ser ejecutada. En la actualidad, aunque el Plan de Gobierno Abierto incluía el 2024 para seguir llevando a cabo sus objetivos, el contexto político marcado un PP que pretender llegar a la Moncloa sin los apoyos suficientes o por una posible repetición electoral si tampoco Sánchez consigue el sí de 176 parlamentarios, supone que este plan de Transparencia pueda no llegar ni a seguir ejecutándose.
La Ley del Informante, el gran «logro» que no se llega a ejecutar
La única gran iniciativa que el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante antes de convocar los comicios fue la Ley de protección del informante, con la que el Ejecutivo pretende abrir un canal seguro para denunciar irregularidades tanto dentro como fuera de la administración pública. Esta legislación obliga al sector público y al privado a ofrecer a los trabajadores una vía por la que denunciar las posibles infracciones del Derecho de la Unión Europea, de una manera en la que el informante esté protegido y no sufra represalias por ello.
Sin embargo, se trata de una normativa para la que ni las administraciones estaban preparadas. Por ello, aunque la Ley apostara por el 13 de junio como fecha límite para que los órganos públicos tuvieran abierto este canal, ni los propios ministerio del Gobierno de Sánchez llegaron a tiempo para cumplir los plazos establecidos por su propia norma. Por tanto, la protección de los denunciantes llegó a ser el único eje del proyecto que completó Pedro Sánchez, pero con unos resultados prácticos que se alejan de lo que pretendía en 2020 el IV Plan de Gobierno Abierto, que ahora se ha quedado como un «papel mojado» más de la legislatura de la coalición.
