Unidas Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que las personas extranjeras víctimas de trata de seres humanos tengan derecho a obtener un permiso de residencia y trabajo, «independientemente de su colaboración, de que exista un procedimiento judicial o del resultado de este».
La formación ha presentado una proposición de Ley Orgánica contra la trata de mujeres, niñas y niños, especialmente con fines de explotación sexual para su tramitación en el Pleno del Congreso.
Según se desprende de su exposición de motivos, pretende que esta ley sea un «marco normativo integral» en la lucha contra la trata de mujeres y niñas, especialmente con fines de explotación sexual. «Una norma que mejora la detección y la identificación, obligando a los poderes públicos a ser proactivos y no reactivos en la identificación de las víctimas y creando un marco de protección, recuperación y derechos», asegura para añadir que la reinserción social y laboral, así como el derecho a la educación para las víctimas menores de edad, es uno de los ejes fundamentales que inspiran esta norma.
En este sentido, exige que cualquier acción o iniciativa en el campo de la lucha contra la trata de seres humanos se base en un enfoque de derechos humanos y de género que incluya «la diversidad y la discapacidad». «Esto requiere la integración de una serie de principios rectores, entre ellos: la debida diligencia del Estado, el principio de igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, un abordaje basado en los derechos e intereses superiores de las niñas, niños y adolescentes, y un enfoque inclusivo que permita la participación en la planificación y toma de decisión tanto de las instituciones como de las entidades especializadas», señala.
Asimismo, Podemos explica que la ley prohíbe todo tipo de proxenetismo, incluido el que cuenta con el consentimiento de la víctima. Destaca la desincentivación de la demanda como medida preventiva junto a mecanismos como la persecución del proxenetismo no coactivo y la prohibición del uso de inmuebles destinados a este fin o la prohibición de anuncios y publicidad que promueve la explotación sexual.
El pasado 8 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la Ley Orgánica Integral contra la Trata que quedó pendiente la pasada legislatura en su misma redacción. En el 2022, cuando se aprobó el anteproyecto de ley, fuentes de Igualdad, dirigido entonces por Irene Montero, advertían de que no había acuerdo para establecer a partir de qué momento las mujeres en situación irregular podían tener permiso de residencia y trabajo, mientras que otras fuentes del Gobierno aclaraban a Europa Press que los derechos de las víctimas de trata no estaban condicionados a la presentación de ninguna denuncia.
En cualquier caso, el entonces ministerio de Irene Montero exponía que la propuesta era «insuficiente» y que no respondía «a lo demandado por los organismos internaciones o el convenio de Varsovia», así como tampoco a lo planteado por las entidades expertas en atención a víctimas de trata y explotación sexual.
Sobre esta cuestión, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró el pasado 8 de marzo que, una vez que se es consciente de la situación, se establece una acreditación provisional. «Una vez que se libera a esas víctimas, a esas supervivientes, lo que se procede es a una acreditación provisional, que va a permitir que se tenga derecho al permiso de residencia y de trabajo en España, esa es la novedad», recalcó.
