El Estado, gobernado por el PSOE de Pedro Sánchez, se enfrenta a un nuevo golpe económico por el impago de la retribución de las energías renovables en Reino Unido. Tres meses después del primer varapalo, un tribunal de Londres atiza de nuevo a España con el embargo de cuatro cuentas estatales en Reino Unido pertenecientes al Instituto Cervantes de Londres.
La Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales, firmado por el magistrado Richard Harold Davison, embarga de nuevo las cuentas de la prestigiosa institución española en un nuevo caso por el impago de las renovables. En este sentido, el grupo Blaskett ha utilizado la misma vía que el fondo Infrared, de HSBC, quien obtuvo también una respuesta favorable con el embargo de cuentas pertenecientes al Instituto Cervantes el pasado mes de abril.
Con el caso de Infrared se ha abierto así el embargo de cuentas para obtener la correspondiente indemnización, rebajada desde los 92 a 28,2millones de euros por los recortes de las ayudas de energías renovables, implantadas por Gobierno de Zapatero entre 2007 y 2008 y que el Gobierno de Mariano Rajoy retiró en 2013. En otros laudos, por otro lado, se especuló con los pagos de la indemnización del desastre del Prestige.
LAS SENTENCIAS JUDICIALES DESPRESTIGIAN AL ESTADO
De hecho, ambos procesos están relacionados. Tras una tortuosa batalla judicial, la sentencia apuntó a una indemnización de 28,2 millones de euros, un montante que Blaskett está intentando cobrar por todas las vías posibles.
tras una tortuosa batalla judicial, la sentencia apuntó a una indemnización de 28,2 millones de euros
El Estado se ha negado a pagar los laudos desfavorables que se han atendido en el CIADI, el tribunal de arbitraje internacional y dependiente del Banco Mundial. Ante este rechazo sin consistencia, los tribunales han buscado vías para poder embargar propiedades y cuentas bancarias, un hecho que daña súbitamente la imagen de un país serio y que deja en mal lugar a quien no asume las sentencias judiciales.
Esta decisión obliga así a congelar los fondos de casi 700.000 libras esterlinas, cerca de 805.000 euros al cambio actual, para indemnizar al grupo Blaskett, uno de los más combativos a la hora de plantar cara a España para obtener legalmente lo que les corresponde.
El propio grupo tiene en marcha otro proceso para embargar la sede de Londres del Instituto Cervantes y de una oficina de la Generalitat de Cataluña, a juicio de la justicia británica también del Reino de España. Además, hay otros inmuebles en los que se han puesto los focos para poder cobrar la indemnización por las renovables, como algunos activos del perímetro de la UNED. Por el momento, ninguno de los centros se ha visto afectado por las decisiones judiciales, pero sí hay un impacto directo en las finanzas.
LOS FONDOS SE FIJAN EN EL INSTITUTO CERVANTES PARA COBRAR DEL ESTADO
El Instituto Cervantes es una de las principales fortalezas del Estado en extranjero. Su expansión internacional ha sido uno de los bienes más codiciados por estos fondos a la hora de cobrar estas sentencias. No corren la misma suerte aquellos inversores españoles, ya que el Tribunal Supremo cortó de raíz esta posibilidad.
No obstante, los fondos internacionales no solo tienen la posibilidad de acogerse a la vía judicial en España, sino abrir arbitrajes en el extranjero, acogiéndose al Tratado de la Carta de la Energía, un convenio que supera a los tribunales españoles y que abre la puerta a demandar a España.
En concreto, se han contabilizado cerca de medio centenar con unas reclamaciones iniciales de más de 10.000 millones de euros. No obstante, los arbitrajes están reduciendo las cuantías entre un 70% y un 80% respecto al importe inicial. De hecho, hasta ahora se han reconocido arbitrajes por un importe de 1.000 millones.
LA INSEGURIDAD JURÍDICA
Los fondos se están moviendo en Reino Unido, EE UU, Australia y Holanda, entre otros. Las exigencias ante la justicia pasan por el embargo de activos y bienes confiables del Estado.
La consecuencia más importante es el daño reputacional y la inseguridad jurídica, así como un retroceso en la imagen internacional del país. Y es que, cuando estos fondos ganan laudos se incentiva que otros grupos también acudan a la vía judicial para pedir sus propias indemnizaciones.
