En medio del crecimiento de la crisis de la gripe en la sociedad española, el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha implementado medidas que han reavivado las disputas con varias Comunidades Autónomas, en particular, en relación con el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios.
A partir del próximo miércoles, 10 de enero, el Ministerio de Sanidad impondrá la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios en toda España. Esta decisión se enmarca en una declaración de actuaciones coordinadas, diseñada para igualar la protección contra los virus respiratorios y proporcionar respaldo legal a las Comunidades Autónomas que ya habían optado por hacer obligatorio el empleo de mascarillas.
Hasta la fecha, solo seis comunidades autónomas —Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, con la excepción de Canarias y Asturias que lo harán el mismo miércoles— habían aceptado la obligatoriedad de las mascarillas en sus centros sanitarios. Esta disparidad ha generado tensiones entre el Ministerio de Sanidad y algunas de las Comunidades Autónomas, que expresan su desacuerdo con la imposición de estas medidas.
Si la herramienta que tenemos es la declaración de actuaciones coordinadas, como dice el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad, pues echaremos mano de la declaración de actuaciones coordinadas
Mónica García, ministra de Sanidad
Desde el punto de vista jurídico, fuentes del Ministerio de Sanidad han adelantado a la agencia de comunicación EFE que la decisión de Mónica García se fundamenta en el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Este artículo regula la declaración de actuaciones coordinadas en asuntos de salud pública, lo que, según las mismas fuentes, «obliga a todas las partes» involucradas en estas actuaciones.
Con esta fundamentación legal, Mónica García y su equipo ministerial buscan blindar su derecho de hacer obligatorio, una vez más, el uso de mascarillas en los centros sanitarios. Sin embargo, esta medida no ha sido bien recibida por todas las Comunidades Autónomas, generando un clima de tensión en medio de la lucha contra la creciente crisis de la gripe en la sociedad española.
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CRITICAN LA GESTIÓN DE MÓNICA GARCÍA
La última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dejó al descubierto un enfrentamiento entre el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, y varias Comunidades Autónomas, respecto a las medidas propuestas para hacer frente al crecimiento de la gripe en la sociedad española.
En esta reunión, muchas Comunidades Autónomas expresaron su desacuerdo con la propuesta de la ministra Mónica García. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, destacó que la convocatoria de la ministra llegó tarde, considerando la gravedad de la situación. A pesar de ello, defendió que su comunidad ya cuenta con planes de contingencia invernal que han demostrado eficacia en el manejo de patologías respiratorias a lo largo de los años.
Por su parte, el consejero de Aragón, José Luis Bancalero, apoyó la idea de la obligatoriedad de las mascarillas, pero criticó que Mónica García generara una sensación de alerta exagerada en la población, alegando que esta no se correspondía con la realidad.
Desde Madrid, Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, mantendrá la recomendación de uso de mascarilla en situaciones específicas, según las directrices establecidas desde el final de la pandemia en julio de 2023. Asimismo, Matute censuró la gestión de Mónica García, insinuando que la ministra filtró temas de la reunión «a través de canales no oficiales». Y también dejó caer que todo lo propuesto por la ministra era fruto de la improvisación.
La crítica también provino de País Vasco, que señaló la falta de criterios técnicos en la reunión. Lamentaron la ausencia de datos sobre la incidencia y evidencias científicas que respaldaran las medidas propuestas. Además, enfatizaron la necesidad de que cualquier propuesta respete las competencias de País Vasco en salud y esté respaldada por la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública. Es decir, que el Gobierno no invada competencias.
La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, opinó que la obligatoriedad de las mascarillas en espacios «vulnerables» debería depender de la incidencia de enfermedades respiratorias. Como balance general de Consejo, Martín percibió un «enfado generalizado» entre todas las comunidades, atribuyéndolo a la premura de la convocatoria y la falta de documentos necesarios.
Andalucía votó en contra del documento propuesto, argumentando la falta de rigor técnico y abogando porque estas decisiones se tomen primero en la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública. Similar descontento expresó el consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, quien calificó como «desproporcionada» la intención de hacer obligatoria la mascarilla en ciertos lugares y exigió que las medidas se basen en criterios técnicos.
En conjunto, la mayoría de los consejeros criticaron a la ministra Mónica García por el carácter apresurado de la convocatoria y la forma en que anunció los temas fuera del propio órgano, comparándolo con el uso del Consejo Interterritorial como «cuenta de Twitter» o «una pancarta de una manifestación».
MÓNICA GARCÍA NO ACLARA QUÉ PASARÁ CON AQUELLAS COMUNIDADES RETICENTES AL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS
En medio de las tensiones surgidas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud respecto a la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado claro que no tolerará la resistencia de algunas Comunidades Autónomas a implementar estas medidas.
En una reciente entrevista en Cadena SER, García expresó su postura de manera contundente: «Al que quiera jugar con la salud de la gente, pues yo qué sé, suerte en la vida, ¿no?». La ministra no especificó las acciones que tomará con las Comunidades Autónomas reacias, pero subrayó su compromiso de hacer todo lo posible para velar por la salud de la población.
García hizo hincapié en el uso de la declaración de actuaciones coordinadas, respaldándose en el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. «Si la herramienta que tenemos es la declaración de actuaciones coordinadas, como dice el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad, pues echaremos mano de la declaración de actuaciones coordinadas, entre otras cosas, para que la población también tenga confianza de que la protección de la salud no es diferente en Valencia que en Castilla-La Mancha y que en Castilla y León», advirtió.
Por otra parte, la ministra deseó «buena suerte» a aquellos que quieran «jugar al escondite con la salud de los ciudadanos que gobierna». Y aseguró que el Ministerio de Sanidad estará «mano a mano» con todas las Comunidades Autónomas, trabajando para mantener la “equidad” y «coordinación» en el sistema sanitario español.
En relación con la obligatoriedad de las mascarillas en residencias o farmacias, Mónica García señaló que, en estos lugares, la medida es más una recomendación que algunas Comunidades Autónomas han propuesto. Esto sugiere un enfoque más flexible en comparación con la imposición en centros sanitarios, pero deja claro el compromiso del Ministerio de Sanidad con la protección de la salud en todos los ámbitos.
