Los alcaldes del PP de Castilla-La Mancha han criticado este lunes el canon del agua que va a poner en marcha el Gobierno regional para asegurar que desde el Ejecutivo castellanomanchego «se aseguran el cobro y dejan a los ayuntamientos desprotegidos».
Así lo han indicado en rueda de prensa el senador y vicesecretario del área de Territorial del PP, Israel Pérez, y el presidente del Comité de alcaldes del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Blanco.
«El Gobierno de Page se ha propuesto hacer la legislatura de los impuestos ambientales», ha dicho Pérez, para agregar que «al de los vertederos y plásticos hay que sumar ahora el canon de aducción y depuración y el canon Directiva Marco del Agua, el impuestazo de Page con el que recaudarán 38.290.600 euros».
Pérez ha destacado que este impuesto directo lo pagarán las familias, las empresas y los ayuntamientos, lo que supone alrededor de 20 euros por persona al año. «Un atropello en materia fiscal que se une a su tenacidad para no deflactar el IRPF y lo han vestido como de obligado cumplimiento, derivado de una directiva europea de año 2000, 24 años después».
Asimismo, Pérez ha recordado que otras comunidades vecinas como Madrid o Castilla y León no lo han establecido, pero Castilla-La Mancha, una vez pasadas las elecciones, quieren implantarlo. «Page suspendió su aplicación en 2022 en vísperas electorales y ahora cree que es el mejor momento de aplicarlo cuando las familias no llegan a final de mes».
«Me parece demencial. Este nuevo canon no sirve nada más que para recaudar, ya que no cumplen con el principio de inversiones en agua y redes, que reflejan los presupuestos regionales de las Cortes».
Además, ha añadido el senador, son los ayuntamientos los que tienen que gestionar y cobrar a sus vecinos. «La parte más débil de la cadena institucional asume toda la carga y responsabilidad. Ellos se aseguran el cobro y dejan a los Ayuntamientos y vecinos desprotegidos. «.
Por otro lado, Israel Pérez ha afirmado que no se trata de una carga fiscal pequeña como asegura el Ejecutivo regional ya que para una familia supondrá unos 96 euros al año, para una peluquería 232 euros al año o para una bodega uno 1965 euros al año.
«Page y los suyos no pueden asfixiar más a las familias de Castilla-La Mancha con más impuestos y que encima seamos los Ayuntamientos los que tengamos que soportar dicha gestión y recaudación porque, además, con ese nuevo impuesto ni aporta, ni genera un m3 más de agua ni en cantidad ni en calidad».
Desde el PP de Castilla-La Mancha, han defendido que lucharán para que no se aplique dicho nuevo impuesto del agua y han pedido al Gobierno regional parar «este sinsentido», porque si no para esta ley de aguas, «ahogará a los castellanomanchegos con nuevos impuestos».
«AHOGAR A LOS VECINOS DE LA REGIÓN»
Por su parte, Fran Blanco ha censurado el «nuevo impuestazo» que el PSOE quiere implantar en Castilla-La Mancha, con el que quiere «ahogar a los vecinos de la región», que cuentan, además, con unos niveles de inflación «altos» que se sumarían a este nuevo canon.
Según ha incidido Blanco, este nuevo impuesto se «va a exigir para todo tipo de usos y consumos», así como para vertidos en la red pública. Además, se va a exigir cuando «no se consuma agua», ya que cuenta con una parte fija y una parte variable, porque «se va a pagar si o si se consuma o no agua».
El presidente del Comité de alcaldes del PP de Castilla-La Mancha ha añadido que se pagará incluso «cuando el agua proceda de captaciones propias» y los ayuntamientos tendrán que pagar «también por las pérdidas de agua».
Algo que, a juicio de Blanco, resulta «curioso» cuando la gestión y la recaudación corresponde a la Agencia del Agua, presidida por el PSOE, que es la que lo tendría que gestionar, pero «encarga esta tarea a los ayuntamientos de la región» porque, una vez más, Page nos acostumbra al «yo invito, tú pagas».
Por último, Fran Blanco ha señalado que mientras otras regiones, como la Comunidad de Madrid, suprimen los tributos propios, Castilla-La Mancha «los crea nuevos». «La subida de impuestos va en el ADN del PSOE», ya que este nuevo impuesto «es un ataque a los bolsillos de los castellanomanchegos».
