El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este martes que a partir de 2030 se imponga el objetivo de cero emisiones a todos los edificios de nueva construcción, un reto de neutralidad en emisiones que se exigirá al conjunto del parque inmobiliario en 2050.
Los eurodiputados han adoptado la revisión de la directiva comunitaria sobre eficiencia energética en el sector de la construcción con 370 votos a favor, 199 en contra y 46 abstenciones, aunque el texto todavía debe ser formalmente respaldado por el Consejo antes de convertirse en ley.
Este plan, que ya fue acordado por la Eurocámara y los Veintisiete en diciembre de 2023, pretende reducir progresivamente el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la construcción hasta hacerlo climáticamente neutro en 2050.
Los nuevos edificios ocupados o propiedad de autoridades públicas deberán tener cero emisiones a partir de 2028 y, al realizar los cálculos, los Estados miembro tendrán en cuenta el potencial de calentamiento global del ciclo de vida de un edificio, incluida la producción y eliminación de los productos de construcción utilizados.
Para ello, los Veintisiete y la Eurocámara acordaron una ‘hoja de ruta’ que obligará a los Estados miembro a contar con planes nacionales para reducir el uso de energía primaria de los edificios residenciales en un 16% a más tardar en 2030 y en un 20 o 22% para 2035.
Según la nueva directiva, los países de la UE tendrán que renovar el 16% de los edificios no residenciales con peor desempeño para 2030 y, para 2033, el 26%, mediante requisitos mínimos de eficiencia energética.
Si resulta técnica y económicamente adecuado, los Estados miembro también deberán implementar instalaciones solares progresivamente en edificios públicos y no residenciales, dependiendo de su tamaño, y en todos los edificios residenciales nuevos a partir de 2030.
Los gobiernos deben definir, además, cómo adoptarán medidas para descarbonizar los sistemas de calefacción, con vistas a eliminar gradualmente los combustibles fósiles en calefacción y refrigeración en 2040, mientras que las subvenciones a las calderas independientes de combustibles fósiles estarán prohibidas a partir de 2025.
Los incentivos financieros seguirán siendo posibles para sistemas de calefacción híbridos que utilicen una parte considerable de energía renovable, como los que combinan una caldera con una instalación solar térmica o una bomba de calor.
No obstante, quedarán exentos de la aplicación de la directiva los edificios agrícolas y patrimoniales, mientras que los países de la UE podrán decidir excluir también los edificios protegidos por su especial mérito arquitectónico o histórico, los edificios temporales y las iglesias y lugares de culto.
