El Constitucional ha vuelto a traer a la actualidad el caso de los ERE de Andalucía. Los ERE de Andalucía siguen coleando. Había sentencia, había condenados, había ingresos en prisión, había retrasos en esos ingresos por enfermedad, y hasta había peticiones de indulto, la última maniobra socialista para eludir la responsabilidad del fraude de los ERE. Y todo esto en un proceso que ha durado más de una década, de dimes y dirites pese a ser uno de los grandes escándalos de corrupción a gran escala de más de 680 millones de euros, de los que no se han recuperado ni 23 millones.
Después de todo este larguísimo proceso, el renovado Tribunal Constitucional ha decidido elaborar un informe en el que asumiría los argumentos de la defensa de los condenados que dejaría sin efecto la sentencia que condenó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 10 altos cargos de la Junta de Andalucía gobernada entonces por el PSOE.
El objetivo del informe del Constitucional, cuyas conclusiones previsiblemente no estarán hasta el verano de 2024, sería argumentar la futura anulación de la sentencia del caso ERE y, con ello evitaría que el Gobierno que preside Pedro Sánchez tuviera que pronunciarse sobre el indulto solicitado por los familiares de los afectados.
EL CONSTITUCIONAL EXCULPARÍA A GRIÑÁN, CHAVES Y OTROS 10 ALTOS CARGOS
Cabe recordar que la sentencia más elevada recaía sobre el expresidente andaluz, José Antonio Griñán, condenado a 6 años y dos días de cárcel e inhabilitación durante 15 años y dos días. La entrada en prisión de Griñán se ha demorado ante su petición para poder seguir un tratamiento contra el cáncer. También resultaron condenados la exconsejera de Economía de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, que ingresó en prisión el 29 de diciembre de 2022, así como el anterior expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, quien no tuvo que entrar en prisión, pero fue inhabilitado durante nueve años. Los delitos de la condena fueron el de prevaricación y malversación continuada.
El Constitucional decidió elaborar el informe tras admitir a trámite el recurso presentado por los condenados en junio pasado
La elaboración del informe se decidió cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos que habían presentado los condenados a principios del pasado mes de junio. Justo después de haberse celebrado las elecciones municipales del 28M y cuando Pedro Sánchez ya había anunciado la convocatoria de elecciones generales para el 23J.
De momento, el informe inicial no tendría consecuencias jurídicas, pero la institución judicial presidida por Cándido Conde Pumpido, ya ha explicado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y ratificada por el Tribunal Supremo presenta un “problema relativo a una faceta de derecho fundamental, que afectaría al artículo 25 de la Constitución española y sobre el que no existiría doctrina constitucional”.
EL CONSTITUCIONAL PODRÍA CONCLUIR QUE LOS ACTOS DENUNCIADOS NO SERÍAN ADMINISTRATIVOS SINO POLÍTICOS
Con este argumento se daría la razón a los abogados defensores de los acusados que durante los juicios consideraron que la aprobación de un anteproyecto de Ley de Presupuestos y su remisión al Parlamento andaluz no es un acto administrativo, al ser un primer paso de la fase que se denomina “prelegislativa”.
Y, en consecuencia, los acuerdos del Consejo de Gobierno andaluz y las modificaciones presupuestarias posteriores tampoco serían actos administrativos, sino políticos. De asumirse estos argumentos, quedaría sin efecto todo el proceso judicial y su consiguiente sentencia.
La sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, podría quedar anulada si se consideran que los hechos fueron decisiones políticas y no actos administrativos
Conocido el trabajo que está realizando el Tribunal Constitucional las críticas desde la Junta de Andalucía no se han hecho esperar ya que consideran que esta nueva maniobra “sería un retroceso democrático muy peligroso”, según ha explicado el Consejero de Presidencia de Andalucía, Antonio Sanz, quien calificó la situación de «vergüenza y escándalo» si el mayor escándalo de corrupción de la historia queda impune.
También el consejero de Justicia andaluz, José Antonio Nieto, ha concretado que se anularía el trabajo judicial de una década. Nieto ha recordado que como hechos probados existe la constancia de que «miles de millones de euros» se utilizaron con fines políticos y ha recalcado que el Tribunal Constitucional está para valorar si una sentencia es o no constitucional, pero que no puede volver a juzgar.
Pese a estas críticas, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha afeado la conducta del Gobierno regional que presidente Juanma Moreno al asegurar que mientras exige que los condenados en el caso ERE no pueden quedar impunes, al mismo tiempo la Junta de Andalucía «pide el archivo de causas por las que reciben tirones de orejas por parte de los jueces».
