El productor de la serie ‘Cuéntame como pasó’, Miguel Ángel Bernardeau, procesado por la Audiencia Nacional junto a su mujer la actriz Ana Duato y una treintena de personas –entre las que está también el actor Imanol Arias– en el ‘caso Nummaria’, ha enviado un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal para recordar a los magistrados que desde septiembre de 2022 esperan fecha para la celebración del juicio.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Bernardeau subraya que en 2022 fueron citados junto a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal con la intención «de poner en común agendas al objeto de fijar las fechas para la celebración del juicio oral» y que se valoró septiembre de 2023.
Pero ahora, tras un año, y dado que «hasta la fecha no se ha recibido noticia alguna de la Sala», solicita a la Audiencia Nacional que indique «al menos de forma orientativa qué fechas se están valorando para la celebración del juicio, teniendo en cuenta que, previsiblemente, los problemas de agenda que ya se manifestaron el año pasado, serán similares en el presente».
Fue en julio de 2020 cuando el juez instructor Ismael Moreno dictó auto de apertura de juicio oral contra Duato, Arias y el resto de imputados por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del ‘caso Nummaria’, por el que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado les piden alrededor de 30 años de cárcel. Están acusados de haber evadido impuestos presuntamente gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado, según el auto, a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.
Anticorrupción reclama para Duato 32 años de cárcel, mientras que Arias se enfrenta a 27 años de prisión. Por su parte, la Abogacía del Estado –que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento– pide similares penas: 28 años para ambos y multas que suman aproximadamente 16 millones de euros.
Cabe recordar que en abril de este año la Agencia Tributaria anunció que anulaba la liquidación por la que reclamaba a Duato medio millón de euros en concepto de unas cantidades presuntamente impagadas de IRPF y a las que ya había hecho frente en su día.
En el auto de apertura de juicio oral, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 imponía a Duato fianza solidaria junto con otros tres acusados de más de 2,5 millones de euros en orden a la eventual indemnización a la Hacienda Pública por el IRPF defraudado correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017.
En cuanto a Arias, el magistrado le imponía también fianza solidaria junto con otros seis acusados por valor de algo más de 2,4 millones de euros por el IRPF dejado de abonar entre los años 2010 y 2015.
El juez Moreno concluyó que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades «cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta les generó».
El escrito de acusación del Ministerio Público se dirigía también contra cuatro entidades como responsables civiles y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho Fernando Peña.
Según Anticorrupción, Peña, «con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba» bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo.
Esas sociedades –en número superior a 200– eran empleadas «tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realización de las actividades ilícitas» investigadas en la causa.
Esa opacidad era buscada tanto frente a la Hacienda Pública como frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentaban algún derecho de crédito contra los encausados. «Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas», recuerda el Ministerio Público.
Añadía el escrito que las estructuras societarias creadas eran prácticamente idénticas para todos los clientes afectados del bufete Nummaria y la finalidad de las mismas en la mayor parte de los casos era evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades o el IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF.
En concreto, para el actor Imanol Arias, Nummaria creó una estructura que le permitió ocultar al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión ‘Cuéntame cómo pasó’. De acuerdo con el escrito de Anticorrupción, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2,7 millones de euros.
Por este motivo, al actor se le imputan en total seis delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago del IRPF de los años comprendidos entre 2010 y 2015, ambos inclusive.
Por su parte, según el escrito de Fiscalía, la actriz Ana Duato defraudó la cantidad de 1,9 millones de euros a Hacienda, y se le imputan siete delitos fiscales relacionados también con el IRPF. En su caso en dos periodos: el de 2010-2012, y el comprendido entre 2014 y 2017.
En cuanto al ‘cerebro’ del entramado, Fernando Peña, habría defraudado 15,7 millones de euros, y la Fiscalía le acusa de 68 delitos por los que se le piden 298 años y 9 meses de prisión. Entre esos delitos se haya el de organización criminal, el de estafa procesal, un delito de falsedad de documento mercantil, dos delitos de insolvencia y decenas contra la Hacienda Pública.
Según Anticorrupción, para controlar el sistema que permitía a clientes como Arias y Duato defraudar el pago de impuestos, el responsable de Nummaria contó con su hijo Pedro Ángel Peña Bello y los jefes de departamento José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodón (contable) y Francisco Javier Gómez Gutiérrez (jurídico), quienes, de acuerdo a lo instruido, «actúan coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Peña y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su ilícita actividad de forma permanente al menos desde el año 2005».
El sistema que utilizaban mantenía en muchos casos oculta la titularidad de las sociedades, lo que evitaba contingencias fiscales por IRPF, así como las asociadas al reparto de beneficios desde las sociedades a sus accionistas (dividendos y asimilados) o posibles ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de la tenencia y/o aportaciones de capital vía ampliaciones o préstamos desde las personas físicas a las sociedades operativas, según explica el instructor.
Para conseguirlo, evitaban que la facturación a clientes se hiciera desde las sociedades operativas, desplazando dicha facturación hacia sociedades sometidas al régimen de atribución o imputación de rentas, que finalmente consiguen simular la salida de España de las rentas sin tributación alguna en el país.
