Vox ha solicitado este lunes a las mesas del Senado y del Congreso de los Diputados que reclamen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informes sobre la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE, a pesar de que esta vía legislativa no obliga a ello, según fuentes del partido consultadas.
La formación liderada por Santiago Abascal también ha pedido a la Mesa del Senado que demande informe al letrado mayor de la Cámara Alta, al considerar que debe pronunciarse, de la misma forma que lo hizo el del Congreso de los Diputados para que la Mesa de la Cámara Baja tomara una decisión sobre la calificación del texto.
En dicho informe, la Secretaría General del Congreso, que ocupa el letrado Fernando Galindo, admitió que puede haber «posibles motivos de inconstitucionalidad» en la proposición de ley pero indicó que no existe una contradicción tan «palmaria» con la Carta Magna como para impedir su tramitación.
En cuanto al informe al Consejo General del Poder Judicial, si bien Vox es consciente de que no es obligatorio pedirlo, al tratarse de una proposición de ley, cree que debe darse la oportunidad al órgano de gobierno de los jueces de informar sobre la amnistía.
Vox entiende que, aunque no es obligatorio, es posible pedirlo y se apoya para ello, entre otras cosas, en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avaló la limitación de poderes de un CGPJ en funciones.
En la misma, la corte de garantías descartó que hubiera un fraude de ley por apostar por esa vía legislativa –por privar a las Cortes Generales de los informes de los órganos consultivos– pero al mismo tiempo afirmó que «nada se opone a que la Cámara pudiera considerar oportuno pedir informe al CGPJ».
El PP ya pidió a la Mesa del Senado, donde tiene mayoría absoluta, que solicite al CGPJ y al Consejo Fiscal que redacten un informe sobre la ley de amnistía al estimar que ambos órganos deben dar su opinión.
«CONFLICTO INSTITUCIONAL»
Las fuentes consultadas explican que este paso forma parte de una estrategia más amplia que tiene como objetivo provocar un «conflicto institucional» para evitar que la amnistía se convierta en ley.
Vox dio el primer paso el pasado 14 de noviembre, cuando presentó una querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ex presidente catalán Carles Puigdemont; así como contra el PSOE y Junts, por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
El segundo frente es, precisamente, el Senado. En este sentido, Vox insiste en que su Mesa debe negarse a tramitar la amnistía, lo que podría dar lugar a que bien la Cámara Alta bien el Congreso de los Diputados planteen un conflicto entre órganos constitucionales ante e TC.
El partido de Abascal ve como precedente válido la decisión de la Cámara Baja en 2021 de no tramitar la proposición de ley de amnistía registrada por los partidos independentistas, después de que los letrados del Congreso de los Diputados advirtieran de que era inconstitucional.
A ello, las citadas fuentes anudan que las mesas de las cámaras no son meros órganos de tramitación, sino que deben velar por el principio de legalidad, esto es, que todos los borradores que llegan a sus manos respeten las leyes, con la Constitución en la cúspide.
No obstante, desde Vox se muestran conscientes de lo arriesgado de la maniobra jurídica, ya que el control previo de constitucionalidad no está contemplado actualmente.
Sobre los efectos de este conflicto entre órganos constitucionales, las fuentes preguntadas admiten igualmente que no están claros, por cuanto se trata de algo novedoso.
ESTRASBURGO, LA ÚLTIMA PLAZA
‘A posteriori’, es decir, si finalmente la amnistía se convierte en ley, Vox también planea combatirla desde los procedimientos de los que forma parte, como el ‘procés’ o ‘Tsunami Democràtic’.
Las fuentes avanzan que, cuando los jueces y tribunales pidan opinión a las partes sobre la aplicación de la ley de amnistía a los casos que tienen entre manos, interesarán la presentación de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
No descartan tampoco la vía del TC, en este caso mediante recursos de amparo por las decisiones contrarias que obtengan en dichos procedimientos o mediante recursos de inconstitucionalidad firmados por las comunidades autónomas en las que gobiernan junto al PP.
Sin embargo, para Vox el canal preferente es Europa. En este sentido, anticipan también la posibilidad de, en última instancia, acabar recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
