Varias comunidades autónomas han pedido explicaciones al Gobierno por el pacto migratorio anunciado este miércoles con Junts y, concretamente, Canarias, Murcia y Baleares han solicitado que se convoque la Conferencia Sectorial de Migraciones.
Así, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha exigido una reunión «urgente» de la conferencia sectorial de migraciones para que se aclare el acuerdo alcanzado y ha mostrado la «preocupación» del Ejecutivo canario. En este sentido, esperan conocer «la letra pequeña» dado que es «fundamental» conocer a qué tipo de acuerdos se llega con las comunidades autónomas.
Cabello ha criticado que no tienen «información» sobre ese acuerdo y ha defendido que en la sectorial «es donde toca» abordar acuerdos de ese tipo porque una negociación entre el Gobierno y un partido político no puede «condenar» a Canarias.
Murcia también ha pedido la reunión de la Conferencia Sectorial de Inmigración para que el Gobierno explique el alcance de la cesión de esta competencia y las consecuencias que va a tener respecto al resto de las comunidades autónomas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proceso de acogida de los inmigrantes llegados a Canarias.
En todo caso, se ha mostrado «absolutamente en contra» de la cesión de las competencias de inmigración. «Es una competencia estatal y así debe seguir siéndolo», ha afirmado el Gobierno murciano.
Baleares también ha pedido que se reúna la Conferencia Sectorial para analizar el pacto y que les expliquen hasta qué punto llega el acuerdo entre PSOE y Junts, además de saber las afectaciones que tendrá en el resto de autonomías, dado que entienden que es una política «muy importante» que se tiene que «llevar de manera coordinada», incluso a nivel europeo, y tiene que haber «solidaridad entre autonomías».
En este caso, también ha puesto el ejemplo que si Canarias solicita el traslado de personas a la Península, el pacto tiene que aclarar si Cataluña puede o no recibir migrantes.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno que explique el alcance de la decisión de traspasar las competencias de inmigración a Cataluña.
«La política migratoria es una cuestión de Estado y debe ser tratada como tal y no estar al albur de las decisiones caprichosas del Gobierno de Sánchez», ha señalado Camarero en declaraciones facilitadas, en las que advierte de que la política migratoria «no puede ser moneda de cambio por los intereses del Gobierno».
Mientras, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha pedido la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, para abordar la cesión de la materia de inmigración a Cataluña dado «los efectos perniciosos» que puede tener la medida en el control de la inmigración irregular que llega a las dos ciudades españolas del norte de África.
CATALUÑA PIDE CONOCER LA «LETRA PEQUEÑA»
La propia Generalitat catalana, gobernada por ERC, ha pedido al Gobierno conocer «la letra pequeña» del traspaso de competencias en materia de inmigración porque «solo hay unos compromisos difusos, no hay concreción ni letra pequeña».
En cualquier caso, el Govern considera «muy relevante» el acuerdo, aunque no lo haya negociado con el Ejecutivo. «Simplemente, bienvenidos a la negociación. Si somos capaces de hacerlo bien, podemos conseguir competencias importantes para la ciudadanía», ha dicho la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà.
AYUSO ACUSA A SÁNCHEZ DE FABRICAR UNA «NACIÓN DE FACTO»
Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de fabricar «una nación de facto» al ceder las competencias de migración a Cataluña, una «quimera» que se pagará «con el dinero de todos los españoles».
En declaraciones a los medios a su salida del Foro XIV Spain Investors, Ayuso ha asegurado que la cesión de competencias de migración da una imagen preocupante de España, ya que es un país que vive «extorsionado» y que se gestiona desde Ginebra.
En este sentido, ha cuestionado que la Unión Europa permita que «de facto se fabrique una nación», «que es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración». «¿Qué va a hacer? ¿Fronteras también?», ha preguntado.
Además, se ha referido a unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que calificaba de «racistas» las políticas del expresidente de la Generalitat Quim Torra. «Hoy mismo hemos visto un vídeo de Pedro Sánchez cuando decía que los de Junts hacían política supremacista, racista, xenófoba… ¿Les vas a dar la extranjería a quienes hacen racismo con los ciudadanos?», ha lanzado.
Por su parte, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el Gobierno debe «plasmar ya» el compromiso para la transferencia a Euskadi de la política de inmigración que ya reclamó la legislatura pasada.
Asimismo, tras demandar al Estado español «seguridad jurídica y estabilidad», ha dicho que cree que corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciar una ronda con los presidentes autonómicos «y con el Lehendakari, en primer lugar» para abordar cuestiones pendientes.
