El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este miércoles al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos.
«El Defensor del Pueblo ha entregado esta mañana al cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, el informe elaborado sobre los abusos sexuales», ha informado la CEE a través de la red social ‘X’ y ha confirmado el Defensor del Pueblo en un comunicado.
Gabilondo presentó el informe el pasado 27 de octubre a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; y el pasado jueves hizo entrega del mismo al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la Moncloa. De esta manera cumplía la encomienda recibida del Congreso de los Diputados, tras la aprobación de la Proposición no de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022, la cual establecía que el informe debía ser entregado a las Cortes Generales y al Gobierno de España.
El informe recoge que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución.
Además, el documento, de 777 páginas, incluye una encuesta demoscópica encargada a GAD3 que revela que un 0,6% de la población española dice haber sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes o religiosos en la infancia; un 1,13%, en el ámbito religioso y un 11,7% en todos los ámbitos, de ellas, un 3,36%, en el ámbito familiar.
El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada «durante mucho tiempo» por «la negación o la minimización del problema».
En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la «negación y a la ocultación», sino incluso a «presiones» de representantes de la misma en las que «se les culpabilizaba de los abusos sufridos».
No obstante, al mismo tiempo, apunta que también se han detectado buena prácticas en la Iglesia y reconoce «el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida».
Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.
El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.
Los obispos españoles han valorado como «valiosas» las recomendaciones propuestas por el Defensor del Pueblo y han asegurado que diseñarán un itinerario para aplicarlas.
Si bien, con respecto a las indemnizaciones, los prelados aseguraron la semana pasada que colaborarán con el fondo de compensación recomendado por el Defensor del Pueblo siempre que este mecanismo se articule para compensar a todas las víctimas de abusos en la sociedad, no solo a las de la Iglesia. En caso contrario, dicen que compensarán igualmente a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia pero a través de sus propios mecanismo.
A LA ESPERA DEL INFORME DE CREMADES
Al mismo tiempo, los obispos están a la espera de los resultados de la auditoría sobre el mismo asunto que encargaron hace un año y ocho meses al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo y cuya entrega ha tenido varios retrasos. Los prelados decidieron a comienzos de octubre dar un ultimatum al bufete para entregar su informe, plazo que el despacho no ha cumplido –dice que lo tendrá terminado antes de final de año–, aunque finalmente esperarán hasta la próxima asamblea plenaria de la CEE de finales de noviembre para tomar una decisión al respecto.
Fuentes del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo señalaron el pasado 27 de octubre que el bufete «valora y respeta» el trabajo del Defensor del Pueblo y que la firma legal está «concentrada» en este momento en terminar el informe que le encargaron los obispos españoles, el cual, según han señalado, tiene un «enfoque distinto» pero «complementario» con el de Gabilondo.
En concreto, han puntualizado que el documento que presentará Cremades pone «el acento» en «la escucha a las víctimas, en la reparación y en la prevención».
