El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona ha desestimado el recurso de la Generalitat contra el auto por el que imputó a altos cargos del Govern y la Conselleria de Salud por el retraso en la vacunación contra el coronavirus a policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, rechaza el recurso de reforma donde el Govern pedía archivar el caso al considerar que «existen indicios racionales suficientes» de la «participación de los investigados recurrentes en los hechos que se les atribuyen», lo que «impide en esta fase procesal adoptar el sobreseimiento libre que se pretende».
Así, el juzgado recuerda la declaración de uno de los imputados, el ex secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, en la que «de forma contundente afirma la participación» de otros investigados, entre los que se encuentran el exconseller de Salud, Josep Maria Argimon y otros altos cargos del departamento, y no niega «en ningún momento» su propia participación «en la adopción de la decisión cuya legalidad se discute en el presente procedimiento».
«La contradicción entre lo declarado por dicho coimputado con lo afirmado por los recurrentes es cuestión que no puede decidirse en este momento procesal», señala, a la vez que indica que las actuaciones «están pendientes de una diligencia esencial», como es la declaración de la ex consellejera y actual vicepresidenta del Parlament catalán, Alba Vergès, también investigada en la causa abierta sobre el supuesto retraso en la vacunación.
Además, en cuanto al fondo del asunto, el instructor apunta que, aunque el Govern «pretenda justificar la decisión de suspender el proceso de vacunación» a los cuerpos de seguridad estatales alegando razones «estrictamente sanitarias, científicas y de salud pública, no puede soslayarse que estas mismas razones que se alegan no consta» que se aplicaran «cuando se procedió a vacunar de manera diligente a la práctica totalidad de los funcionarios de policía autonómicos y locales».
Cabe recordar que las pesquisas arrancaron en 2021, después de que las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil JUPOL y JUCIL, respectivamente, presentaran en abril de ese año una denuncia en un juzgado de guardia de Barcelona por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores.
En declaraciones a Europa Press, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha defendido que el instructor les da la razón en «la pretensión de la Generalitat de que se sobresea de la investigación» a los autores de la demora en la vacunación contra la Covid 19.
La asociación recuerda en su escrito de oposición que los altos cargos de la Conselleria de Salud «debían conocer cuál y cómo era el proceso de vacunación» y hace referencia a las declaraciones de Ramentol, que «admitió que la decisión de demorar las vacunas» para los guardias civiles fue «consensuada y una decisión adoptada de manera colegiada en el Departamento de Salud».
Una decisión, señala JUCIL, «en la que participaron la consejera, Alba Vergés, el secretario de Salud Pública, Josep María Argimon y el director del servicio de Salud Catalán, Adría Comella. «Y no solo eso, sino que además indicó que se trató de una decisión dialogada, discutida, debatida y consensuada entre los altos cargos del departamento antes citados», explica la asociación.
