Tras el acuerdo del Gobierno con Junts, el debate sobre las competencias en inmigración está servido. Paradógicamente, Junts no gobierna en Cataluña y ha reclamado estas competencias, algo que en ERC no ha sentado muy bien, aunque finalmente reconocen que cuanta más gestión se traspase mejor.
El que no contaba con ello, ni probablemente lo había pensado, es el PNV, cuyo lehendakari, Íñigo Urkullo, se ha apresurado también a reclamar la gestión, ya que es una reivindicación que ya se pactó entre el PNV y el PSOE y cree que va en la buena dirección para materializarse en el plazo de tres meses. El resto de los responsables autonómicos no solo no reclaman esa competencia sino que, además, consideran que su cesión pone en peligro de “trocear” las políticas migratorias del país.
Así, en Andalucía el Gobierno de Juanma Moreno cree que es «un asunto de seguridad cuyas competencias son estatales y deben seguir siéndolas. No queremos una policía de frontera en cada territorio». Como en la comunidad andaluza, el resto de las comunidades gobernadas por el PP han mostrado su total rechazo, algunas incluso, como en Aragón, pidiendo explicaciones sobre si tras la cesión de esa competencia a Cataluña y al País Vasco, llegado el caso, «tenemos que asumir nosotros los inmigrantes que les puedan corresponder a otras comunidades como a Cataluña».
En otras comunidades, a las que llegan a sus costas los migrantes y que en 2023 se han visto desbordadas, como Canarias, ese acuerdo « bilateral no puede condenar la situación de la inmigración en Canarias y que la respuesta ha de ser unitaria en el Estado y en La Unión Europea», según explicó a los medios de comunicación el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.
En cuanto a los presidentes socialistas, en Asturias aun no se han pronunciado sobre la cesión de esta competencia. Por su parte, el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha sido aun más crítico que sus homólogos del PP asegurando que «ningún Estado que se precie de serlo puede renunciar a la política de fronteras. La soberanía radica precisamente en eso», se ha lamentado para mostrar su crítica más ácida afirmando que «¿Cómo voy a estar yo tranquilo como español en que alguien como Puigdemont tenga las competencias en inmigración cuando él a mí me quiere considerar un extranjero?».
ADEMÁS DE JUNTS, EL PNV TAMBIÉN QUIERE LA COMPETENCIA SOBRE LOS MIGRANTES
Euskadi es la única autonomía que ha reclamado hasta el momento competencias en materia migratoria. Actualmente, el PNV negocia con el Gobierno el traspaso de la última fase de acogida de los solicitantes de asilo. Pero tras conocer el acuerdo con Junts, en la lehendakariza aseguran que si Sánchez realiza una transferencia total a Cataluña en esta materia, «Euskadi también la reclamaría de forma inmediata». Según ha explicado el director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, el PNV acordó con el PSOE el compromiso de transferir la segunda fase del sistema estatal de acogida en tres meses.
También recuerdan que esta transferencia comenzó a pedirse en la pasada legislatura. En concreto, la competencia de los servicios de acogida, la atención sociosanitaria y orientación de los inmigrantes y la política de integración social, económica, lingüística y cultural.
Y a este paquete suman las competencias en materia laboral sobre autorizaciones de trabajado, inspección y sanción. Lo que hasta ahora plantea el Ejecutivo vasco es hacerse responsable de los itinerarios de integración social de estas personas a las que se les haya establecido la residencia en Euskadi.
EL GOBIERNO NIEGA QUE CATALUÑA PUEDA RECHAZAR LA ACOGIDA DE MIGRANTES
De momento, y a falta de conocer la letra pequeña, desde el Gobierno comienzan a concretar en qué consiste la ‘cesión’ a Junts, y sobre todo en lo que no consiste. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado que la cesión de competencias en materia de migración a Cataluña, vaya a suponer que el Govern pueda rechazar la acogida de menores no acompañados, aunque ha precisado que aún falta por definir el texto legislativo pese a que Junts «está en su propuesta de máximos». Además, el ministro ha recordado que se deberá votar en el Congerso de los Diputados.
