El PSC y PSOE se suman de nuevo a los independentistas catalanes de ERC y Junts para investigar en el Congreso de los Diputados la denominada ‘Operación Cataluña’, como hicieron en la pasada legislatura. En vez de esperar hasta el final de la misma, los socialistas han optado por aprobar cuanto antes las comisiones de investigación en la Cámara Baja relacionadas con la supuesta utilización de recursos públicos y humanos para espiar a políticos, activistas, abogados y periodistas del bloque separatista.
Asimismo, tanto ERC como Junts, así como el PNV, Sumar, Bildu y el BNG, también investigarán los atentados del 17-A y el espionaje de Pegasus por las supuestas implicaciones y vinculaciones directas con el Centro de Nacional de Inteligencia (CNI). Todo ello con el beneplácito de PSOE y PSC, que ve con buenos ojos atacar así al PP de Mariano Rajoy. En concreto, todo se centra en Jorge Fernández, exministro de Interior, así como en María Dolores de Cospedal y Alicia Sánchez-Camacho, senadora y exlíder del PP en Cataluña.
En los registros oficiales del Congreso, el PSOE y el PSC aceptarán las exigencias de ERC, que denomina el asunto como «cloacas de Interior». De esta forma, se depurarán las posibles responsabilidades a los cargos de Interior y mandos, como el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz; y el ministro de Interior y juez, Fernando Grande-Marlaska.
El Congreso ha concluido que esta Operación Cataluña existió y busca ahora poner en marcha el ventilador contra el PP de Mariano Rajoy. Todo a tan solo un mes de las elecciones en Galicia y a dos semanas del inicio de la campaña electoral.
Para los socialistas catalanes de Salvador Illa, es una «necesidad» abrir una comisión de investigación para averiguar el grado de implicación de Mariano Rajoy en la denominada ‘Operación Cataluña’. Para la portavoz, Èlia Tortolero, ya hay conclusiones, como que el Ejecutivo anterior a Sánchez investigó «al margen de la ley» al separatismo. Así, ha defendido que llegarán hasta el final del asunto para aclarar un «tema tan lamentable y vergonzoso».
PSOE y PSC ATACAN AL PP POR LA OPERACIÓN CATALUÑA
«Nos parece un error y demuestra una vez más hasta qué punto el PP es capaz de instrumentalizar las palancas del Estado para perseguir a adversarios políticos», ha afirmado. Al tiempo que deja la puerta abierta a la petición para que declare Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz con el objetivo de aclarar «todo lo que pueda haber dentro de esta operación».
Cabe recordar que la actual portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el Congreso de los Diputados vinculó también al PSOE con la operación de espionaje a independentistas catalanes, a pesar de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo ha negado hasta ahora.. «¿Conocía los informes ‘Pegasus’ que elaboraba el Centro Nacional de Inteligencia? Piense bien su respuesta», le advirtió Nogueras en sede parlamentaria, antes de subrayar que la ‘operación Cataluña’ «existe» y «no sólo la protagoniza el PP», sino que también «salpica» al PSOE porque es una operación del Estado.
La información, dada a conocer por medios como La Vanguardia, eldiario.es y elnacional.cat, afines a socialistas e independentistas, aportan una serie de supuestos documentos secretos «validados por testigos» que formaban parte del operativo.
Según los mismos escritos, tanto Fernández Díaz como Rajoy pusieron en marcha la ‘operación Cataluña’ en 2012, justo después de la masiva manifestación de la Diada del 11 de septiembre y con Artur Mas decidido a realizar un referéndum de independencia, que se materializó el 9-N de 2014. El Gobierno de Pedro Sánchez, según el borrador de la ley de amnistía, procederá a exonerar a Mas y sus entonces consejeros de toda culpa.
Existen así hasta un total de 30 notas informativas de la Policía Nacional fechadas entre 2012 y 2014, con los responsables de Interior como destinatarios. Según las mismas, el entonces comisario José Manuel Villarejo daba buena cuenta a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y número dos del ministro Fernández Díaz, sobre el curso de estas supuestas investigaciones ilícitas. Para ello, se abonaba una cantidad de dinero a los informadores, sin que se haya desvelado aún de dónde provenían los fondos.
