El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha admitido que la institución ha recibido algunas quejas relativas a la Ley de Amnistía, pero ha dejado claro que no se pronunciará sobre la misma mientras no esté definitivamente aprobada, pues subraya que no puede ni debe «hacer incidencia política» durante la tramitación de una norma.
Así se ha pronunciado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras entregar a su presidenta, la socialista Francina Armengol, la memoria de la institución correspondiente a 2023.
Gabilondo ha reseñado que les han llegado quejas sobre la amnistía a los encausados por el procés y también sobre los pactos con formaciones independentistas suscritos para garantizar la investidura del presidente Pedro Sánchez.
«Sería injusto decir que algunos ciudadanos nos escriben para desahogarse», ha comentado, detallando que los autores de esas quejas expresan su «disconformidad social, política» o incluso «emocional» con esta medida de gracia. «Unos argumentan más y otros menos, pero tienen cariz político, que es muy respetable, pero nosotros no podemos dirimir sobre posiciones políticas», ha apuntado.
LES EXPLICAN POR QUÉ NO LAS ACEPTAN
Eso sí, ha remarcado que a estas personas no les da un «portazo», sino que se les contesta explicándoles los motivos por los que sus quejas no pueden ser aceptadas.
También ha mencionado que ha escuchado anuncios de personas que quieren que el Defensor recurra la norma ante el Tribunal Constitucional. Así lo han hecho, por ejemplo, una asociación llamada Impulso Ciudadano y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria.
En cualquier caso, Gabilondo ha incidido en que la Defensoría «no puede ni debe» pronunciarse sobre una norma que aún no ha finalizado su tramitación parlamentaria, porque «no puede ni debe intervenir ni interferir en los procesos de elaboración de las leyes».
Gabilondo ha citado a Joaquín Ruiz Giménez, primer Defensor del Pueblo, que, según ha explicado, en 1983 ya «sentó las bases sobre cómo debe actuar la institución ante una iniciativa legislativa».
«La institución trabaja sin interferir en los cauces institucionales por donde se deben canalizar las discrepancias ni en la órbita legítima de actuación de los poderes que la Constitución regula. Procura no interferir en las normas legales mientras estudian y debaten en las Cortes Generales», ha enfatizado, suscribiendo la cita.
FALTA DE SANITARIOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
También ha alertado del riesgo que conlleva la falta de sanitarios en los centros penitenciarios y ha recordado que la contratación de los mismos es competencia de Comunidades Autónomas, a pesar de que actualmente solo lo estén cumpliendo Cataluña, Navarra y el País Vasco.
Durante la rueda de prensa posterior a la presentación del informe del año 2023 en el Congreso, le han preguntado por las movilizaciones que están teniendo lugar desde los numerosos sectores del personal penitenciario por la falta de personal, especialmente del ámbito sanitario.
Gabilondo, por su parte, ha reconocido esa falta de personal existente, en especial de personal sanitario, y tras recalcar que su institución no ejerce un servicio de «inspección», sino de «prevención», ha advertido: «Que no haya personal suficiente previene mal que las cosas sigan así y que no pueda darse atención a cualquier situación que pueda producirse».
SOLO CUMPLEN 3 DE 17 CC.AA
A su juicio, es un deber que haya más personal sanitario y más personal especializado porque esta ausencia es «el talón de Aquiles» del sistema penitenciario, aunque reconoce que es «muy fácil» decirlo y realmente habría que «preguntar cuántos desean trabajar» en una prisión.
Sin embargo, también ha querido recordar que la labor de gestionar el personal sanitario de los centros penitenciarios, según la ley, corresponde a las Comunidades Autónomas, y «resulta que esta ley no se está cumpliendo muy bien».
Según ha explicado Gabilondo, actualmente solo algunas comunidades se han hecho cargo de la contratación de sanitarios en las cárceles, concretamente Cataluña, Navarra y País Vasco, en el resto de comunidades es el Ministerio del Interior el que se hace cargo de este servicio.