No ha sido casualidad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya encargado a Ángel Víctor Torres la presidencia de la comisión interministerial de Migraciones, justo unos días antes del pactó que alcanzó con Junts en esta materia. Torres acaba de insistir en que el acuerdo cerrado ‘in extremis’ el pasado miércoles no supone una transferencia a Cataluña, sino que se delegarán las competencias en materia de migración, un mecanismo que según ha explicado Torres «otroga al Estado la posibilidad de recuperar estas competencias».
Eso sí, Torres ha recordado que aún no existe un texto concreto para la cesión de estas competencias en materia de migración, apostillando que Junts está en su «propuesta de máximos», aunque ha precisado que posteriormente se tiene que someter al Congreso de los Diputados, negando que no sea constitucional.
Y ante la petición del lehendakari, Iñigo Urkullu, de que estas competencias también vayan a parar al País Vasco, el ministro Torres ha recordado que es una reivindicación que ya se pactó entre el PNV y el PSOE y cree que va en buena dirección para materializarse en el plazo de tres meses.
Con todo, Torres ha explicado que la acogida por territorios de los menores no acompañados que llegan a España era opcional hasta hace un par de años, cuando se acordó un reparto, insistiendo en que ninguna comunidad puede rechazar la acogida.
EL CONSTITUCIONALISMO CATALÁN SE MOVILIZA CONTRA LOS INDEPENDENTISTAS XENÓFOBOS
Los movimientos constitucionales catalanes han empezado a hacer llamamientos a la movilización a la sociedad civil (desde el voto hasta la protesta pública y la movilización pacífica) a los ciudadanos responsables y leales al Estado de derecho, para mostrar su «desacuerdo por todos los medios a su alcancea» contra los movimientos «xenófobos» de los independentistas catalanes. El acuerdo entre Sánchez y Junts sobre la transferencia de las políticas migratorias no ha sentado bien en Cataluña, sobre todo, porque consideran como en Sociedad Civil Catalana, que los representantes de Junts tienen una amplia trayectoria «xenófoba».
Desde Sociedad Civil Catalana, según un comunicado al que ha tenido acceso Moncloa.com, se asegura que «se cede la soberanía nacional al partido de un prófugo que no necesita pisar suelo español para extorsionar a un Gobierno supeditado a los intereses espurios del etnoregionalismo excluyente».
Al margen de lo que diga la letra pequeña del acuerdo entre Gobierno y Junts, sobre la que ninguna de las dos partes parece ponerse de acuerdo, en Sociedad Civil Catalana coinciden con partidos como el PP en que «la democracia española vivió el miércoles otro día aciago». Como Alberto Núñez Feijóo, algunos movimientos catalanes constitucionalistas aseguran que las votaciones en el Senado de los tres decretos ley presentados por el Ejecutivo escenificaron «el total sometimiento del Gobierno al chantaje de una minoría supremacista».
Y aún van más allá. Están convencidos de que Junts dedicará la legislatura a «dinamitar la Constitución y a socavar los principios del Estado de derecho», al considerar que Pedro Sánchez a cambio de mantener el poder ha renunciado a la defensa del interés general y de la dignidad de la Nación y supeditarse a los «intereses espurios del etnoregionalismo excluyente».
Tras calificar de «extrema grave» para los intereses de España la retirada del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que paralizaba la amnistía si la cuestión fuera elevada al Tribunal de Justicia de la UE, así como la reforma de la Ley de Sociedades para forzar el regreso de las empresas que abandonaron Cataluña, la Sociedad Civil Catalana cree también «grave» la cesión integral a la Generalitat de las competencias de Inmigración, que la Constitución reserva en exclusiva al Gobierno al tratarse de una materia que requiere de una visión global y de unas políticas consensuadas. Una reclamación que, de concretarse, permitirá a los separatistas apuntalar el régimen social sectario, discriminatorio y excluyente que han impuesto en Cataluña desde hace décadas.
