El regreso de las empresas a Cataluña todavía no es posible. Esa es la conclusión a la que llegan los empresarios cuando se reúnen para comentar el acuerdo de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont para que las compañías catalanas regresen. Fuentes de las patronales lo descartan tajantemente «por mucho que lo digan los políticos», porque las empresas necesitan estabilidad y el momento político que atraviesa España es de incertidumbre y crispación.
Los datos que manejan las asociaciones empresariales es que no van a volver, pero lo que todavía es más preocupante, se siguen yendo. Según ha podido saber Moncloa.com, a lo largo de 2023 han salido de Cataluña otras 800 empresas. Cabe recordar que 7.743 compañías trasladaron su sede social fuera de Cataluña desde octubre de 2017 hasta julio de 2023, en pleno órdago separatista.
Algunas de las empresas más importantes de Cataluña e incluso de España tuvieron que cambiar su sede para evitar males mayores. Entre estas empresas se encuentran Cellnex, Abertis, Colonial, Caixabank o Naturgy, entre otras grandes cotizadas.
Precisamente Caixabank se ha convertido en el objeto de deseo de los políticos independentistas catalanes, que tras el acuerdo con el PSOE, consideran que si logran que vuelva la entidad financiera más grande en Cataluña, muchas de las que se fueron regresarán por el efecto arrastre. Con la socidad también vendrían la Fundación La Caixa y Criteria, cuya sede se trasladó a Palma y, claro está, la propia Caixabank, cuya sede se encuentra ahora en Valencia.
LOS EMPRESARIOS NO CREEN CAPACES A LOS POLÍTICOS DE GENERAR LA ESTABILIDAD NECESARIA
Los empresarios no ven con buenos ojos esta estrategia dado que los políticos no son capaces de ofrecer la estabilidad que necesitan para desarrollar su actividad y negocio. Por mucho que insistan y prometan desde el Palau de la Generalitat y el Palacio de la Moncloa, no se les puede obligar por ley. Pero Caixabank es la segunda institución de Cataluña, por detrás del Barça.
El problema, y de eso no parecen darse cuenta los políticos, es que una entidad como Caixabank lo que menos necesita es convertirse en el foco de interés político e independentista. Es la primera entidad financiera del país y en estos momentos está creciendo la animadversión contra los independentistas catalanes, que parecía haberse diluido en los seis años que habían transcurrido desde el fracasado referéndum y la fracasada declaración de dependencia.
Para lograrlo ERC, PSOE y Junts están trabajando en un plan y empezado a mover algunos hilos a través de medios de comunicación e instituciones. De nada serviría haber amnistiado a los políticos del 1-O, de que se condone el 20% de su deuda (15.000 millones) o que hasta se le cedan todos los impuestos si no hay empresas que creen riqueza e inviertan en Cataluña.
El lobby Cercle d’Economía, o las patronales Foment del Treball o Pimec ya se han posicionado a favor de su regreso, asegurando que una vez que se cumplan todos los compromisos de la investidura de Pedro Sánchez se generará la estabilidad política que necesitan las empresas.
EL ESTADO POSEE EL 17% DEL CAPITAL DE CAIXABANK QUE LO PODRÍA TRASPASAR A LA GENERALITAT
De momento, los políticos están elaborando sus planes. No se van a rendir pese a que la opinión empresarial niegue que lo conseguirán. ERC y Junts cuentan con pocas herramientas para convencer a las empresas. Más allá de una o muchas campañas mediáticas, solo podrán echar mano de los incentivos fiscales, aprovechando la cesión de los impuestos a Cataluña. Pero por muchas ‘ofertas’ económicas vía impuestos que haya es imposible que vuelvan sin estabilidad política, y todavía menos con la amenaza de un nuevo intento de referéndum de dependencia.
Otro factor que podría influir sobre el regreso de Caixabank es el capital que el Estado tiene metido en la entidad, tras la compra de Bankia. En concreto, vía Frob, el Estado cuenta con el 17% del capital de la entidad, un porcentaje que le abre la posibilidad de exponerlo al Consejo de Administración y intentar convencerlo. A estas alturas, como publicó VoxPopuli en su día, no resultaría descalabrado pensar que el Estado traspasara su participación a la Generalitat.
El Ministerio de Economía tiene en sus manos la decisión. La Fundación La Caixa está controlada por el Ministerio de Nadia Calviño, desde que en 2013 el BCE dictaminó la despolitización de las cajas de ahorros. Pero ni al supervisor europeo ni al propio Banco de España parece gustarles la idea, pese a que tampoco tienen instrumentos legales para paralizar el traspaso de la Fundación La Caixa a la Generalitat. Habrá que estar pendientes si esta operación aparece en las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 o posteriores. De producirse el traspaso, sería la Generalitat la que podría decidir su retorno a Cataluña, ya que saben que de motu propio Caixabank no tomaría esa decisión.
HEREU CONFÍA EN QUE LA «NORMALIDAD POLÍTICA» HARÁ REGRESAR A LAS EMPRESAS A CATALUÑA
En paralelo a las campañas mediáticas y presiones entre bambalinas, desde el Gobierno central también quieren mostrar a los independentistas catalanes que están cumpliendo su acuerdo. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, explicó esta semana durante la sesión de control al Gobierno que desde el Ejecutivo se va a trabajar por el regreso a Cataluña de las empresas que se fueron a causa del ‘procés’. El exalcalde de Barcelona reconoció que sólo se podrá conseguir ese regreso «a partir del diálogo con Junts».
Hereu reconoce que las decisiones de las empresas tienen que ver con la estabilidad política, la seguridad jurídica, con el clima que se genera en una sociedad y los incentivos que se puedan dar. «Y eso es lo que vamos a hacer»». Y para lograr esos objetivos, el ministro explica que lo primero es normalizar la vida social, política y económica de Cataluña. Lo que definió como el primer paso impulsar la industria, comercio y actividad económica en la comunidad catalana. Las herramientas para conseguirlo -explicó el ministro- son «el diálogo y el acuerdo».
«Construir la convivencia en Cataluña es una mejores bazas para recuperar la actividad económica y, de forma natural, ir recuperando la presencia empresarial que en cierto momento perdimos», ha dicho el ministro.
De momento, está descartado como se rumoreó al principio de las negociaciones entre PSOE y Junts que se vaya a sancionar a las empresas catalanas que decidan mantener sus sedes sociales fuera de la comunidad. Pero los independentistas no descartan limitar el acceso a las ayudas, exenciones fiscales o medidas de apoyo público a las sociedades que decidan seguir fuera. Y ya han buscado la norma que respalde este ‘castigo’: el artículo de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que «las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación».
