El Gobierno ha acordado con Bruselas que los fondos europeos que recibe España se dediquen a «inversiones productivas», lo que significa que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que gestiona directamente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dejarán de financiarse con dinero procedente de los fondos Next Generation.
El Plan de Recuperación inicial del Gobierno de España incluía al IMV y a los ERTE (cíclicos y sectoriales para la reducción de las cuotas a la Seguridad Social) para recibir financiación de los fondos europeos. Pero antes de comenzar la segunda fase del desembolso de dichos fondos, el Ejecutivo español tuvo que negociar el destino de los 94.000 millones de la nueva partida que llegará a España e introducir cambios en el Plan de Recuperación. La conclusión de estas negociaciones fue que el dinero se tendrá que destinar a inversiones productivas, y tanto el IMV como los ERTE no lo son.
A cambio, Bruselas permitirá a España dar incentivos en el IRPF para la mejora de la eficiencia energética de la vivienda en los próximos dos años. También habrá incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos y estaciones de carga en los hogares entre 2023 y 2025. Estos son los cambios necesarios para acceder al cuarto pago de los fondos pendientes de la primera fase consistente en otros 10.000 millones de euros. El visto bueno definitivo lo tendrá que dar el Consejo Europeo a mediados de noviembre como muy tarde.
Estas negociaciones con Bruselas también incluyeron otros cambios, por el parón que ha supuesto la celebración de las elecciones generales del 23J, como el retraso de la reforma de la Justicia comprometida ni la futura ley de la Función Pública, como asuntos más trascendentes.
LA INVERSIÓN PRODUCTIVA ACAPARARÁ LOS FONDOS EUROPEOS
De esta forma, está previsto que España reciba otros seis desembolsos en préstamos por valor de 83.200 millones de euros, aunque cumpliendo antes una serie de condiciones. La ejecución de estos préstamos se podrá alargar hasta 2026 siempre que se canalicen los fondos a través de entidades púbicas como el Instituto para la Divesrificación y Ahorro de la Energía (IDAE) o la Empresa Nacional de Innovación (Enisa). También se tendrán que culminar los proyectos estratégicos (PERTE) pendientes como es el caso de los destinados a la producción de hidrógeno.
El IMV y los ERTE, además de no ser inversiones productivas, también tienen en su contra que se trata de una inversión muy difícil de evaluar. La propia AIReF le había dicho al ministro Escrivá que el diseño que había realizado del Ingreso Mínimo Vital ha impedido contar con datos evaluables para tasar su eficacia, motivo de enfrentamiento entre la actual presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, y el expresidente de esta entidad y actualmente ministro en funciones José Luis Escrivá. Herrero recriminó a Escrivá que por este tipo de diseños España no está prepara para evaluar sus políticas públicas.
La AIReF ha asegurado que España no está preparada para evaluar sus políticas públicas
Es más, Herrero concretaba que las políticas púbicas que se elaboren deben tener objetivos concretos y cuantificables, de lo que carece el IMV sobre el que solo se dijo que tenía como objetivo prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, además de garantizar un nivel mínimo de renta. Los resultados que ha tenido el IMV le dan la razón a Herrero si se tiene en cuenta los difíciles comienzos de su puesta en marcha y las dificultades, muchas veces insalvables, que sufren sus solicitantes.
ESCRIVÁ NO CORRIGIÓ LAS DENUNCIAS DE LA AIReF PARA EVITAR PERDER LA FINANCIACIÓN EUROPEA
Pese a las advertencia de la AIReF, Escrivá no corrigió las deficiencias de su modelo de IMV. La entidad presidida por Cristina Herrero le había dicho que definiera lo que entendía por pobreza y especificara qué porcentaje de renta media se quiere cubrir con este ingreso mínimo (como se utiliza en la mayoría de los países de la UE) o que precisara el indicador de referencia.
Las discrepancias del Ministerio de Inclusión hasta se han producido en el número de beneficiaros, dado que los datos mensuales solo ofrecían el número acumulado de personas que lo reciben desde marzo de 2020 en que fue aprobada esta ayuda, mientas los cálculos de la AIReF certificaban que sólo habían llegado al 35% de los 800.000 beneficiaros potenciales, mientras que transcurridos más de tres año se ha estancado en los 284.000 hogares en el primer semestre de 2023, prácticamente los mismos datos que en 2022.
Pero el número dos de la Seguridad Social, Borja Suárez, explica que no se muestra el dato desagregado porque el total de 690.214 familias y más de dos millones de personas beneficiadas ofrece una «fotografía más precisa».
En cuanto al dinero recibido de los fondos europeos, el Ministerio de Inclusión presentó la petición para financiar proyectos para crear itinerarios de inclusión social para los beneficiarios del IMV. En total, recibió casi 298 millones de euros. A ello se suma la creación de un laboratorio de políticas de inclusión donde se han desarrollado 34 proyectos piloto que, con un presupuesto de 212 millones de euros, que finalizarán el 30 de noviembre de 2023. También a principios de 2023 el Gobierno aprobó 110 millones de euros para la formación de «familias monoparentales, menores en situación de pobreza, o personas sin hogar» o colectivos y etnias discriminadas.
ESCRIVÁ BUSCA FINANCIAR EL IMV VÍA PRESPUESTOS CON INVERSIONES SOCIALES
Una vez que el Gobierno ha confirmado su decisión a Escrivá, el ministro deberá ponerse de acuerdo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para poder financiar el IMV. La secretaria de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua, trata de designar una serie de inversiones sociales a fin de ‘proteger’ las partidas del ajuste fiscal que se prevé para 2024, si Pedro Sánchez logra su investidura, se aprueban los PGE y con ellos la enésima reforma fiscal.
Por el momento, la Comisión Europea ha encargado a los estados miembro separar las políticas sociales de las disputas ideológicas con el objetivo de dar prioridad a la evidencia científica en este tipo de políticas.
Por lo que respecta a los ERTE, prácticamente ya no se usan, ya que su utilidad fue clara en el momento de la pandemia al salvar el puesto de trabajo de casi tres millones de trabajadores, además de evitar el cierre de miles de empresas al subvencionarse el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