Estas informaciones, en el marco de la ‘operación Cataluña’, fueron entregadas a Fernández Díaz, quien daba la información a Rajoy. Las informaciones apuntan a horas de grabaciones y documentación recogida supuestamente sin base legal, al no estar autorizadas por un juez. Primero se apuntó al expresident de la Generalitat y defraudador confeso, Jordi Pujol, y después a Artur Mas.
ERC ha tildado esta operación como una «guerra sucia contra el independentismo» evidencia el derrumbe democrático español. «La guerra sucia contra el independentismo hace años que evidencia el derrumbe democrático del Estado», ha asegurado Marta Rovira desde Suiza. La dirigente de ERC, huida de la Justicia, acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de «fabricar pruebas falsas» y «espiar» a políticos independentistas.
EL PSC APOYA LAS ACUSACIONES DE ERC CONTRA EL PP DE RAJOY
«Fabricar pruebas falsas, filtrar información inventada a los medios, espiar ilegalmente a representantes políticos, retorcer el derecho para castigar en los tribunales, dar palizas a votantes», ha afirmado Rovira, quien huyó de España tras la declaración de la independencia de Cataluña por Puigdemont.
Según la documentación de la ‘operación Cataluña’, Fernández Díaz tenía como fuente principal a Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Él era el encargado de compilar toda la información que llegaba sobre el independentismo para que pudiera ser utilizada por el ministro de Interior Así, se relacionó a Artur Mas con cuentas en Liechtenstein; como las de la familia Pujol en Andorra; o el informe de las cuentas en Suiza de Xavier Trias. No había indicios en algunos de los casos y en otros se llegaron a fabricar informes falsos.
Todo ello, con un Villajero omnipresente, al tanto de todo y con quien Martínez actuaba presuntamente. De hecho, el entonces jefe de Gabinete de Fernández Díaz pedía toda la información por escrito, dando así un mayor poder a Villarejo. Así, se realizaron informes sobre el desfalco del Palau de la Música, a través del cual se nutrió CDC, la formación liderada por Mas y Pujol. El caso terminó con una sentencia judicial contra CDC y la cúpula del Palau de la Música, con Félix Millet a la cabeza. El juez del caso, no obstante, no aceptó algunos de los informes de debido a que la UDEF se negó a corroborarlos.
CASOS DE CORRUPCIÓN EN LOS TRIBUNALES
«Supone, por lo tanto, un error hacer las actividades que se están llevando a cabo en Interior, que podrían comportar incluso responsabilidades penales, sin una adecuada cobertura, como sí que hace el CNI; mientras por parte de CNP se ordenó en octubre a dos altos mandos (jefes del Citco y de Asuntos Internos), para forzar una actuación sobre CIU, la fundación Trias Fargas, el 3% y el caso Palau (Millet) y entre otros; aunque «oficialmente» nada tenían que ver, ni con la UDEF, ni con las actuaciones que por orden judicial se llevan a cabo sobre la financiación ilegal, que afecta a los partidos que gobiernan la Generalitat», señala una de las notas.
«Los dos folios se han elaborado de una manera chapucera y tan poco creíble, como un supuesto empresario retirado, había decidido explicar lo que sabía, por tanta corrupción en un país en crisis. Actuaciones descoordinadas generan alertas que hacen dudar de toda la información publicada», añade.
Según estos informes y que deberá corroborar el Congreso de los Diputados, el Gobierno de Rajoy y la cúpula policial investigó así a partidos independentistas para tratar de aniquilar el ‘procés’ entre 2012 y hasta 2016. Para pasar la información, los escritos se filtraron después a la prensa, sin membretes ni firmas, para poner todo el foco en las supuestas irregularidades e ilegalidades de los dirigentes nacionalistas.
En otra documentación se apunta directamente a Cristóbal Montoro y su obsesión por disponer de información sobre los separatistas. En este sentido, algunas de las publicaciones señalan directamente al Ministerio de Hacienda por filtrar supuestamente información de determinados contribuyentes catalanes.
