Los pensionistas de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que desarrollará su VI Asamblea a finales de mayo, se han rebelado contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha comparecido por primera vez en esta legislatura ante la Comisión de Defensa del Senado para exponer las líneas generales de la política de su Departamento, y destacar el papel de liderazgo que España asume cada vez más en las misiones internacionales para contribuir a la paz y seguridad, misiones como UNIFIL en Líbano, EUTM Mali, la misión de la OTAN en Irak, la operación marítima ‘Atalanta’ y, en las últimas fechas, la Agrupación Naval Permanente nº1 de la OTAN, bajo el mando de la fragata ‘Juan de Borbón’.
Los pensionistas exigen que no participen soldados españoles en ningún conflicto bélico ni se envíen armas a los Gobiernos de Israel y Ucrania. «Las declaraciones de la ministra Margarita Robles no hacen más que echar gasolina a una Guerra Mundial. ¿En qué están pensando las personas de este Gobierno?, ¿hacia dónde nos quieren llevar?, ¿qué pretenden con esos envíos de armamento?».
LOS PENSIONISTAS CRITICAN QUE HAYA TANTO PRESUPUESTO PARA DEFENSA
Recordemos que recientemente Robles ha dicho que «la amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente». Sobre la transformación y modernización de las Fuerzas Armadas, la ministra de Defensa ha manifestado que «ha sido una prioridad que las Fuerzas Armadas estén dispuestas y preparadas». Con ese objetivo, ha explicado, se han impulsado programas que estaban parados, como las fragatas F-110, el submarino S-80 o el vehículo de combate sobre ruedas 8×8, entre otros, y se han puesto en marcha otros proyectos implicados en programas europeos, como el Futuro Sistema Aéreo de Combate.
«Las declaraciones de la ministra Margarita Robles no hacen más que echar gasolina a una Guerra Mundial»
Sobre el presupuesto en Defensa, que actualmente está en el 1,24% del PIB, y tras conocerse la prórroga de los presupuestos de 2023, la ministra ha lanzado un mensaje de tranquilidad: «Los programas que están en marcha, esenciales para la paz y para nuestras Fuerzas Armadas, para la creación de empleo y la mejora en innovación y tecnología, están garantizados», aunque ya sabemos que los militares lo que demandan es que mejoren sus retribuciones.
COESPE critica que se destinen partidas económicas de millones de euros sin pasar la decisión por el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía de la ciudadanía, en vez de a partidas más necesarias para el conjunto de la población, como sanidad pública, las residencias, educación, etc. «Nuestro Gobierno no piensa que el pueblo español merece seguir viviendo en paz, sí en paz», critica el colectivo de los pensionistas, que se queja de tener que seguir los dictados de la llamada Comunidad Económica Europea y de la OTAN, así como de los lobbies armamentistas.
«No hemos aprendido nada de lo que significa una guerra, las últimas guerras desde la Segunda Guerra Mundial no han traído más que desolación, hambruna, millones de muertos y a pesar de eso volvemos a tropezar en la misma piedra, mientras una minoría saca su rentabilidad económica. No podemos olvidar que detrás de los conflictos bélicos siempre hay una minoría que se beneficia y el resto de la ciudadanía lo sufren en muertos», reivindica COESPE.
SEGÚN PENSIONISTAS, LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO RETRASARÁ SOLUCIONES
Tampoco están de acuerdo con la ministra Robles en que la prórroga de los presupuestos de 2023 no nos vaya a afectar, pues «van a seguir retardando la adopción de soluciones a las demandas que desde distintos sectores los movimientos sociales y la ciudadanía estamos reivindicando», afirman fuentes de COESPE.
Concretamente, «a los pensionistas esta situación nos retrasa la posibilidad de que el Gobierno ponga en marcha una serie de medidas económicas, sociales y políticas que venimos exigiendo. Puede poner en cuestión algunas de las subidas previstas y va a seguir perpetuando la enorme brecha de género que afecta fundamentalmente a las mujeres y a las pensiones mínimas contributivas o no», matizan.
Sin embargo, esa prórroga presupuestaria no impide -asegura COESPE- que se sigan desarrollando en los Convenios Colectivos cláusulas de privatización de las pensiones bajo el equívoco epígrafe de ‘Planes de empleo’. «Con el silencio cómplice de las estructuras sindicales negociadoras de esos Convenios, se están detrayendo recursos del salario diferido que son las contribuciones empresariales a la Seguridad Social. Cotizaciones que van a ir a fondos privados de pensiones que se están demostrando ruinosos en España y todo el mundo».
COESPE apunta que este año el IBEX ha tenido un récord de reparto de beneficios, mientras que los salarios crecen por debajo de la inflación, es decir se reducen en términos reales. «Mientras que los impuestos recaudados proceden cada vez, en una mayor parte, del consumo de la ciudadanía (IVA) y menos de los beneficios de las grandes empresas del país. Los más ricos ganan más dinero, pero contribuyen cada vez menos al presupuesto común ante la atonía o indiferencia de nuestros representantes políticos, que dejan para otra legislatura los ajustes de la carga impositiva».
PENSIONISTAS LAMENTAN QUE LOS POLÍTICOS CADA VEZ SE ALEJEN MÁS DE LA CIUDADANÍA
También observan con preocupación que los intereses de los grupos parlamentarios, salvo alguna excepción, cada vez se alejan más de los intereses generales de la ciudadanía. «Hay una creciente percepción de que nuestras instituciones y representantes no dan solución a las necesidades más claras y concretas de la gente: sanidad, educación, pensiones públicas, condiciones decentes de trabajo, protección del derecho a la vivienda, etc. En cambio, desde todas las instituciones, desde la judicatura al Parlamento, se erosionan cada vez con más energía los derechos de manifestación y expresión».
Por ello, exigen al Gobierno de Pedro Sánchez, a la ministra Elma Saiz, una auditoría de la Seguridad Social y reclaman que las pensiones públicas mínimas se equiparen con el salario mínimo y con el 60% del salario medio, según la Carta Social Europea, con medidas concretas para erradicar la brecha de género salarial y de pensiones.
