Los sindicatos mayoritarios de Justicia, CCOO, CSIF y STAJ, vuelven a reivindicar el conflicto abierto y exigen la apertura de la negociación de un conflicto que quedó interrumpido con el adelanto electoral de Pedro Sánchez.
A la vista del retraso en formar Gobierno, y pese a la parálisis institucional, vuelven a pedir una solución a su conflicto. Según explica a Moncloa.com el secretario general del sector de Administración de Justicia de Comisiones Obrera, Luis Calero, desde el Ministerio de Justicia han demostrado que pese a que aún no existe un nuevo Gobierno, se puede negociar, ya que el propio secretario de Estado, Antonio Julián Rodríguez Ezquerdo, les ha convocado la semana pasada a una mesa de negociación para tratar sobre las oposiciones de Cuerpos especial del INTCF al Cuerpo de LAJ (Letrados de la Administración de Justicia).
Tras recibir la convocatoria de esta reunión, CCOO, CSIF y STAF pidieron al secretario de Estado que incluyera en el orden del día también las reivindicaciones que fueron motivo de conflicto antes de las elecciones generales. Sin embargo, la respuesta de Rodríguez Ezquerdo ha sido aplazar la reunión prevista para el 3 de octubre, sin fijar una nueva fecha, ante la negativa de los sindicatos a asistir a dicha reunión si no se incluían en el orden del día sus peticiones. También hacían un llamamiento al resto de los sindicatos de la mesa para que secundaran su postura.
Calero insiste a Moncloa.com que el Ministerio ya ha asegurado que los acuerdos alcanzados antes de las elecciones «no corren peligro», lo que para el representante de CCOO es una demostración de que quieren transmitir una «imagen de normalidad», convocando mesas de negociación, pero «obviando la realidad del conflicto».
UN CONFLICTO CON 45.000 FUNCIONARIOS QUE ATASCÓ MILLONES DE ACTOS JUDICIALES
Los tres sindicatos de Justicia han escrito a la ministra, Pilar Llop, al secretario de Estado, Rodríguez Ezquerdo y al secretario General para recordarles que es «un insulto» a los 45.000 funcionarios de Justicia convocar otras reuniones, ignorando la negociación que quedó interrumpida con las elecciones.
En su misiva insisten a Llop que el conflicto «existe y pervive», recordándola que antes del 23J ya ha supuesto el atasco de millones de actuaciones judiciales y la suspensión de juicios y vistas. De ahí que recalquen lo prioritario que supone resolver el conflicto.
Calero recuerda también los encierros que realizaron y, ante la nueva etapa, no descarta ningún tipo de movilización y nuevos atascos en el sistema judicial.
A los sindicatos de los funcionarios de Justicia les ha molestado mucho que responsables del ministerio se hayan reunido con los representantes de los Letrados de Administración de Justicia y anunciado que los acuerdos con ellos, y los suscritos también con los Jueces «no corren peligro», mientras ignoran los problemas del resto de los trabajadores de Justicia.
Por ello, exigen que «cumplan la palabra dada» así como el compromiso público adquirido de negociar con los representantes de los funcionarios. Y no sólo por su palabra sino porque es «de sentido común y de justicia… y por obligación ética» negociar ese acuerdo como lo ha hecho con el resto de los colectivos de Justicia, más aún cuando parece que va a haber continuidad de los responsables del ministerio.
LOS SINDICATOS DE JUSTICIA NO ENTIENDEN QUE HAYA DINERO PARA UNOS Y NO PARA OTROS
Otro de sus argumentos para exigir la negociación es que no entienden que desde el 28 de marzo, en que el ministerio firmó el primer acuerdo (con los jueces) que «haya dinero para unos y no lo haya para otros, para la mayoría, en el marco de transformación de la Justicia» que afecta a todos, en el que los funcionarios de Justicia tienen mucho que decir.
Ante esta situación, CCOO, CSIF y STAF piden la negociación de un acuerdo con la cobertura presupuestaria, con un documento por escrito de las propuestas que el ministerio está dispuesto a asumir, sobre la base de las propuestas sindicales.
Cabe recordar que entre sus propuestas se pedía la no discriminación respecto a los jueces y a los letrados de la Administración de Justicia; reconocer las funciones que realizan los funcionarios desde los Cuerpos Generales de la Administración Pública; desarrollar el complemento de carrera, que fue reconocido pero que sigue sin aplicarse; recuperar la ley de eficiencia organizativa, que decayó por el adelanto electoral, pero que «si el Gobierno volviera a remitirla de manera inmediata podría recuperarse». Esta última ley es fundamental para los funcionarios porque en ella se recogen sus condiciones laborales.
