Pedro Sánchez ha acelerado el cumplimiento de sus compromisos con Carles Puigdemont. No sólo ha comenzado la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía, que previsiblemente estará lista en la primavera próxima, sino que el mismo día de este debate aprovechó la reunión del Pleno para aprobar las comisiones de investigación también comprometidas con el líder de Junts. Con prisa y sin pausa, parece ser la urgencia que están exigiendo desde Waterloo.
Los diputados protagonizaron una jornada maratoniana. Habían comenzado a las 9,00 de la mañana, aunque el debate estrella (amnistía) comenzó a partir de las 15,30 horas, y la hora de las votaciones tuvo que esperar hasta prácticamente las 23,00, además de ser ‘por llamamiento’ y no de forma electrónica para alargar aun más la sesión. Como hemos publicado en Moncloa.com, la votación no se salió del guion, 178 votos a favor de la tramitación de la proposición de la ley de amnistía y 172, en contra. Coalición Canaria (CC) ya había dicho que votaría en contra y, por este motivo, Sánchez no logró 179 votos favorables de su investidura.
Tras el debate de la amnistía, que curiosamente no tuvo tanta crispación como se esperaba después de semanas calentando el ambiente, aunque fuera bronco, no pasó de las denuncias y acusaciones conocidas, comenzó el debate de todas las comisiones de investigación presentadas para su apertura. Las tres iniciativas parten de los acuerdos suscritos por Pedro Sánchez con ERC y Junts para lograr sus apoyos en su investidura: ‘Operación Cataluña’, ‘espionaje con Pegasus’ y ‘los atentados en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto’.
LA OPOSICIÓN ACUSA A SÁNCHEZ DE INVENTARSE COMISIONES CONTRA EL PP
El debate de la creación de las comisiones de investigación contó con el total rechazo del PP, Vox y UPN. El diputado popular Carlos Rojas acusó a los socialistas y sus socios de «inventarse comisiones» con el único fin de «mancillar» el nombre del PP, mientras calificó de «indecentes y vergonzosos» los acuerdos de Sánchez con los independentistas. A ello agregó que con estos pactos se está intentando «denigrar a la Justicia» a través de las «pretendidas investigaciones sobre el lawfare». A estas críticas se sumó el diputado Ignacio Gil Lázaro de Vox para quien ni ERC ni Junts tienen «legitimidad moral» para proponer estas investigaciones.
El ‘mancillamiento’ del nombre el PP al que se refería Carlos Rojas hacía referencia a la comisión de investigación conocida como ‘Operación Cataluña’, una rama de otra operación, la ‘Kitchen’ (donde está implicado el exministro de Interior, Jorge Fernández). Los independentistas catalanes quieren conocer en profundidad lo que ocurrió durante el mandato de Mariano Rajoy y el supuesto «uso ilegal» de los recursos reservados del Ministerio del Interior para «investigar y espiar a políticos catalanes».
Para la constitución de esta comisión, el PSOE y sus socios argumentan el envío de fuerzas policiales a Andorra para recabar información de las cuentas bancarias de dirigentes catalanes en entidades financieras del Principado. Para Junts resulta esencial que se investiguen todas las iniciativas que se pudieron llevar a cabo desde diversas instituciones del Estado con el objetivo de perseguir la «disidencia política». Es en esta comisión donde también quieren incluir el polémico ‘lawfare’, tal y como quedó recogido en los acuerdos de investidura.
La segunda comisión de investigación se centra en el espionaje con el software Pegasus además de cualquier otro tipo de aparatos de espionaje. Esta comisión ha sido solicitada expresamente por ERC, EH Bildu y BNG, además de uno de los puntos del acuerdo con Junts por el que se proponía averiguar todo lo relacionado con la compra de ese software. Los partidos independentistas quieren que se depuren las responsabilidades sobre el espionaje realizado a políticos, además de «la intromisión en la privacidad e intimidad de los dirigentes políticos, activistas, abogados periodistas, instituciones y familiares y allegados, con dos programas informáticos como Pegasus y Candiru.
En el escrito presentado por los independentistas se explica en la exposición de motivos que no solo ha sido en 2017, el año del referéndum y la provocativa declaración de independencia de varios segundos, sino que el espionaje se ha extendido varios años después, con lo que afectaría también a los gobiernos de Pedro Sánchez, también al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés y los anteriores presidentes catalanes, Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas. A esta lista se añaden los presidentes del Parlament, Roger Torrent y Laura Borrás, así como los líderes de los partidos de EH Bildu, Arnaldo Otegi; ERC, Marta Rovira; Junts, Jordi Sánchez; CUP, Anna Gabriel, activistas independentistas y los abogados Andreu Van den Eynde y Gonzalo Boye.
Por tanto, en la comisión del Congreso se investigará la responsabilidad y el mal uso de las estructuras técnicas de los departamentos ministeriales; las actuaciones de Exteriores; todos los contratos y costes relacionados con la compra de Pegasus u otras herramientas semejantes; y en suma, dirimir si se persiguió a la disidencia política utilizando instituciones del Estado.
SÁNCHEZ TAMBIÉN ACELERA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS ATENTADOS DEL 17A
Y la tercera comisión de investigación, pedida por Junts y los nacionalistas gallegos del BNG, se centra en los atentados que tuvieron lugar el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. En su petición consta su derecho a conocer la verdad y las «implicaciones derivadas de los atentados». Junts y ERC quieren que se aclare «quiénes fueron los posibles responsables políticos o de cualquier estamento de los atentados». Y en la misma comisión pedirán que se propongan «medidas de restitución y compensación a todas las personas afectadas». En su día se dijo -según recuerda el Periódico de Cataluña– que había que averiguar «la vinculación del Centro Nacional de Inteligencia con el imán Es-Satty» y si los «aparatos del Estado tenían información sobre el atentado».
Desde el Grupo Parlamentario Socialista se confía en que el debate de las tres comisiones de investigación pueda realizarse de forma conjunta con el propósito de ahorrar tiempo de debate y limitar todas las críticas que desde la oposición de realicen, al unificar todas las posibles reuniones, aunque se mantengan los tres objetivos de investigación. El PSOE sopesa que, a la postre, las tres comisiones de investigación están vinculadas y relacionadas y en algunos aspectos comparten los mismos protagonistas.
