Junts y ERC han propuesto una serie de enmiendas parciales a la ley de amnistía para garantizar que la norma abarque todos los delitos terroristas por los que está acusado el independentismo, lo que incluiría a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por ‘Tsunami Democrátic’ que han sido investigados en la Audiencia Nacional.
Sendos partidos independentistas proponen en una de sus respectivas enmiendas eliminar el párrafo que excluía de la amnistía los delitos de terrorismo siempre y cuando hubiese recaído sentencia firme. Los republicanos, en concreto, justifican esa sugerencia alegando una «mejora técnica», mientras que Junts habla de persecución por parte de los tribunales. La modificación propuesta por Junts, además, también permitiría amnistiar los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa.
Así consta en las enmiendas parciales que han presentado este martes en el Congreso a la proposición de ley que presentó en noviembre el PSOE para amnistiar más de una década del independentismo catalán, incluidos delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.
ERC, sin embargo, también ha registrado una serie de enmiendas conjuntas con PSOE, Sumar, EH Bildu y BNG unos minutos más tarde de presentar las suyas propias en las que, por el contrario, sí dejan fuera de la amnistía los actos terroristas sobre los que haya recaído sentencia firme. Los republicanos justifican esa dualidad en su convicción de que «hacen falta más avances y que todavía hay margen de negociación».
El partido confía en «pactar durante la ponencia de la ley y la comisión» sus enmiendas propias, en las que proponen «suprimir la exclusión de los casos de terrorismo de la ley para blindarla al máximo posible» o que no solo sean las cuestiones de inconstitucionalidad las que levanten las cautelares de un procedimiento sino que también lo hagan las cuestiones prejudiciales al TJUE.
A su vez, el PSOE junto a ERC, Sumar BNG y Bildu ha presentado una enmienda para remarcar que el órgano judicial que tenga entre manos cada una de las causas judiciales objeto de amnistía, debe aplicar esta norma. Plantea modificar el artículo cuatro, que regula los efectos sobre la responsabilidad penal, y en varios puntos del articulado señala que quien debe aplicar la norma es el órgano judicial competente «que, en cada momento, esté conociendo la causa».
Entre las enmiendas registradas incluye además la exclusión de la amnistía por delitos contra la Comunidad Internacional, para excluir de la aplicación de la amnistía los delitos de «genocidio».
DELITOS QUE AFECTAN A INTERESES FINANCIEROS DE LA UE
En lo relativo a los delitos de terrorismo, Junts defiende que el periodo que abarca la amnistía no incluye «ningún acto que pueda ser tipificado como terrorismo», pero sostiene que en las causas sobre ‘Tsunami’ y los CDR «se investiga y persigue a independentistas por hechos que no serían» constitutivos de ese tipo de delito.
«Para conseguir que el ámbito objetivo de esta amnistía abarque al mayor número posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o cercanía con el independentismo catalán, ha de retirarse de las exclusiones de la ley los actos tipificados actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y los actos tipificados como delitos de terrorismo», justifican.
Por contra, la formación independentista accede dejar fuera de la amnistía «los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea». Cabe recordar que el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, avisó de que Bruselas estaría pendiente del impacto de la ley en los delitos de malversación que afecten a fondos europeos.
DOS MESES MÁS DE AMNISTÍA Y ‘LAWFARE’ POLICIAL
En el marco de las enmiendas, los de Junts proponen a su vez una nueva disposición adicional para garantizar «la aplicación inmediata de la ley de amnistía» e impedir que «se desvirtúe el interés general que persigue, mediante el alzamiento de todas las medidas que impidan su eficacia».
Asimismo, el partido plantea ampliar la horquilla temporal de la amnistía –que en el texto original abarcaba desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023– para que contemple los actos desde el 1 de noviembre de 2011.
Asegura que se trata de una «mejora técnica» para «incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual» vinculadas a la consulta del 9-N o el referéndum del 1-O.
La formación también modifica el texto original para incluir en la amnistía una especie de ‘lawfare’ policial, en referencia a las conductas «atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito».
CUESTIONES PREJUDICIALES AL TJUE
Al margen, Junts también propone modificar la amnistía para evitar que los jueces y tribunales puedan retrasar su aplicación cuando presenten una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La formación explica que da este paso al ver que la ley de amnistía se ha visto sometida a «un intenso debate público y doctrinal que ha permitido constatar» las «dudas de ciertos sectores aparentemente mayoritarios del Poder Judicial» y su «inclinación» a «agotar todas las vías necesarias para reducir al máximo su inmediata aplicación».
Así las cosas, deja por escrito que las consultas al TC o al TJUE no impiden que los jueces y tribunales desactiven las órdenes de detención u otras medidas cautelares adoptadas.
DEVOLUCIÓN DE MULTAS
En lo relativo a los efectos sobre la responsabilidad civil y contable, Junts quiere cambiar el texto para que queden «extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas» de los actos relativos al ‘procés’, «incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas».
Sobre el apartado de indemnizaciones y restituciones, Junts elimina el epígrafe que fijaba que no había derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa.
En sus enmiendas parciales ERC, además, también propone modificar la parte de las exclusiones en lo relativo a los delitos de torturas o de tratos inhumanos. En concreto, los republicanos quieren que queden fuera de la aplicación de la ley todos los actos tipificados como tal, sin necesidad de que superen un umbral mínimo de gravedad.
«No existe una escala de gravedad de los delitos de torturas, tratos inhumanos o degradantes; o es trato degradante o no lo es, y, en todo caso, a la hora de delimitar si lo es o no, los jueces deberán seguir el criterio jurisprudencial marcado por el TEDH en sus recientes sentencias para identificar cuando los actos deben ser calificados como tortura o tratos inhumanos o degradantes y por lo tanto quedar fuera del marco objetivo de la amnistía», justifican.
Además, ERC introduce una enmienda que propone que las multas impuestas en aplicación de la conocida como ‘ley mordaza’ deban ser «retornadas». «Se trata de una decisión de naturaleza económica que es perfectamente reversible y que permitirá restituir a la persona o entidad afectada a la situación anterior a la imposición de sanciones», aducen.
