El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remitido un documento a los embajadores de España en todos los países de la UE con los argumentos que tienen que esgrimir en estas capitales para recabar su apoyo de cara a que se reconozca la oficialidad de catalán, euskera y gallego.
El texto, según han indicado desde estas embajadas a Europa Press, enumera todos los motivos de por qué la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el régimen lingüístico de la UE, como pidió el Gobierno el pasado agosto, no sentaría ningún precedente y recalca la voluntad de España de asumir el coste que esto pueda suponer.
Albares reconoce a los embajadores que entre los socios comunitarios hay «dudas» sobre la posibilidad de que de darse luz verde a catalán, euskera y gallego pudiera «generar un precedente para otras lenguas regionales» que se hablan en los estados miembro.
Para solventarlas, recuerda que la propuesta inicial de agosto ha sido mejorada, con la inclusión de un anexo en el que se expone al detalle la «especificidad del caso español» para justificar así el aval de los Veintisiete y se fijan una serie de condiciones que «ninguna lengua distinta del catalán, el euskera y el gallego cumple hoy».
REQUISITOS A CUMPLIR
En concreto, se plantea que la lengua sea originaria de un Estado miembro, lo que excluiría por ejemplo el ruso que se habla en algunos países, y que cuente con reconocimiento constitución en ese Estado.
Asimismo, para poder conseguir la oficialidad en la UE, la lengua en cuestión tiene que ser de trabajo en el Parlamento nacional, algo que ya cumplen ahora catalán, euskera y gallego en el Congreso y el Senado.
También debe cumplirse con el requisito de haberse usado durante más de 10 años en las instituciones europeas en base a acuerdos admnistrativos entre las mismas y el Estado miembro, algo que ya ocurre con las tres lenguas cooficiales, y que los tratados de la UE se hayan traducido a dicha lengua y se haya depositado una copia certificada en los archivos del Consejo.
Por último, el Gobierno plantea que el Estado miembro que solicite la inclusión en el reglamento lingüístico de la UE de una lengua debe comprometerse a asumir todos los costes derivados del uso de la misma, como ya ha hecho España.
En relación a esta cuestión, el ministro explica a los embajadores que el Gobierno está a la espera de recibir el informe solicitado a la Comisión Europea sobre la estimación de costes.
Con todo, deja claro que puesto que España está dispuesta a asumirlo, «el informe sería a efectos de posterior implementación». El Gobierno no ha querido dar en ningún momento una estimación concreta, más allá de asegurar que sería una cifra «asumible» por las arcas del Estado.
EL ASUNTO SE ABORDARÁ DE NUEVO EL 12 DE DICIEMBRE
Dado que la propuesta española ha sido incluido como un punto del día en el Consejo de Asuntos Generales (CAG) del 12 de diciembre, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la presidencia española del Consejo de la UE, Albares quiere que los embajadores en los estados miembro le hagan saber el «resultado de sus gestiones» para lograr el apoyo antes del 6 de diciembre.
Esta será la última ocasión en la que el Gobierno podrá llevar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego al Consejo, puesto que el próximo 31 de diciembre abandonará la presidencia rotatoria, que pasará a ostentar Bélgica.
Para que catalán, euskera y gallego se sumen a las 24 lenguas oficiales que hay en la UE es necesaria la unanimidad de los Veintisiete. El Gobierno ha insistido en todo momento en que ningún socio se ha opuesto rotundamente a la petición española, pero han sido varios los que han planteado dudas sobre las consecuencias que un paso de este tipo podría tener.
Desde que el 17 de agosto Albares trasladó formalmente la petición española al Consejo de la UE, cuya presidencia paradójicamente ocupa España, el asunto se ha tratado ya en tres ocasiones en el CAG. Las dos primeras, el 19 de septiembre y el 24 de octubre, fue el propio Albares quien acudió a Bruselas para defender los argumentos del Gobierno.
En esta última reunión se acordó pedir a la Comisión Europea evaluaciones sobre el impacto financiero, legal y práctico que el reconocimiento de las tres lenguas tendría para el conjunto de la Unión Europea, una tarea que Bruselas se ha ofrecido a coordinar con el resto de instituciones y que España estima que no estarán listos antes de «dos o tres meses».
El asunto volvió a plantearse, aunque muy brevemente, el pasado 15 de noviembre, simplemente para dejar constancia de que no se ha cerrado pero sin debatirlo.
