El profesor y abogado zaragozano Ramiro Grau escribió a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para advertirle de irregularidades en la «compra de 13 millones de mascarillas por el ministro Ábalos». Siete meses después, el Secretario General del PP en Madrid, diputado autonómico y senador, Alfonso Serrano, interponía una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por estos hechos.
La carta, a la que ha tenido acceso MONCLOA, está fechada en Zaragoza, el 19 de febrero de 2022 y comienza con un «estimada Isabel». En ella Ramiro Grau comienza explicando que «aunque no tengo el honor de conocerle, le diré que «su» presidente -en referencia a Pablo Casado-, que dispara contra usted, no pide, en cambio, que se investigue la compra de 13 millones de mascarillas por el ministro Ábalos, con la intermediación de una empresa zaragozana, SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS, S. L., que dirige José Ángel Escorial Senante (…)».
La misiva añade la presencia de esta misma empresa en el contrato con el ministerio del Interior y los gobiernos de Baleares y Canarias «obteniendo una facturación de más de 53 millones de euros en 2020… -El año anterior no había facturado nada, y arrastraba pérdidas de más de un millón de euros-».
Grau también remitía a la presidenta Ayuso a su libro «Ábalos, jaque mate», «disponible en Amazon, y del que siento no poder enviarle uno, pero ahora mismo no tengo existencias, y me llevará varios días conseguir que Amazon me envíe más ejemplares» y se despedía con un castizo «suerte, y al toro».
«Me contestaron al mail diciéndome que estudiarían mi denuncia y tomarían cartas en el asunto y vaya si lo hicieron», recuerda Grau para MONCLOA. El letrado se encuentra estos días desbordado y abrumado ante las peticiones de entrevistas después de que este medio publicase la historia de su denuncia contra el exministro Ábalos ante el Tribunal Supremo.
GRAU Y SU DENUNCIA ARCHIVADA POR EL CASO KOLDO
La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo inadmitió en marzo de 2021 esta denuncia contra José Luis Ábalos con los mismos datos que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción tras una amplia investigación de la UCO de Guardia Civil. Ramiro Grau acudió entonces ante el Alto Tribunal porque el ministro Ábalos era aforado. La denuncia fue presentada en noviembre de 2020, pero hasta marzo de 2021 el Supremo no se pronunció desfavorablemente y en febrero de 2022 Grau escribió a la presidenta Ayuso. También dice que envió hasta seis correos a Pedro Sánchez pero ni siquiera fueron contestados.
Pero quien sí contestó fue la Fiscalía Europea que confirmó a Ramiro Grau que su denuncia había sido incorporada a las diligencias 10/22 de la Fiscalía Anticorrupción que han acabado en el procedimiento penal contra la trama Koldo de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, ahora aquellos mismos contratos han acabado con la imputación y detención de Koldo García Izaguirre, ex asesor y mano derecha de Ábalos durante su etapa en el Ministerio y de otra seis personas, entre ellas su pareja sentimental.
GRAU SEÑALÓ A ÁBALOS EN EL CASO KOLDO
La denuncia de Grau iba directamente contra el ministro Ábalos por considerarle responsable último de la compra de 5 millones de mascarillas FFP2 por 12,5 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, entonces una pyme con sede en Zaragoza, mismo lugar de residencia de Ramiro Grau.
La compra de este primer lote de mascarillas fue realizada por el procedimiento de urgencia sin que saliera a concurso público, en los peores momentos de la pandemia, y se hizo a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en el mes de abril de 2020. Algunos meses después se conoció que este cargamento contenía alguna partida defectuosa, en concreto de las 7.500 mascarillas enviadas a Salvamento Marítimo (Sasemar) 5.300 eran defectuosas.
Toda aquella información fue recabada por el abogado zaragozano Ramiro Grau, que firmó la denuncia contra Ábalos ante el Tribunal Supremo. Cuando Grau solicitó a través del Portal de Transparencia del Estado información sobre las mascarillas defectuosas la respuesta de Adif fue que «esta queja se trasladó desde Adif a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, quien se encargó de reponer las 5.300 mascarillas y de retirar las defectuosas».
El segundo contrato denunciado ante el Supremo por Grau fue el que concedió Puertos del Estado a esta misma empresa. Puertos del Estado, también dependiente del Ministerio de Transportes, encargó ocho millones de mascarillas por valor de 24,2 millones de euros. La denuncia ante el Supremo cayó entonces en el olvido hasta la denuncia del PP madrileño.
