Las cesiones de Pedro Sánchez para seguir en La Moncloa ya están pasando factura al PSOE, al menos así lo piensa el Grupo del PP de Cantabria, que ha puesto de relieve las desigualdades en la financiación de la dependencia entre comunidades, especialmente tras los acuerdos de su investidura con el PNV o BNG. Por ello, el diputado Juan José Alonso, ha exigido el mismo trato para Cantabria, puesto que la atención a la dependencia constituye el cuarto pilar de nuestro Estado de Bienestar y un área clave en un escenario de progresivo envejecimiento de la población española y cántabra y de un aumento de la esperanza de vida.
Según el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha distribuido durante la pasada legislatura un total de 2.700 millones de euros a las comunidades autónomas para atención a la dependencia, incrementándola un 150% en los últimos tres años gracias al plan de choque a la dependencia. Pero es obvio, que muchas regiones no están satisfechas. Ahora, la dependencia es un área que debe organizar conjuntamente con las regiones el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de SUMAR.
PROPOSICIÓN NO DE LEY PARA FINANCIAR EL 50%
El PP de Cantabria ha defendido en el pleno del Parlamento una Proposición no de Ley en la que reclama al Gobierno de España que cumpla con la financiación del 50% del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, como establece la ley, y en los mismos términos para todas las comunidades, como ya ha contemplado en los acuerdos de investidura con el PNV y el BNG. Asimismo, le pide garantizar su aportación económica en tiempo y forma para que se puedan prestar estos servicios básicos.
Cabe recordar que el BOE del pasado 19 de julio recogió un decreto que, entre otras medidas, subió las cuantías de las ayudas a la dependencia y las horas de asistencia a domicilio. El Gobierno aumentó las prestaciones máximas teniendo en cuenta criterios de ingresos e impuso, por primera vez, unas cuantías mínimas, aunque son las comunidades autónomas las que deciden la ayuda final.
El 1 de agosto entraron en vigor las nuevas cuantías, que van desde las mínimas de 100 euros al mes en grado I, 150 para grado II y 200 euros para grado III, hasta máximas de 300 a 313,50 en personas dependientes de grado I, de 426,12 a 445,30 en grado II y de 715,07 a 747,25 en grado III. Las que más subieron son las ayudas para cuidadores no profesionales del entorno familiar, que pasan de 153 a 180 (grado I), de 268,79 a 315,90 (grado II) y de 387,64 a 455,50 euros máximos mensuales (grado III).
El portavoz del Grupo Popular, Juan José Alonso, que ha defendido la iniciativa, ha resaltado que 17 años después de su aprobación, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia no se aplica ni se ha desarrollado en todos sus términos porque el Gobierno de España no cumple con el modelo de financiación que establece la propia norma, ya que no aporta al sistema el 50% que le corresponde.
«Esto obliga a que las comunidades autónomas tengan que hacer un mayor esfuerzo presupuestario para atender a cada vez más personas por el progresivo envejecimiento de la población», ha añadido Alonso, que puso como ejemplo que el Estado financió el 19,85% del gasto de Dependencia en Cantabria en el año 2021, el 30,16% en el año 2022 y el 32,56% en 2023. «El resto han tenido que asumirlo los cántabros».
UN MAYOR ESFUERZO PRESUPUESTARUO PARA ATENDER A CADA VEZ MÁS PERSONAS POR EL PROGRESIVO ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
«Existe, por lo tanto, un desequilibrio notable entre las aportaciones del Estado y las de la comunidad autónoma, cuando la ley deja claro que deben financiar el sistema de igual manera, esto es 50% cada una», ha explicado el portavoz popular.
Según el Informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, 45.360 personas fallecieron el pasado año en las listas de espera de la dependencia esperando las prestaciones o servicios del Sistema de la Dependencia.
Cabe indicar que en 2022, ante una mayor aportación estatal (del 33,6%), nueve comunidades autónomas (Catalunya, Cantabria, Asturias, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Murcia) redujeron su propia aportación, de tal modo que, en general, los Gobiernos autonómicos financiaron un 1,27% menos. Destacaron por lo contrario, Baleares y Navarra, que sí aumentaron sus aportaciones.
Los cántabros han contrastado su situación con el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez en sus acuerdos de investidura, con el PNV o el BNG para financiar el 50% del coste de la dependencia y por ello reclama el cumplimiento de la ley en todas las comunidades autónomas, «sin preferencias para los pactos de investidura», en los mismos términos y en el mismo plazo de tiempo que se establece en los pactos con PNV y BNG.
«Una vez más nos vemos obligados a decir que los cántabros no somos ciudadanos de segunda. Nuestras personas mayores y dependientes tienen los mismos derechos que todos los españoles y, por encima de todo, está la igualdad de derechos de todos los españoles», ha subrayado.
CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON TODOS
Y ha insistido en que el Gobierno de Sánchez debe comprometerse a cumplir «en tiempo y forma» con la financiación adecuada y suficiente del sistema de Dependencia de todos los territorios y «no solo con aquellos en los que llega a acuerdos con determinados partidos para poder seguir en La Moncloa».
«El objetivo debe ser, por tanto, cumplir la Ley y llegar a esa proporción del 50% financiado por el Estado y un 50% por parte de los Gobiernos autonómicos, cuestión ésta que no se cumple, ya que los recursos incorporados al Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia del Gobierno no han sido suficientes para solucionar este desequilibrio generado durante años», recalcó Alonso.
Se refiere a cuando en noviembre el Gobierno aprobó la distribución de casi 1.100 millones de euros provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia de la Unión Europea para implementar el plan de choque de la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.
Durante su intervención en el Parlamento, el popular destacó que «la amnistía y los indultos, que ponen en jaque nuestro sistema constitucional son intolerables». Y respecto a la financiación autonómica insistió en que «Cantabria no se puede permitir un paso atrás y debemos remar juntos para que se base en un modelo que garantice el coste efectivo de los servicios».
CANTABRIA ES UNA DE LAS GRANDES OLVIDADAS
El popular aprovechó también la ocasión para reivindicar que «su tierra es una de las grandes olvidadas del Gobierno de España y no podemos tolerar que mientras para Cantabria son todo excusas, problemas y retrasos, para otros territorios es todo lo contrario y se les cede hasta las competencias de Cercanías, ampliamente dotadas».
Alonso comentó que «esta deriva del presidente del Gobierno es intolerable. Y los españoles, por más que haya quien nos quiera convencer de lo contrario, nos damos cuenta y estamos tomando buena nota», poniendo de ejemplo el resultado de las elecciones gallegas.
Por su parte, Pablo Zuloaga, el secretario General del PSOE Cantabria, ha reprochado a PP y Vox de que «nuevo se vuelven a dar la mano, dejando ver sus intenciones de privatizar servicios públicos como la dependencia de Cantabria», al rechazar que ningún empleo público en atención a la dependencia en Cantabria se cubra con empresas privadas, ya que ambos partidos defienden el carácter excepcional de la contratación público-privada en casos cuando no hay personal en la bolsa ordinaria.
