La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, dependiente de la Comisión europea de Justicia, ha decido encargar a las comisiones de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) y Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) que examinen la ley de amnistía y evalúen si respeta las reglas de la Unión Europea y el Estado de derecho.
Durante la reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se debatieron las ocho quejas ciudadanas registradas en la Comisión Europea, presentadas por políticos españoles como Rosa Díez, en nombre de una decena de asociaciones civiles contrarias al proyecto de amnistía para los responsables del procès de Cataluña por entender que es una amenaza para el Estado de derecho en España.
Los eurodiputados del PP, Ciudadanos y Vox intervinieron durante el debate con el objetivo de denunciar lo que califican de «ley diseñada para beneficiar a unos pocos» con las que desde el Gobierno se van a «tapar corruptelas y perpetuar las desigualdades», al tiempo que se ponen en riesgo valores fundamentales del Estado de derecho español.
Frente a estas opiniones, los eurodiputados de PSOE, ERC y BNG denunciaron la «manipulación y politización» por parte de la derecha y extrema derecha con el único objetivo de dañar al Gobierno español.
MONTSERRAT CONFIRMA QUE SE HA LOGRADO EL APOYO PARA QUE TAMBIÉN INTERVENGAN LAS COMISIONES DE LIBERTADES CIVILES Y ECONOMÍA
Dolors Montserrat, la eurodiputada del PP, confirmó que había logrado el apoyo necesario para solicitar al grupo de trabajo sobre Estado de derecho de la Comisión de Libertades Civiles una «opinión» sobre la ley de amnistía, además de un informe a la Comisión de Asuntos Económicos, ya que algunos de los delitos que se pretenden perdonar con la amnistía tienen que ver con «corrupción y malversación».
Tras añadir estos nuevos actores al conflicto para que determinen sobre los efectos de la ley de amnistía, los eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo también han pedido a la Comisión Europea y a las autoridades españolas que informen sobre los avances del proceso, en su tramitación parlamentaria nacional y en su examen comunitario.
Por su parte, la eurodiputada del PP, Rosa Estarás, ha solicitado también que se discuta el envío de una misión europarlamentaria a España para evaluar este expediente, si bien esta posibilidad ha quedado pendiente de aprobación, ya que son los coordinadores los que deciden sobre el viaje de los eurodiputados a los Estados miembro. No obstante, no parece que estos viajes se reanuden hasta después de la celebración de las elecciones europeas, el próximo 9 de junio, para conocer la nueva composición de la Cámara del siguiente mandato.
LA COMISIÓN EUROPEA ESPERARÁ HASTA QUE LA LEY DE AMNISTÍA ESTÉ APROBADA PARA EMITIR SU DICTAMEN
Lo que sí ha quedado claro en la reunión es que la Comisión Europea sigue hablando de la ley de amnistía española. Julien Mousnier, el responsable del departamento sobre Estado de derecho y Derechos Fundamentales, ha asegurado que la Comisión Europea «se toma muy en serio» el examen de la ley de amnistía. Pero ha advertido que no concluirá su evaluación mientras la futura norma se encuentre en trámite parlamentario. O lo que es lo mismo hasta que la ley no esté aprobada, la institución europea no se pronunciará.
Durante el debate en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se han examinado ocho quejas ciudadanas a la ley de amnistía, entregadas por exdirigentes políticos españoles, como Rosa Díez, en representación de una decena de asociaciones civiles.
«Debemos basarnos en la ley de amnistía ya aprobada, algo que aún no se da»
Mousnier ha dejado claro que para que la Comisión Europea pueda finalizar su evaluación «debemos basarnos en la ley ya aprobada, algo que aún no se da». También ha recordado las palabras del comisario de Justicia, Didier Reynders, sobre que se está siguiendo «con atención» la tramitación de la ley, para concluir que «no tomaré posición mientras continúe el proceso parlamentario en España».
Asimismo, Mousnier ha recalcado que desde el principio del conflicto sobre la ley de amnistía, Bruselas «está en contacto con las autoridades españolas» y que sigue de cerca el proceso legislativo nacional. Y, por tanto, -ha insistido Mousnier- una vez que la norma pactada por el PSOE con ERC y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez adopte su forma definitiva, la Comisión determinará «si cumple» con la legislación europea y los valores fundamentales de la Unión Europea, incluidas «las disposiciones de Derecho penal sobre terrorismo, corrupción y protección de los intereses financieros de la UE».
«Es algo que nos tomamos muy en serio, que seguimos muy de cerca, pero de lo que no tenemos nada que añadir en esta fase», ha concluido Mousnier, al que tras su intervención varios eurodiputados del PP, de Ciudadanos y Vox han reprochado que Bruselas no sea más clara y diga si observa con preocupación o no la situación del Estado de derecho en España.
En cuanto a la situación general sobre la democracia en España, Mousnier se ha limitado a evocar el informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en los 27 en el que, en el caso de España, no se identifican problemas sistémicos, pero se apunta como cuestión urgente a resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
