El PSOE trata de frenar el control de Feijóo a Sánchez en el Senado

El PSOE está esperando a que el PP mueva ficha. Desde que el 17 de agosto en que se constituyeron las Cámaras del Congreso de los Diputados y del Senado, el Ejecutivo en funciones no ha pasado por ninguna sesión del control del Gobierno. La parálisis con la investidura, primero de Alberto Núñez Feijóo, y ahora con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez parece que no deja tiempo para cumplir con una de las normas constitucionales: la sesión al control del Gobierno.

También es cierto que el PP hasta ahora tampoco lo ha intentado. Pero tras el debate sobre la amnistía en el Senado los dirigentes populares han comprobado el ‘poder’ y proyección pública que pueden tener desde la Cámara Alta. Por este motivo, a partir del próximo mes de noviembre exigirán al Gobierno en funciones pasar por la sesión de control.

En el Congreso de los Diputados les resulta prácticamente imposible dado que tras el debate de investidura fallido de Feijóo en la Cámara Baja prácticamente no ha habido actividad alguna. Tan sólo se han constituido tres comisiones y la mesa de portavoces se ha reunido en muy contadas ocasiones.

LA ÚLTIMA SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO TUVO LUGAR EL 26 ABRIL

El Pleno del Congreso no se ha vuelto a reunir desde la fallida investidura de Feijóo
El PSOE ha evitado que se vuelva a convocar el Pleno del Congreso desde la fallida investidura de Feijóo

Echando mano de hemeroteca, la última sesión de control que pasó el Gobierno en el Congreso tuvo lugar el pasado 26 de abril, un mes antes de las elecciones autonómicas y locales. Y ante los resultados de estos comicios, Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones generales para el 23 de julio, por lo que se disolvieron las Cortes y sólo quedó abierta la diputación permanente del Congreso.

Pero las Cortes volvieron a constituirse el pasado 17 de agosto. Y desde entonces el Gobierno en funciones no ha acudido a explicar nada de lo que está pasando en nuestro país, incluida la presidencia de turno de la UE, el reciente conflicto en Israel y las diferentes voces que se están escuchando entre los miembros del Gobierno… Evidentemente, no se le puede pedir a Sánchez que hable de las negociaciones que está manteniendo con los partidos políticos para su investidura. Ya le gustaría a Alberto Núñez Feijóo.

Pedro Sánchez lleva desde el 26 de abril sin someterse a una sesión de control ni en el Congreso ni en el Senado

También es cierto que ningún Gobierno ha pasado una sesión de control en la Cámara Alta antes que en la Cámara Baja. Los que siguen el funcionamiento de las Cortes recuerdan que el presidente Mariano Rajoy estuvo 300 días (cerca de 10 meses) sin pasar por las citadas sesiones de control. Fue el periodo transcurrido entre que convocó elecciones en 2015 hasta que logró ser investido como presidente del Gobierno en octubre de 2016.

Entonces fue el PSOE el que se quejó. Hasta llevó el problema al Tribunal Constitucional, dándole la razón dos años después al considerar que Rajoy había “menoscabado” la atribución constitucional del Congreso de los Diputados.

Ahora desde el Senado se plantean con su mayoría absoluta convocar un pleno a principios de noviembre para plantear la sesión de control al Gobierno. Echarán mano de su mayoría en la mesa del Senado, así como en la Junta de Portavoces. El PP quiere que se celebre un pleno en el Congreso de los Diputados para someter al Gobierno a la sesión de control, pero si no prospera su propuesta, entonces pasaría al Senado, donde al Gobierno en funciones no le quedaría otra opción que acudir.

EL PSOE TRABAJA EN REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EVITAR EL VETO AL TECHO DE GASTO

María Jesús Montero podría ver vetado su techo de gasto en el Senado y no poder presentar los Presupuestos Generales del Estado 2024
María Jesús Montero podría ver vetado su techo de gasto en el Senado y no poder presentar los Presupuestos Generales del Estado 2024

Mientras en el PP juegan con estas posibilidades, en el PSOE han comenzado a estudiar la forma con la que frenar los movimientos de la mayoría absoluta del PP en el Senado. No sólo por las sesiones de control, sino para que desde la Cámara Alta no se retrase ni se obstaculice la labor legislativa del Gobierno paralizando las leyes que se envíen desde el Congreso al Senado. Todo esto, si Pedro Sánchez consigue ser investido como presidente del Gobierno.

De ser así, el PSOE está trabajando en una reforma legal para eliminar al PP su derecho de veto en el Senado para el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sin el que sería imposible que María Jesús Montero no podría presentar los PGE de 2024, en los que lleva trabajando desde antes del verano. Precisamente, aprobar las cuentas públicas del próximo año sería uno de los primeros anteproyectos de ley que presentará el Gobierno.

El PSOE pretende reformar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que el PP no vete el techo de gasto

Pedro Sánchez tiene a sus expertos trabajando para tener disponible una reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no impida su tramitación. Dicha ley, de no reformarse, contempla que tanto el Congreso como el Senado aprueben los objetivos de estabilidad presupuestaria por mayoría simple y, lo más importante en estos momentos, por separado.

Lo curioso es que esta reforma lleva escrita en un cajón hace cinco años. La reforma contempla que, si el Senado veta el techo de gasto, entonces el Congreso de los Diputados puede levantar el veto, como ocurre con el resto de las leyes que se tramitan en ambas cámaras.

Los socialistas argumentan sobre esta reforma que ya en 2012 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, introdujo una modificación en la misma Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para dar al Senado capacidad de veto en materia de gasto.

Ahora desempolvan la reforma que en 2018 había pactado el PSOE con Unidas Podemos y ERC para cambiar ese punto de la Ley Orgánica, por el que, si el techo de gasto de los Presupuestos fuera aprobado por el Congreso y al ser remitido al Senado éste lo rechazara, el proyecto volvería al Congreso para una nueva votación, donde se podría ratificar por mayoría simple. De decaer también en el Congreso, el Gobierno tendría el plazo de un mes para presentar un nuevo proyecto de techo de gasto, teniendo que pasar por el mismo procedimiento en Congreso y Senado.