El 87 por ciento de los colegios concertados cobra una cuota base mensual en enseñanzas obligatorias a las familias en el curso 2023-2024, «en contra de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, de lo establecido por la LOMLOE y de sus diferentes desarrollos autonómicos».
Así lo han denunciado la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes-CICAE, que han hecho público este jueves los resultados del ‘VIII Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados’, que analiza 330 centros de ocho comunidades autónomas.
En este sentido, las entidades han criticado «la disparidad que existe entre los colegios concertados dependiendo de su ubicación», con cuantías promedio más elevadas en Cataluña (214,5 euros), la Comunidad de Madrid (129,1 euros) y el País Vasco (99,6 euros), donde todos los centros analizados cobran cuotas. Las cuotas son algo menores en la Comunidad Valenciana (82,9 euros), Andalucía (53,1 euros), Murcia (52,9 euros), Galicia (47,6 euros) y Aragón (41,3 euros),
«A la cuota base mensual se añaden otros gastos a los que las familias han de hacer frente (comedor, matrícula, cuota tecnológica, gabinetes psicopedagógicos, seguros, otros servicios), que sumado puede llegar a suponer desde 2.000 euros hasta 10.000 euros anuales por alumno en la Comunidad de Madrid o Cataluña«, han alertado.
La consultora Garlic B2B, encargada de este estudio, ha reconocido que una de las mayores dificultades que encuentra para realizar la investigación es la «insistencia que se requiere para que los colegios concertados informen y entreguen documentación precisa a las familias sobre lo que cobran y en concepto de qué», ha asegurado Amparo Núñez.
Esta investigación se lleva a cabo a través de la metodología mystery shopper, de modo que los técnicos simulan ser padres o madres que solicitan información para la matriculación de sus hijos en Segundo Ciclo de Infantil para el curso escolar 2023-2024. Según estas entidades, «a pesar de requerirlo en más de una ocasión», el 39 por ciento de los colegios analizados no llegan a entregar documentación o escrito en el que se indique los precios que han de abonar.
CASOS DE EXCLUSIÓN POR IMPAGO
Asimismo, la investigación sostiene que en el 76 por ciento de los colegios el cobro que se exige a las familias es obligatorio, contraviniendo la legislación vigente. También se ha detectado un 16 por ciento de casos de exclusión en el supuesto de que una familia no pueda o quiera hacer frente a esa cuota, alcanzando el 36 por ciento en la Comunidad de Madrid.
A este respecto, Núñez ha explicado que los casos de exclusión surgen cuando un colegio «aparta o indica a la familia que no puede asistir» el alumno a determinadas actividades complementarias, excursiones o iniciativas que determine el colegio por no pagar esa cuota».
«Nos llama especialmente la atención que, año tras año, no solo no se rebajen las cuotas, sino que sigan subiendo a pesar del enorme esfuerzo que supone para las familias. Y todo ello con la pasividad de las administraciones, que siguen sin hacer nada para evitar que los colegios que reciben dinero público se sigan lucrando a costa de las familias. Hablamos de colegios en los que prima el negocio por encima del proyecto educativo, y eso va en perjuicio de la educación y del propio alumnado», ha declarado la vicepresidenta de CEAPA, Leticia Cardenal.
La vicepresidenta de CEAPA ha puesto de relieve que les «preocupan en especial aquellas familias que, matriculando a sus hijos o hijas en la concertada por criterio de proximidad, se ven obligadas a pagar unas cuotas elevadas, por complementos, actividades complementarias, en horario escolar o por seguros escolares». «La administración no debe dejar desprotegidas a esas familias», ha subrayado.
Para la directora general de CICAE, Elena Cid, es «inadmisible» que las Administraciones Públicas «permitan el incumplimiento normativo y no pongan freno a estas prácticas, conocidas por toda la sociedad». «En un sistema sostenido con fondos públicos, algunos centros hacen un uso abusivo e ilegal de las cuotas, siendo muy poco transparentes con las familias y actuando como ‘privados low cost'», ha remarcado.
Según la directiva, es grave «cómo el sistema de conciertos se está desvirtuando, pues cuando se crearon nunca se pensó en que fueran entidades mercantiles lucrativas». «Tienen todos los gastos de funcionamiento cubiertos por la administración y en ocasiones exigen donaciones, aportaciones voluntarias, pago por actividades complementarias o complementos formativos, cuando la realidad es que las familias están soportando un copago por enseñanzas obligatorias», ha denunciado.
Elena Cid ha realizado un llamamiento a las Administraciones Públicas para que garanticen el cumplimiento normativo, ya que «se está produciendo una competencia desleal para la escuela pública, la concertada tradicional que cumple con su compromiso de gratuidad y para los colegios privados». Para ello, cree que el primer paso es que «no se autorice a los colegios a cobrar cuotas, que rindan cuentas, ya que reciben importantes subvenciones, y que su sistema de financiación sea transparente para toda la sociedad».
