El que fuera ministro de Energía en 2013 José Manuel Soria ha señalado este miércoles, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra Iberdrola Generación y cuatro de sus directivos por el supuesto sistema ideado para incrementar el precio de la luz, que en su departamento a finales de diciembre de 2013 empezaron a detectar «que los precios iban creciendo a ritmos inusualmente altos», lo que motivó que solicitaran a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) en torno al 10 o 11 de diciembre que hiciera un análisis para determinar qué ocurría.
En su declaración como testigo –que se ha extendido por 20 minutos– y a preguntas del fiscal del caso, Antonio Romeral, ha indicado que esa apreciación la tuvieron porque desde el Ministerio seguían la evolución del sector, si bien ha apuntado que el análisis de las causas correspondía a la CNMC.
Con todo, Soria ha mantenido que no recuerda qué hechos detectaron que les hicieran pedir ese análisis de la CNMC pero ha comentado que los técnicos del Ministerio sí que observaron lo que era una «evolución inusual». «Pero no recuerdo el motivo», ha apostillado.
Sobre si mantuvo conversaciones con las compañías eléctricas en esa fecha al respecto, ha señalado que no recordaba haber hablado con el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, si bien ha explicado que hablaba con frecuencia con los responsables de esas empresas, que había una relación muy fluida.
Ha añadido además que le sorprendería mucho que hubiera llamado la atención a ningún directivo por mantener «pareceres distintos», y ha señalado que en esa época se decidió no incluir en los Presupuestos el déficit de tarifa (3.600 millones de euros) y eso dio lugar a «controversias» con el sector eléctrico porque no gustó la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy.
Cabe recordar que Soria criticó en diciembre de 2013 a las grandes compañías eléctricas y en una entrevista a ABC llegó a señalar que existía «cuanto menos una relación temporal» entre la retirada del Gobierno de la financiación al sistema eléctrico de 3.600 millones de euros y el incremento de los precios en el mercado mayorista.
Hoy, Soria ha recordado que la relación de su departamento con las eléctricas aunque era fluida «siempre se basaba en las discrepancias», y ha añadido que la patronal del sector, Unesa, recurría todas las disposiciones del Ministerio, «y por tanto aquella situación de compromiso incumplido –al no incluir el déficit en los presupuestos de 2014– dio lugar a controversia».
Además, ha indicado que la decisión de sacar esa partida de los PGE fue por la posición del Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por Cristóbal Montoro, y ha reconocido que él «tenía tensiones» no sólo con el sistema eléctrico sino también con el ministro de Hacienda, ante lo que se han escuchado risas en la Sala.
Ha matizado, no obstante, que el Ejecutivo no dejó «tiradas» a las eléctricas porque se optó por otro sistema para financiar la deuda que ya no se cubría con cargo a los Presupuestos: «Iban a cobrar».
LA SUBASTA CESUR
Una de las acusaciones le ha recordado al exministro sus declaraciones a medios de 21 de diciembre de 2013 sobre la subasta CESUR celebrada dos días antes y que fue anulada tras informe de la CNMC en las que sostuvo que se había manipulado.
Hoy, tras comentar que algunos entrecomillados publicados no siempre responden a la realidad, ha comentado que sí recuerda que tras la no validación de esa subasta energética –que sirve para marcar precios para el siguiente trimestre– por parte de la CNMC «circunstancias atípicas», sabían en el Ministerio «que algo raro había pasado», lo que le dio pie a decir que creía que hubo manipulación.
Tras esas subasta fallida, ha recordado, se tomó la determinación desde el Ministerio de preguntar a la CNMC qué se tenía que tomar como referencia para el próximo trimestre para fijar los precios, y una vez que obtuvieron respuesta aprobaron un real decreto para que ese mecanismo transitorio entrara en vigor el 1 de enero de 2014.
EL SISTEMA ORQUESTADO, SEGÚN EL JUEZ
Cabe recordar que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, envió en julio de 2022 al banquillo a la compañía y a cuatro de sus directivos por un delito relativo al mercado y a los consumidores. En un auto, el juez detallaba que, «para conseguir» un «mayor precio en el mercado eléctrico», aumentaron el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre de 2013.
Y lo hicieron, añadía, «a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad». «Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía», explica el juez.
Esa decisión fue adoptada, sostenía, por el equipo directivo de Iberdrola compuesto por el director de Gestión de la Energía y los responsables de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; Gestión de Activos; y Mercados a Corto Plazo y Generación Global.
Para los cuatro directivos la Fiscalía solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas.
El Ministerio Público pide igualmente que se imponga a Iberdrola Generación una pena de multa de 84.891.272 euros — el cuádruple del beneficio obtenido– así como el decomiso de las ganancias obtenidas.
