El PSOE y el PP han pedido que las empresas públicas detallen en los contratos de alta dirección los pagos que realizan en especie y, por tanto, exentos de gravamen, después de que el Tribunal de Cuentas detectara que parte del sector público empresarial recurre a este tipo de retribuciones.
En un informe correspondiente al ejercicio 2018, el fiscalizador detalló que miembros de las cúpulas de Enaire, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Tragsa y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) percibían esos pagos flexibles o en especie, a través de seguros médicos o vales de comida.
A tenor de esta advertencia, publicada en un informe que el órgano fiscalizador ya presentó a las Cortes, tanto PSOE como PP han registrado sendas propuestas de resolución para que las empresas del sector público que aplican este tipo de retribuciones «recojan en los contratos de alta dirección estas modalidades retributivas, sus conceptos e importes y que las incluyan en la información que se remite para el registro del personal directivo del sector público».
TAMBIÉN PIDEN MEDIDAS PARA LOS PRESIDENTES EJECUTIVOS
En sus propuestas, PP y PSOE plantean también que se limite la concentración de delegaciones de voto en los presidentes ejecutivos, al objeto de evitar el desequilibrio que puede generar el fortalecimiento de la posición de estos, más allá de las funciones que tienen encomendadas por delegación del consejo de administración.
Otro punto en el que los dos mayores partidos de España coinciden es en instar al CDTI a modificar su reglamento para que cumpla la legislación en lo relativo al número máximo de miembros del consejo de administración.
VOX QUIERE ANALIZAR LOS SUELDOS EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Vox también ha presentado propuestas de resolución, en su caso con el objetivo de que los ceses del personal directivo en las empresas públicas fiscalizadas se acompañen de una motivación que los justifique, y de que respete el plazo de preaviso estipulado en los contratos mercantiles y de alta dirección, para evitar el abono de la indemnización derivada de su incumplimiento.
Los de Santiago Abascal también proponen que las empresas públicas realicen una valoración del desempeño de los puestos existentes y de optimización del número de personal directivo en la dirección antes de contratar o designar nuevos miembros, así como que analicen los salarios de los directivos en función de su experiencia y cualificación profesional.
