Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación en Andalucía (CSIF, ANPE, Ustea, CCOO y UGT) se concentrarán este próximo miércoles, a las 12,00 horas, a las puertas de la sede de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para exigir que se «retome el diálogo y la negociación» para incrementar las plantillas docentes en la comunidad autonóma, una «necesidad» que las organizaciones sindicales consideran «urgentísima» para «avanzar en medidas que refuercen el sistema educativo público andaluz y dignifiquen la labor del profesorado».
Desde la Consejería han recordado que en los últimos cinco años se han firmado diez acuerdos con los representantes sindicales de la educación pública de Andalucía que han permitido mejorar las condiciones laborales de los docentes, entre ellos, el acuerdo de equiparación salarial con la media nacional y que Andalucía disponga de la plantilla docente pública más amplia de la historia (108.000) tras incorporar cerca de 7.000 maestros y profesores desde 2019 a pesar de contar con 90.000 alumnos menos por el descenso de la natalidad.
La de este miércoles es la segunda de las movilizaciones que protagonizan los cincos sindicatos antes reseñados. La primera tuvo lugar el pasado 17 de abril en todas las capitales de provincia, excepto en Sevilla –era Feria de Abril–, y en ella los sindicatos criticaron «la ruptura de las negociaciones por parte de la Administración después de meses de pocos avances y continuas dilaciones y cortapisas». «Con estas movilizaciones, exigimos la reanudación de las conversaciones y el cambio de actitud de la Consejería», apuntaron.
Con estas protestas, los sindicatos reclaman a la Junta que «rectifique y retome el diálogo con la representación del profesorado, para avanzar hacia un modelo educativo público de calidad e inclusivo, en el que sus profesionales vean reconocido su trabajo con una mejora de condiciones laborales». Andalucía tiene transferidas muchas competencias, también las de educación, y el Estatuto de Autonomía recoge el derecho y el deber de las instituciones andaluzas de ejercer sus competencias para ponerlas al servicio de la ciudadanía».
«Por lo tanto, no existen excusas para la ruptura de las negociaciones y la decisión de la Administración solo responde a la falta de voluntad política del gobierno de la Junta para afrontar una mejora del sistema público que no puede esperar», argumentan. En concreto, exigen al Gobierno andaluz «que asuma su responsabilidad sin escudarse en un contexto estatal, que no es ni puede ser un obstáculo para la defensa de la educación pública», al tiempo que reivindican «una mejora de las condiciones laborales, pero también y sobre todo, exigimos una serie de medidas que garanticen una Educación Pública de máxima calidad como la que Andalucía merece».
Entre las medidas incluidas en el manifiesto, los sindicatos apuntan a una bajada de la ratio en todos los niveles y enseñanzas; «terminar» con la política de supresión de aulas, que «está suponiendo un enorme perjuicio a los centros educativos y a la labor que desarrollan»; una «mejora de la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable; «reducción» del horario lectivo docente para «poder realizar la labor de planificación y coordinación, sin que esto suponga el sacrificio de nuestra vida personal»; y la «reducción de la carga burocrática».
«No existen excusas para la ruptura de las negociaciones y la decisión de la Administración sólo responde a la falta de voluntad política del Gobierno de la Junta para afrontar una mejora del sistema público que no puede esperar», sostienen. La Consejería ha explicado en la Mesa Sectorial que en estos momentos existe un escenario de «absoluta incertidumbre de financiación» porque el Gobierno de España no va a aprobar nuevos presupuestos, lo que «impide seguir avanzando en algunos temas con objetivos compartidos para poder reforzar el sistema».
Mientras ese escenario «se despeja», la Consejería va a «seguir trabajando» con los sindicatos en otros aspectos tanto para la mejora de las condiciones laborales del profesorado como en la ampliación de plantilla docente en las zonas más vulnerables y de transformación social de Andalucía. La Consejería ha sostenido que Andalucía tiene «un problema estructural de financiación» porque recibe 1.500 millones menos de lo que le corresponde del Estado, lo que «repercute en la financiación de los servicios públicos». En todo caso, «seguiremos trabajando con los sindicatos sobre todas las medidas que tenemos encima de la mesa».
En este punto, ha recordado que con 90.000 alumnos menos por la bajada de la natalidad y 7.000 docentes más gracias a los acuerdos con los sindicatos, «las ratios han ido bajando de forma progresiva en los últimos cinco cursos». Así, en Infantil y Primaria casi el 44% de las aulas tienen menos de 20 alumnos, «sin contar con las aulas rurales». El 93% cuenta con menos de 25 alumnos; en Secundaria, el 92% está por debajo del límite de 30 alumnos, según datos aportados por esta Consejería en el Parlamento.
«La intención de esta Consejería es seguir reforzando el sistema una vez se despeje el condicionante de la financiación por parte del Estado. Entonces podremos trabajar con los sindicatos sobre qué zonas son prioritarias y dónde es necesario reforzar las plantillas, con criterios técnicos y de eficiencia educativa. En otros aspectos, las negociaciones continúan en las distintas reuniones que se mantienen de forma permanente, caso de los puestos específicos de docentes, las mejoras de las condiciones de los cargos de coordinación docente y la ampliación de plantillas en las zonas vulnerables y de transformación social», apostillan fuentes de la Administración educativa.
