La investigación del ‘caso Mascarillas’ o ‘caso Koldo‘ apunta a que dos de los empresarios más beneficiados por los 9 contratos que están en tela de juicio y siendo mirados con lupa por la UCO de Guardia Civil obtuvieron una ganancia millonaria con la pandemia del COVID gracias a la intermediación de Koldo García Izaguirre, asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos cuando sucedieron los hechos. Fueron uno con el Ingesa, dos con el Ministerio de Transportes, uno con Interior, otro con Baleares y otros 4 con Canarias, todos bajo la órbita del PSOE de José Luis Ábalos, Fernando Grande-Marlaska, Francina Armengol (Baleares), Víctor Torres (Canarias).
En concreto, el empresario Víctor de Aldama obtuvo un beneficio calculado de 5,5 millones de euros y el empresario Juan Carlos Cueto a quien los investigadores sitúan al frente de la empresa adjudicataria de esos contratos habría ganado 9,6 millones. Todo ello, siempre supuestamente, de haber pagado mordidas a varios intermediarios, amigos y trabajadores. Se calcula que lo que obtuvo Koldo García fueron unos 10 millones de euros.
EL PAPEL DE ALDAMA
La investigación sostiene que Víctor Gonzalo de Aldama «aparece vinculado profesionalmente al grupo Cueto y su participación en los hechos no es casual» y habría sido Aldama quien tras «tener conocimiento de que el MITMA (Ministerio de Transportes) necesitaba adquirir equipos de protección individual y que no disponía de medios humanos y materiales necesarios ni de financiación suficiente para acometer el proyecto en solitario, contacta con soluciones de gestión y con el Grupo Cueto para aprovechar su capacidad y ejecutar el contrato. Por lo que teniendo en cuenta que el denominado Grupo Cueto sería el titular real de Soluciones de Gestión, los contratos objeto de investigación (9) fueron un proyecto conjunto de Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama».
Además, los investigadores apuntalan esta relación porque «una de las sedes de Soluciones de Gestión se ubica en la calle (…) inmueble propiedad de la empresa Inmocue, perteneciente al Grupo Cueto» y añade que «en todas las etapas de actividad de Soluciones de Gestión se encontraron ingresos y pagos dimanantes o dirigidos a este conglomerado empresarial».
Cueto, Rotaeche, Escorial y Sierra participaron en algún momento de la ejecución de los contratos investigados
Las relaciones de personas y empresas entre sí también fueron exhaustivamente investigadas por la UCO de Guardia Civil: «Respecto a sus órganos sociales en el momento de los hechos investigados, cuenta con un administrador único, Purdey Investment, propiedad de José Ángel Escorial Senante y su capital social estaría participado por Erromar Soluciones Digitales, propiedad de Íñigo Rotaeche y Luisa Presa Medina, titular del 0,04% de Soluciones de Gestión. Daniel Sierra Monedero asumiría los cargos de apoderado de la sociedad y en el año 2021 sustituiría al señor Escorial como administrador único. Personas todas ellas vinculadas al Grupo Cueto». La investigación también dice que Cueto, Rotaeche, Escorial y Sierra «participaron en algún momento de la ejecución de los contratos investigados».
COLABORACIÓN EN EL PASADO
Otro dato importante señalado por la Guardia Civil sería que «en el momento de las adjudicaciones objeto de investigación, Soluciones de Gestión, se encuentra en un momento donde sus ingresos/pagos se han visto drásticamente disminuidos».
Además, a colaboración entre Aldama y Cueto no habría sido un hecho puntual, ya que «han tenido proyectos en común en el pasado –sociedad Businesscity– y tras los contratos investigados al menos, a través de dos inversiones diferentes, Telefarmacia y el negocio de las pizarras utilizando para ello las sociedades Brama Capital, Pizarras Santa Bárbara y Comercializadora Pizarras Santa Bárbara. Brama y Pizarra fueron adquiridas por Soluciones de Gestión y posteriormente Aldama adquirió parte de su titularidad». Es más, parece probado que «parte de los fondos públicos investigados fueron invertidos en la puesta en marcha del negocio de las pizarras».
Es más, la instrucción cree que el primer contrato fue una pieza clave para obtener los siguientes. «La elección de Soluciones de Gestión como proveedor de mascarillas por parte de ADIF (ente público dependiente del ministerio de Transportes) estaría ligada al suministro que previamente esta empresa habría realizado a Puertos del Estado». Desde el Ministerio del Interior se tuvo conocimiento «de que el Ministerio de Fomento había logrado acceder a una línea de compra y abastecimiento y, de esta forma, en lo que respecta a parte de los contratos investigados (…)».
BLANQUEO, CORRUPCIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
La persona que facilita a la empresa adjudicataria información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario que se iba a abrir de forma inmediata es Koldo García Izaguirre, cargó público del MITMA desde el 13 de junio de 2018 hasta el 11 de julio de 2021″.
El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional decidió la detención de 20 personas, tras una larga investigación que seguía las presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los Ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias.
También se realizaron 26 registros domiciliarios y en sedes de empresas. La operación de la Guardia Civil bautizada como «Delorme». continúa abierta y afecta a las provincias de Murcia, León, País Vasco, Valencia, Aragón y Extremadura, además de Baleares y Canarias. A siete de los detenidos se les acusa de delitos de corrupción, como tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros.
