Rudi dice que Sánchez sigue pagando con la Ley de Amnistía la «hipoteca» de la moción de censura de 2018 contra Rajoy

De Grandes asegura que «el sanchismo» está «abriendo grietas» en la democracia y haciendo «más fuerte» a minorías a izquierda y derecha.

La expresidenta del Congreso y expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, considera que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, sigue pagando con la Ley de Amnistía los plazos de la «hipoteca» de la moción de censura que impulsó en 2018 contra Mariano Rajoy. Además, ha avisado que esa norma supondrá una «enmienda de totalidad» a lo dictado por los tribunales en el ‘procés’ para intentar «cambiar las sentencias».

Así se ha pronunciado en las jornadas parlamentarias organizadas por el Grupo Popular en el Congreso bajo el título ‘Frentea la amnistía: igualdad, libertad y dignidad’ que ha inaugurado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Aparte de Rudi, en la primera mesa –moderada por el periodista de ABC Juan Fernández Miranda– han participado Luis de Grandes, José Ramón Caso, Soledad Becerril y Eugenio Nasarre.

Rudi ha recalcado que los apoyos con los que sacó Sánchez la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy suponen una «gran hipoteca para el PSOE». «La hipoteca la firma en mayo del 2018 el señor Sánchez, pero los plazos los sigue pagando o lo pagamos todos los españoles», ha aseverado.

Tras asegurar que la izquierda busca «dividir y radicalizar a la sociedad», ha indicado que se ha recuperado «corregido y aumentado» el llamado ‘Pacto del Tinell’ que impulsó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero para impedir un Gobierno del PP.

Tras denunciar el «deterioro» del Parlamento con Pedro Sánchez, la también exalcaldesa de Zaragoza ha afirmado que la amnistía es una «enmienda de totalidad» a lo dicho por los tribunales. «No es que perdone el delito sino que supone cambiar las sentencias de los tribunales», ha apostillado.

Además, ha recordado que la que fuera vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo dijo en su día que la amnistía «no es planteable en un Estado constitucional democrático» porque «sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, el judicial». «Siempre se dice que las palabras se las lleva el viento, en este caso me parece que las ha borrado la lluvia», ha añadido.

Por su parte, el exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Luis de Grandes ha acusado a Sánchez de querer «imponer» la amnistía como «traje a medida para posibilitar su investidura» y que fue definida como «inconstitucional» por cargos del Gobierno y del PSOE. A su entender, España hoy «asiste perpleja a la subasta de España por parcelas» con un presidente del Gobierno en funciones «actuando en contra de sus solemnes compromisos preelectorales» y que está «dispuesto a hacer trizas la lealtad constitucional que presidió el espíritu que animó a sus predecesores».

¿SOMETER LA CONSULTA A REFERÉNDUM SI SE APRUEBA?

De Grandes ha criticado que Sánchez invoca que se hace en nombre de España. «No se puede en el nombre de España pisotear el principio de la división de poderes, desproteger a las instituciones y escupir en el principio de igualdad ante la ley», ha asegurado, para acusar al PSOE de Sánchez de estar paso a paso «desmontando toda la arquitectura constitucional».

«El sanchismo, le guste o no, a quien lo han provocado, está abriendo grietas en la democracia española y está haciendo más fuerte a izquierda y derecha a quienes eran exiguas minorías», ha avisado Luis de Grandes, que ha rechazado que la amnistía se someta a un referéndum en toda España si al final se aprueba en el Parlamento por entender que sería una vía «gratuita y fácil».

Poco después, Rudi ha admitido que ella no es partidaria de ese referéndum porque es defensora de la democracia representativa y no de trasladar la responsabilidad de los parlamentarios a los ciudadanos. Sin embargo, ha dicho que sin ser partidaria, sería una «situación excepcional» y sería «el último cartucho» que les quedaría porque si «eso se sometiera a referéndum lo perdería el Gobierno».

«DESCRÉDITO» Y «DESCONFIANZA» ANTE LOS POLÍTICOS

En su turno, el exdiputado José Ramón Caso ha destacado que la amnistía «se plantea únicamente porque es una medida necesaria e imprescindible para conseguir la investidura del actual secretario general del PSOE como presidente del Gobierno». «Si los siete votos del señor Puigdemont no fueran imprescindibles, esta amnistía tan necesaria para España y su convivencia no se plantearía», ha apostillado.

Además, Caso ha alertado de que «la desconfianza y el descrédito ciudadano afecta a todos» los que se dedican «al noble ejercicio de la política» y ha lamentado que «el patriotismo constitucional pase a ser sustituido por el patriotismo de partido, que se basa en la dialéctica amigo-enemigo», de forma que «para conseguir retener el poder hay que dividir».

«No es una casualidad, es una política intencionada y deliberada», ha admitido el exdiputado, para avisar que se está «causando un daño muy grave a la convivencia en España y particularmente a Cataluña».

NASARRE RECUERDA AL PP TRES BATALLAS QUE TIENE QUE DAR

Como algunos de los otros ponentes, el exdiputado Eugenio Nasarre ha señalado que Sánchez para permanecer en el poder «necesita a las dos Españas enfrentadas» y ha recalcado que la amnistía de 1977 fue «reconciliación para edificar juntos un futuro común» y ahora se pretende el «quebranto del Estado de Derecho» y hay un «deslizamiento de la democracia parlamentaria hacia un modelo político cesarista o caudillista».

Según Nasarre, el PP tiene «una gran baza en esta legislatura, que es decisiva para salvar a nuestra democracia», dado que gobierna en 12 comunidades. Por eso, ha apelado a «la responsabilidad del PP con tres batallas esenciales»: la batalla de la opinión pública, la defensa de la independencia del Poder Judicial y, en tercer lugar, la defensa de todos los mecanismos que exige una democracia de calidad y el Estado de Derecho.

Finalmente, la exministra y ex Defensora del Pueblo Soledad Becerril ha señalado que la amnistía que se pretende aprobar es «muy selectiva», a diferencia de la que se aprobó en 1977, y vulnera el principio de igualdad ante la ley. «Es una amnistía en la que se selecciona a los personajes, aquellos que convocaron un referéndum anticonstitucional», ha indicado, para mostrarse convencida de que el PSOE encontrará juristas y abogados que defiendan esta amnistía.