El Gobierno en funciones ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros las subidas salariales de entre 430 y 450 euros al mes pactadas con jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
«Hemos dado luz verde al acuerdo de actualización salarial de los jueces y fiscales; y a lo que afecta a los LAJ, incrementos retributivos que cumplen con los acuerdos que se alcanzaron este mismo año», ha precisado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Así las cosas, se prevé que próximamente se haga efectivo el incremento salarial que debía haberse hecho efectivo el pasado julio para los LAJ y este octubre en el caso de jueces y fiscales.
Según ha explicado Montero, «esta subida salarial se aplicará de forma progresiva con diferentes hitos a finales de este año y a mediados del año que viene para completar todo lo que es el acuerdo retributivo a partir del 1 de julio de 2024».
Al hilo, además, ha apuntado que en el caso de los LAJ este incremento «se suma» a «otras medidas de mejora de sus condiciones salariales y retributivas que se aprobaron también en acuerdos del Consejo de Ministros anteriormente».
ASOCIACIONES REACCIONAN
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han celebrado que el Ejecutivo haya aprobado este martes el acuerdo firmado en mayo. «La actualización salarial de judicatura y fiscalía es un triunfo de la negociación, que ha permitido cumplir una previsión legal sin daño para la Administración de Justicia», puesto que «no ha sido necesaria la huelga para alcanzar un acuerdo», ha señalado su portavoz Edmundo Rodríguez Achútegui en un comunicado.
El representante de JJpD ha incidido también en que «hay que poner en valor que el acuerdo que ahora se cumple haya reflejado de algún modo la preocupación por la carga de trabajo de buena parte de los tribunales, como prueba el compromiso de creación de plazas», y el mantenimiento de una mesa permanente de negociación «que evite que haya que esperar cinco años» para atender razonables peticiones de los cuerpos judiciales y fiscales.
Por su parte, el extinto comité de huelga de los LAJ ha emitido un comunicado en el que ha mostrado menos optimismo. «Con tres meses de retraso, se empieza así a dar cumplimiento, si bien parcialmente, al acuerdo que puso fin a más de dos meses de huelga indefinida», ha apuntado.
Según ha precisado, «quedan aún por cumplir el resto de medidas que se recogieron en dicho acuerdo». Por ello, han exigido que «se hagan efectivas sin dilación» tanto la aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico del Cuerpo de Letrados que, entre otrascuestiones, elimine la «cuarta categoría», establezca el régimen de los encargados del Registro Civil, regule el régimen de libranzas y garantice la efectividad de la audiencia a las asociaciones; aprobación del decreto regulador de nuestro régimen de sustituciones, entre otras cuestiones.
MESES DE NEGOCIACIONES
El visto bueno del Ejecutivo tiene lugar después de que, a mediados de septiembre, el Ministerio de Justicia explicara que la subida no se había hecho efectiva aún por la «situación política» que atravesaba el país –con un Gobierno aún en funciones y con un debate de investidura pendiente para finales de septiembre–.
En aquella ocasión, el Departamento dirigido por Pilar Llop avisó a los operadores jurídicos de que los acuerdos firmados tenían efectos retroactivos y que no corrían ningún peligro.
Las asociaciones de jueces y fiscales exigieron al Ejecutivo en funciones el pasado 12 de septiembre que cumpliera con la subida salarial de unos 450 euros al mes que pactaron en mayo en el marco de la mesa de retribuciones para evitar la huelga indefinida y advirtieron de que tomarían «medidas» para lograr que se ejecutase lo acordado.
En el mismo sentido se pronunciaron los LAJ el pasado julio, cuando reclamaron formalmente al Gobierno que cumpliese el acuerdo alcanzado en marzo –que contemplaba, entre otras cosas, una subida salarial de hasta 450 euros mensuales– para poner fin a la huelga indefinida que mantuvieron durante tres meses.
Así las cosas, finalmente se materializa el acuerdo firmado con los LAJ en marzo –tras dos meses de huelga– y el alcanzado con jueces y fiscales el pasado mayo para evitar la huelga planteada por seis de las siete asociaciones.
Tras resolverse en conflicto con jueces, fiscales y LAJ, queda pendiente que se resuelva el conflicto colectivo con los funcionarios de la Administración de Justicia, que antes de verano y a raíz del ambiente electoral suspendieron la huelga.
