El comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, recibirá este miércoles en Bruselas al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en la que será la primera reunión de la mediación asumida por Bruselas para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó a finales de 2018.
Desde hace dos años, el Ejecutivo comunitario llama en sus recomendaciones sobre el Estado de derecho en España a renovar con carácter de urgencia el órgano de gobierno de los jueces e, «inmediatamente después», abordar una reforma del sistema de elección de los vocales para alinearlo con los estándares europeos y garantizar así que los jueces son elegidos por sus pares.
Reynders, que ha fijado un plazo de dos meses para lograr «soluciones» en el marco de este «diálogo estructurado», ya ha dejado claro que trasladará al PSOE y al PP que el Ejecutivo comunitario espera que se cumplan los dos elementos recogidos en la recomendación.
«(Pedimos) no sólo recomponerlo sino también reformarlo», resumió el comisario el lunes, en declaraciones a la prensa, recordando que las recomendaciones piden la renovación con urgencia y que se aborde a continuación un proceso de reforma.
El modo en que ordenar este proceso es ya uno de los principales escollos que alejan a PP y PSOE porque los ‘populares’ reclaman que las dos fases vayan de la mano para que se cumpla de manera simultánea la renovación del CGPJ y el cambio del sistema, mientras que los socialistas se aferran a que lo «urgente» es desbloquear los nuevos nombramientos y «más adelante» discutir sobre la segunda etapa.
«Una vez que hayamos renovado el Consejo General de Poder Judicial, que es lo urgente y lo imprescindible para que la justicia funcione, pues a partir de ahí por supuesto que podemos hablar de otros asuntos», dijo Bolaños el pasado viernes desde Bruselas, tras recibir la convocatoria de Reynders.
Ya en diciembre, el comisario apostó por empezar por la renovación porque, según dijo, por su experiencia los procesos de reforma son más largos, pero dejó claro que si las partes planteaban de manera consensuada una alternativa que compaginara los ritmos de la renovación y de la reforma la examinaría igualmente.
EL PP LLEVARÁ LA LEY DE AMNISTÍA A LA REUNIÓN
La reunión se produce un día después de que la proposición de la ley de amnistía no haya logrado los apoyos suficientes para su adopción en el Congreso de los Diputados -por los votos en contra de Junts- y deba ser remitida de nuevo a la comisión de Justicia para reabrir la negociación del texto. Fuentes del PP han avanzado que el vicesecretario de Institucional llevará también esta ley a la reunión en Bruselas.
Tras el debate y votación, el Grupo Popular ha considerado que Bolaños queda «inhabilitado» como ministro por «callar» en el pleno mientras «se insulta a los jueces» desde la bancada de los independentistas.
Los ‘populares’ consideran que ese encuentro en Bruselas con el comisario de Justicia «va del Estado de Derecho» y eso «incluye la amnistía y el terrorismo», han indicado las mismas fuentes, que han garantizado que «la amnistía estará en la reunión».
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ya aseguró este martes que es «obligación» del PP «trasladar a Europa toda la información necesaria para que la Comisión Europea pueda actuar dentro del margen de sus competencias«.
Desde el registro de la proposición de ley en el Congreso, Reynders se ha mantenido en la prudencia alegando que no concluirá su análisis del alcance de la norma hasta que ésta haya concluido su tramitación parlamentaria y adopte por tanto su posición definitiva, aunque ha subrayado que sigue con mucha atención la situación y examinará en detalle si es compatible con el Derecho comunitario.
El comisario solicitó información detallada sobre la propuesta al Gobierno alegando que había recibido muchas muestras de «preocupación» por parte de asociaciones de jueces, políticos y de la sociedad civil, pero ha evitado dar una opinión propia hasta que el proceso acabe y los servicios jurídicos de la Comisión terminen su análisis.
