El Gobierno ha destacado que algunos estudios indican que la creciente importancia de determinados sectores económicos, como la construcción y el turismo, guarda relación con una prevalencia elevada del abandono escolar temprano en toda España y, especialmente, en las regiones mediterráneas.
Así lo ha reflejado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados, tras ser preguntado por el Grupo Parlamentario Popular por los factores que determinan las diferencias regionales en la tasa de abandono escolar temprano.
En este contexto, justifica que los motivos económicos, ya sea por la necesidad de buscar un trabajo o por otras necesidades familiares, «son los factores que con más frecuencia obligan a los jóvenes a abandonar la educación».
La Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado 26 de enero, sitúa el abandono educativo temprano en 2023 en el 13,6% de las personas de 18 a 24 años que no había completado la segunda etapa de Educación Secundaria (Formación Profesional de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y no seguía ningún tipo de formación. El año anterior ese dato fue del 13,9 por ciento, por lo que bajó tres décimas respecto a 2022.
EL ABANDONO ESCOLAR EN EL MEDITERRÁNEO
Comparado con hace una década, el porcentaje de abandono ha bajado diez puntos, pasando del 23,6% en 2013 al 13,6% actual, aunque la tasa de abandono escolar temprano de España se mantiene cuatro puntos por encima de la media de la Unión Europea.
El Gobierno asegura que el diseño y aplicación de un nuevo currículo competencial derivado de la LOMLOE, en las etapas de Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y la regulación de una ordenación académica inclusiva, promoviendo el aprendizaje integral mediante metodologías activas y colaborativas, «van a contribuir, entre otros, a la reducción del abandono escolar temprano«.
La LOMLOE ha introducido otras actuaciones y medidas para paliar la repetición y el abandono escolar, como reforzar el carácter excepcional de la permanencia en el mismo curso en la enseñanza obligatoria; o establecer las condiciones en las que se ofertarán los programas de diversificación curricular, que tienen por objetivo luchar contra el abandono escolar y mejorar los resultados educativos.
La ley educativa también recoge garantizar el derecho a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por parte del alumnado con dificultades relevantes de aprendizaje, a través de la regulación de programas de diversificación curricular y de los Ciclos Formativos de Grado Básico; o emitir un consejo orientador individualizado al finalizar el segundo y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
A su vez, el Gobierno defiende que la nueva Ley de Formación Profesional pretende convertir el sistema de FP «en un sistema único que facilite el acceso a un empleo de calidad para los jóvenes y que sea capaz de responder con flexibilidad a los intereses, las expectativas y las aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida y a las demandas de los sectores productivos». Además, se impulsa la orientación educativa y profesional de los estudiantes.
«Este nuevo marco legislativo favorecerá la reducción de la tasa de abandono escolar temprano y la reducción de la población con estudios básicos, además de la mejora de la cualificación de los jóvenes», concluye el Ejecutivo en su respuesta registrada en la Cámara Baja.
